Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados
La Comisión de Comunicaciones y Transportes, presidida por el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), aprobó por mayoría, un dictamen para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como 10 exhortos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Trasportes (SICT) y diversas autoridades del sector.
El dictamen contiene propuestas de diputadas y diputados de Morena, PAN y PRD, para modificar los artículos 8°,17, 20, 55,52 Bis, 55 Bis y 55 Ter de dicha ley, para establecer que, en el caso de los servicios de arrastre, y arrastre y salvamento, los permisos estarán sujetos al apego de los precios máximos publicados por la SICT, el cual deberá contener explícitamente la obligación de no cobrar más que los precios máximos y las sanciones a las que son acreedores los permisionarios.
Se instituye que la Secretaría deberá fijar las tarifas máximas que podrán cobrar los permisionarios de estos servicios, estableciendo el mecanismo para su actualización, salvaguardando la calidad, seguridad y competitividad en los mismos.
Las concesiones y permisos se podrán revocar por la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas. Las tarifas para las maniobras de arrastre y salvamento fuera de la carpeta asfáltica y las especiales serán convenidas entre el usuario y el prestador del servicio, con la opción de seleccionar al prestador autorizado que mejor convenga a sus intereses.
Los permisionarios deberán mostrar en un lugar visible el tabulador que contiene las tarifas autorizadas e informar del costo del banderazo y el cobro por kilómetro recorrido al consumidor, previo a la realización del servicio.
Estas modificaciones legales plantean una serie de medidas para los prestadores de servicios auxiliares al autotransporte federal que estarán sujetos a revocación o suspensión del permiso respectivo, refiere el documento.
Se busca regular que el prestador del servicio público auxiliar de arrastre y salvamento vehicular esté obligado a elaborar un reporte de servicio al concluir las maniobras, cuya copia deberá girar de manera inmediata al propietario del vehículo. Los establecimientos que brinden el servicio público auxiliar de depósito y guarda vehicular, deberán cumplir con los requisitos mínimos de infraestructura y de servicio.
Por otra parte, las y los integrantes de la Comisión acreditaron por mayoría, en todos los casos, diez exhortos. El primero a la SICT, a Caminos y Puentes Federales (Capufe) y a la Guardia Nacional, para hacer efectivo el principio de eficiencia en el uso de las carreteras nacionales, de acuerdo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. La propuesta fue presentada por el diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena).
Otro, para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en coordinación con lo Secretaría de Gobernación, generen acciones para proteger a las infancias en el entorno digital, a fin de evitar que puedan acceder a contenido nocivo para su sano desarrollo. Fue impulsado por la diputada Alma Anahí González Hernández (Morena).
El tercero exhorta a la SICT para que incremente y concesione el uso efectivo y continúo de las estaciones de control de peso, así como la instalación y uso de nuevas tecnologías para el control de velocidad, peso y dimensiones. Este punto de acuerdo fue promovido por la diputada del PAN, Noemí Berenice Luna Ayala.
El siguiente, para que la SICT, a través de Capufe, analice y, en su caso, gestione los trámites necesarios para modernizar las casetas de cobro situadas en el municipio de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El exhorto fue presentado por el diputado Marco Antonio Almendariz Puppo (PAN).
El quinto y el sexto fueron impulsados por el diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (PVEM) con el fin de que la SICT capacite adecuadamente a todos los elementos encargados de monitorear y resguardar la seguridad de los transportistas y particulares en las carreteras y caminos federales.
El séptimo punto de acuerdo exhorta a la SICT a realizar el retiro de la estructura física de la caseta de peaje de El Fortín, Veracruz. Fue promovido por la diputada Martha Rosa Morales Romero (Morena).
El diputado Javier Joaquín López Casarín (PVEM) presentó otro punto de acuerdo para exhortar a la SICT a que implemente campañas educativas y de concientización dirigidas a conductores y al público en general, para enfatizar los riesgos asociados con el uso del celular al conducir, a fin de evitar y prevenir accidentes que pueden resultar en pérdidas humanas y materiales.
El noveno exhorto impulsado por el diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández (PT) a Capufe y a la SICT es para que revisen la concesión del cobro del peaje y el estado en el que se encuentra la carretera premier que comunica a los municipios de Nueva Rosita y Allende, Coahuila.
El último, presentado por el diputado Héctor Israel Castillo Olivares (PAN), está dirigido al gobierno de Nuevo León a fin de que presente una estrategia de exención de cuotas y tarifas de pago de peaje en la autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey.
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