Avalan reformas a la Ley de Pesca para que las sanciones se apliquen conforme al nivel socioeconómico y salario del infractor

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 439 votos, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de imposición de sanciones.
La modificación a la fracción II del artículo 135 de la dicha norma establece que, respecto a la imposición de sanciones por infracciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se tomarán en cuenta las condiciones económicas del infractor, conforme a lo establecido en los “párrafos quinto y sexto” del artículo 21 de la Constitución Política.
Dichos párrafos de la Carta Magna señalan: “Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día”. Asimismo: “Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso”.
El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, refiere que en 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma a la Constitución Política en la que se agregaron nuevos párrafos al artículo 21 y con ello se dejó sin efecto la imposición de multas por parte de la autoridad a jornaleros, obreros y trabajadores asalariados, establecidas en el artículo 135 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Por ello, indica, es necesario realizar la adecuación a dicha norma legal para su correcta aplicación por parte de las autoridades, toda vez que el texto actual genera una laguna jurídica que imposibilita al gobernante a imponer sanciones pertinentes que emanen de la Carta Magna, desprotegiendo, a su vez, a los ciudadanos, ya que no tienen certeza jurídica sobre el cumplimiento de la norma.
La diputada María del Refugio Camarena Jáuregui (PRI) sostuvo que “es nuestra obligación apoyar con todos los medios disponibles a las y los trabajadores del sector pesquero y acuicultor”. Por ello, dijo, este dictamen propone armonizar normativamente la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para que en la imposición de sanciones siempre se tome en cuenta el nivel socioeconómico y el ingreso de quienes sean sujetos de sanciones.
Consideró que “no podemos condenar a los pescadores mexicanos a multas y pagos excesivos; al contrario, el Estado tiene que velar por la protección del bolsillo de las familias pesqueras, porque sin su trabajo en México nos quedaríamos sin comer”.
Resaltó que “sí es posible recuperar un sector olvidado, pero necesitamos estrategias que, más allá de las sanciones, incentiven la producción”. Estimó que “un marco normativo que no tiene congruencia y ni está actualizado, es letra muerta”.
Este dictamen, afirmó, “otorga certeza jurídica y vigencia suficiente para hacer la legislación más completa”. El voto a favor, agregó, “será un compromiso con la vida, la identidad y el trabajo de miles de familias mexicanas que salen cada día enfrentando los peligros del mar para que tengamos comida en la mesa”.