Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados
La Comisión de Vivienda, presidida por la diputada Lilia Aguilar Gil (PT), aprobó con 15 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, su opinión respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, la cual se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
En reunión semipresencial, la diputada Aguilar Gil dijo que están solicitando ampliar los recursos para el Programa de Vivienda Social S177 a fin de otorgar subsidios para la autoproducción de vivienda nueva, mejoramiento o ampliación, en Michoacán, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco, Nuevo León, Yucatán, Chihuahua y Jalisco.
Indicó que es una petición que “hemos estado insistiendo desde hace dos años en la Comisión de Vivienda y que se presentó por los institutos de vivienda; se busca una asignación por 480 millones en un sistema de paripassu, es decir de peso a peso”.
Asimismo, por petición de organizaciones sociales y civiles que participaron en los foros de vivienda realizados en el país, se propone la generación de un Sistema Nacional de Capacitación Permanente para brindar opciones a las familias mediante la autoproducción de vivienda y satisfacer la necesidad habitacional.
Además, precisó, se solicita ampliar la asignación para la certeza jurídica de la tenencia de la tierra por 94 millones de pesos. “Es una petición que nos ha hecho el titular del Registro Agrario Nacional (RAN) dado que tenemos un rezago de la transformación de vivienda o de terrenos rurales a urbanos que requieren de certeza jurídica”.
También, expuso, estamos impactando el Programa para Regularizar Asentamientos Humanos y beneficiar al menos a diez mil familias en condición de rezago social con el otorgamiento de certeza jurídica; se busca ampliar en 76 millones de pesos.
Puntualizó que para el RAN, en el Programa de Modernización Catastral Rural Nacional, con la intención de mejorar la infraestructura tecnológica, ampliar el personal y solventar la presión del gasto que le permita garantizar su operación ordinaria, se busca una ampliación de recursos por 46 millones de pesos.
Igualmente, se plantea una modificación al Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial P05 para mejorar el control documental sobre la propiedad ejidal y comunal con una asignación de 40 millones de pesos, así como el Programa de Regularización del Registro de Actos Jurídicos Agrarios, a fin de ampliar los recursos para contribuir a la acreditación, hasta por 14 millones de pesos.
Por el PAN, el diputado Rodrigo Sánchez Zepeda afirmó que la petición de presupuesto que solicita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es incongruente, porque hay muchísimas necesidades en más de dos mil 300 municipios que están esperando infraestructura y equipamiento, dado que únicamente se ha dirigido el recurso a los que históricamente se habían quedado rezagados.