Al “costal” de la SCJN padrón de usuarios de telefonía móvil

Donde hay apilados más de 21 recursos vs leyes polémicas y absurdas de la 4T: PRD.

La ONU ha rechazado la recolección en masa de información biométrica porque incumple los principios básicos de “necesidad” y “proporcionalidad”, expuso.

Por Ignacio Arellano Mora.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la Cámara de Diputados saludó la decisión del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de sumarse a quienes ya han interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil que entró en vigor el pasado 17 de abril, y exige a los usuarios la entrega de sus datos biométricos.

Tras señalar que la propia ONU ha rechazado la recolección en masa de información biométrica porque incumple los principios básicos de “necesidad” y “proporcionalidad”, el diputado Antonio Ortega Martínez sostuvo que “esta legislación corre el riesgo de ser declarada inconstitucional” porque no es idónea para lo que se argumentó que buscan combatir y que son dos delitos: Secuestro y extorsión.

Llamó “inocente” a la autoridad que ha planteado esta Ley con el argumento de frenar los crímenes anteriormente mencionados, pues dijo que las bandas dedicadas a no se limitarán con los datos que contengan los aparatos pues bastará con la compra de chips y teléfonos celulares en el mercado norteamericano, pasarlos la frontera de modo relativamente fácil y evitar que se les detecte para  continuar con sus actividades ilícitas.

Lo que sí queda claro, aseveró el perredista, es que “se darán miles de amparos en el país, y esta Ley puede ir al costal de la Corte que, de hecho, ya tiene acumulados más de 21 recursos de inconstitucionalidad de ordenanzas igual de polémicas, contradictorias que jurídicamente violentan preceptos constitucionales”.

El perredista aclaró además que, en última instancia, los costos de este nuevo ordenamiento correrán a cargo de los compradores de teléfonos, ya que las empresas deberán adquirir tecnología de última generación para recabar la información que se les exige y, de acuerdo con algunos cálculos, podrían representar el equivalente a los dos mil millones de pesos.

“No serán las empresas quienes paguen estos activos, sino que se tendrán que distribuir y habrá un aumento en el valor de los teléfonos y de los servicios. Y cuántas empresas, a cuáles se les otorgará la autorización para recabar esta información”, enfatizó Ortega.

“Estamos ante una política pública que atenta contra derechos humanos, la privacidad de las personas y pone en riesgo información única y muy delicada… En el mundo -aseveró el legislador- sólo 18 países tienen esta obligación para sus ciudadanos y curiosamente se trata de regímenes con una estructura institucional débil, poco democráticos o, para decirlo con mucha claridad: Regímenes de gobierno autoritarios”.

“Y para quienes incumplan, se habla de multas que pudieran alcanzar decenas de miles de pesos. La más alta es de 89 mil pesos o la cancelación del servicio”, resaltó.

Antonio Ortega Martínez recordó no obstante, el fallido ejercicio del Registro Nacional de Vehículos (RENAVE), durante el mandato de Felipe Calderón, que fue otorgado al argentino nacionalizado mexicano Ricardo Miguel Cavallo, y a quien se imputaron, inicialmente, delitos de: fraude, malversación y venta ilegal de automóviles; pero finalmente (tras una investigación periodística del diario Reforma) fue extraditado por haber sido parte de la última dictadura argentina (acusado de genocidio, tortura y terrorismo).

“Ahorita está en la cárcel, y esa información que se empezó a recabar ¿quién se quedó con ella? ¿Dónde está? Creo que esta es una pésima práctica, un pésimo precedente que viola derechos individuales, de privacidad. El Gobierno podrá intervenir esta información sin orden de un juez; y la protección de datos personales (que es una obligación constitucional) quedará muy debilitada y con muchos riesgos”, recalcó.

“Se corre el riesgo –como lo hemos visto- de que en el mercado negro (Lagunilla, Tepito y otros), se venden los padrones de afiliados al IMSS; al INE; y hasta de instituciones bancarias, y que son prácticamente un desorden que genera muchos riesgos”, concluyó.