Agravarían sanciones por hostigamiento sexual en sector público

Plantean la inhabilitación de quienes declaradas culpables de estas faltas.

Incorporarán perspectiva de género en la atención de denuncias e investigaciones. 

Integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local consideraron viables las iniciativas de las bancadas de Morena y del PVEM, para agravar las sanciones por hostigamiento y acoso sexual en la administración pública y en el entorno educativo y para incorporar la perspectiva de género en la atención de denuncias e investigaciones que se inicien por estas faltas administrativas graves.

Durante la reunión, presidida por el legislador Gerardo Ulloa Pérez (Morena), las comisión acordó que las y los diputados integrantes del órgano legislativo entreguen observaciones al dictamen a más tardar el 14 de febrero para solicitar a la Junta de Coordinación Política se agende una reunión de dictamen.

La diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer (Morena), proponente de una de las iniciativas, recordó que la iniciativa ya integra las observaciones del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) derivadas de diferentes reuniones, así como las aportaciones de las y los legisladores locales.

La iniciativa de la legisladora Mónica Álvarez plantea, entre otros aspectos, la inhabilitación para las personas servidoras públicas que sean declaradas culpables de estas faltas administrativas y fortalece las facultades del TRIJAEM para imponer a las instituciones públicas medidas de no repetición para evitarla continuidad en las violaciones a los derechos humanos.

Por parte de la bancada ecologista, la diputada Claudia Desiree Morales Robledo destacó la relevancia de la iniciativa para sancionar a docentes y personal administrativo que comentan hostigamiento sexual contra estudiantes o compañeros de trabajo. 

Al respecto, el diputado Alfredo Quiroz Fuentes (PRI) reconoció la relevancia de ambas iniciativas que plantean reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y al Código Penal del Estado de México para que se pueda alzar la voz sobre este tipo de conductas en el entorno laboral.