(Especial) Ante diputadas y diputados de la Comisión de Bienestar, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, destacó que 42.8 millones de mexicanas y mexicanos han sido beneficiarios de los programas para el bienestar, lo que significa 10.7 millones de derechohabientes más que en 2025.
En su comparecencia con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, agregó que no hay apoyos duplicados, porque permanentemente se audita el padrón de beneficiarios.
“Es un padrón único, auditable, público, transparente y se puede consultar en la página de la dependencia a quién se benefició y con cuánto. “No hay nada que ocultar; la actualización se hace trimestral”.
Precisó que actualmente el padrón tiene dos auditorías correspondientes al ejercicio fiscal 2025 y las solicitudes de información al momento se están cumplimentando. “No va a haber ningún problema; es un padrón que tiene certidumbre, reúne el registro de las personas derechohabientes que reciben el apoyo, se valida trimestralmente con el RENAPO y con la CURP”.
Subrayó que la política de bienestar está garantizada en el manejo responsable del presupuesto público que es aprobado por la Cámara de Diputados, y “más de un billón de pesos para 2026 están hoy mismo siendo destinados a las necesidades más apremiantes de todas y todos”.
Además, todos los apoyos que se hacen son directos, sin intermediarios, sin condicionamientos, son directamente a la gente. Indicó que se garantiza la imparcialidad de los programas de bienestar cuando se logra que se hagan los que son de manera universal o los que reúnen los requisitos mínimos necesarios.
Informó que la dependencia garantiza que el equipo de los Servidores de la Nación que coordina la dependencia no se involucre en cuestiones electorales.
“Cuando hay una denuncia –agregó– se procede y, en este momento, no tenemos una denuncia. Hay una capacitación permanente y reunión con ellos para hablar de la importancia que tiene dar certidumbre a todo lo que se hace y no vale la pena que alguno se involucre en el proceso electoral, dado que son programas universales”. Y sí hay una relación con la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales.
Destacó que en la revisión de la Cuenta Pública 2024 la Auditoría Superior de la Federación fiscalizó cientos de miles de millones de pesos correspondientes a los programas de la Secretaría de Bienestar, y los montos que fueron necesario aclarar “no son significativos en cuanto al monto, pero sí es importante precisarlos todos. Se determinaron seis acciones por 5 millones de pesos, de los cuales ya se han subsanado 1.5 millones, lo que representa menos del 0.001 por ciento del presupuesto”.
“No hay nada oscuro, no hay malos manejos, nuestro compromiso es la atención de las observaciones y no nos limitamos a observar los casos particulares, sino identificamos las causas y corregimos las diferencias. La fiscalización es fundamental y son derechos y obligaciones las que tenemos”, afirmó.
Comentó que todo lo que se utiliza para apoyo de la gente representa el 98.55 por ciento del presupuesto y el gasto de operación es del 1.4 por ciento. De igual forma, todos los programas de bienestar están sometidos a distintas evaluaciones.
Propuso mesas de trabajo con diputadas y diputados para discutir y revisar dato por dato, pues todo es público, transparente y no se oculta nada, todo es verificable, pues “lo más importante es el manejo correcto de los recursos públicos para el beneficio del pueblo”.
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