Los empresarios de Coparmex, hicieron un llamado al gobierno federal de México, e indicaron que la lucha contra el cambio climático fue el centro de la discusión en la Cumbre de líderes sobre el clima convocada por el presidente norteamericano Joe Biden, el nuevo y ambicioso objetivo propuesto es:
Recortar “a la mitad” las emisiones de efecto invernadero del país para 2030 con respecto a los niveles de 2005. Esto significa reducir de manera drástica el uso de la energía de fuentes fósiles y optar por energías renovables. Cambiar la matriz energética favoreciendo a las energías renovables en el fondo significa el derecho a nuestra salud, a un medio ambiente sano y a un aire limpio.
Manifestaron que el ejecutivo federal “debe dar un golpe de timón”, es un contrasentido que mientras en el mundo se apuesta de forma decidida por las energías renovables, en México se pretenda priorizar el uso del carbón y el combustóleo.
Reiteraron que de la misma manera se debe evitar que la política social que podría ser empleada para generar bienestar y una mejora ambiental se convierta en una promotoría para la devastación.
El medio ambiente y la salud de los mexicanos no pueden esperar. En Coparmex urgimos al gobierno a transformar el programa Sembrando Vida, para que realmente proteja y cuide el medio ambiente y fomente el desarrollo de las familias y las comunidades.
Comentaron que la generación de empleos verdes puede ser un pilar para la reactivación económica y para la recuperación tras la caída en el ingreso delas familias que debemos aprovechar, México cuenta con las condiciones climáticas geográficas y geopolíticas para ello.
Insistieron en que “desde el sector empresarial externamos nuestro mayor interés de colaborar con las autoridades en que esta política social sea exitosa por el bien y el futuro de México”.
Entre los objetivos del programa Sembrando Vida, están la generación de empleos, la autosuficiencia alimentaria, la mejora de los ingresos de las y los pobladores, así como la recuperación forestal de un millón de hectáreas en el país.
Explicaron la relevancia para el gobierno federal que, como lo demuestra el Presupuesto de Egresos correspondiente el año 2021, se le asignaron 28 mil 929.9 millones de pesos, lo anterior representa un incremento real del 11.2% con relación al 2020, cuando se le asignaron 25 mil 130.9 millones.
Al hablar de inconsistencias, subrayaron que desde su arranque fue señalado por Coneval de mal enfocado, debido a inconsistencias y ausencia de objetivos bien definidos.
Dijeron que el objetivo principal como está planteado en las Reglas de Operación es “lograr que los sujetos agrarios con ingresos inferiores a la línea de bienestar rural, en localidades rurales, cuenten con ingresos suficientes para hacer productiva la tierra”.
Dado ese objetivo, el programa debería de estar sectorizado a la SEMARNAT y no a la Secretaría del Bienestar, el hecho de que dependa de ésta última le ha dado un sesgo clientelar.
Comentaron que lo más preocupante es que está generando incentivos perversos, ya que se están deforestado miles de hectáreas de bosques y selvas de forma indiscriminada.
Y, según un análisis del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), el programa podría haber incentivado una pérdida de coberturas forestales de 72 mil 830 hectáreas durante el primer año de su operación.
La pérdida se concentra en 22 municipios del país (50 mil 981 hectáreas que representan el 70% de las pérdidas) y en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.
Además, el programa se ha quedado muy corto en el cumplimiento de sus metas, pues solo se han logrado plantar el 14% de los árboles que se tenían planeados para el 2019, y de esos sobrevivió el 7%. Para el año 2020, la cifra de cumplimiento es similar.
Indicaron que otro problema es la falta de información sobre la distribución de los recursos en los municipios; además de que “Sembrando Vida” entrega insumos en especie, la mayoría de sus compras se hacen por adjudicación directa, lo que aunque la legislación lo permite, implica un grave riesgo de corrupción.