(ESPECIAL) Diputadas, diputados, representantes de pueblos indígenas y especialistas indicaron que la reforma al artículo 2º de la Constitución Política debe traducirse en leyes y reglas electorales que aseguren la participación política efectiva de los pueblos originarios y afromexicanos.
Al clausurar el foro “Construyendo una democracia sin discriminación. Los pueblos como sujetos de derechos políticos en el ámbito electoral”, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena) afirmó que la construcción de una democracia libre de discriminación pasa por fortalecer la representación política de los pueblos indígenas y convertir en leyes las propuestas surgidas de los espacios de diálogo.
Señaló que aún existen pendientes legislativos, como la expedición de una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y una Ley General de Consulta, por lo que llamó a aprovechar las consultas que próximamente se realizarán para reglamentar la reforma al artículo 2º constitucional.
Sostuvo que la representación indígena en el Congreso de la Unión continúa siendo insuficiente, pese a que existe el reconocimiento de distritos indígenas y a que, de acuerdo con el último censo, 23.2 por ciento de la población mexicana se autoadscribe como indígena.
“Tendría que haber 100 legisladores mínimamente aquí de los 500 que somos; sin embargo, no lo hay”.
Lamentó que muchas de las personas que llegaron al Congreso bajo acciones afirmativas no impulsen la agenda indígena.
Destacó que ha presentado iniciativas sobre consulta previa, representación política de personas indígenas y participación de las juventudes.
Hizo un llamado a que las propuestas emanadas del foro se traduzcan en reformas legales y en una estrategia conjunta entre comunidades, especialistas y autoridades y planteó la necesidad de garantizar la presencia de personas indígenas en los tres Poderes de la Unión y en dependencias federales donde se toman decisiones que impactan directamente a sus comunidades.
“Tenemos que llegar a hacer propuestas, seguir luchando para posicionar nuestros temas”.
Convocó a construir consensos y llevar las demandas al territorio, así como presentarlas a la Presidencia de la República y a los gobiernos estatales para avanzar hacia una participación política real y efectiva de los pueblos indígenas.
Por su parte, la diputada María del Carmen Nava García (PVEM) abordó las complejidades a las que se tienen que enfrentar por algunos prejuicios que tienen que ver con la apariencia física por el hecho de ser mujer.
Cuestionó cuándo se cerrarán esas brechas de desigualdad con las acciones afirmativas, las cuales “son mecanismos y medidas de nivelación que no van a favorecer a ninguna persona, lo que buscan es cerrar esas brechas de desigualdad que históricamente hay”.
Detalló que cuando se habla de acciones afirmativas se trata de una ventaja que se le da a quien tiene menos, no para favorecerla, sino para nivelar esas desigualdades.
La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT), originaria de la Sierra Mixe de Oaxaca, afirmó que llegó a la Cámara de Diputados gracias a una acción afirmativa, aunque advirtió que estos mecanismos no deben convertirse en una simulación para cumplir con requisitos electorales.
Señaló que su candidatura surgió en un contexto de violencia y amenazas por denunciar agresiones contra mujeres. Indicó que su presencia en el Congreso representa una oportunidad para defender los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.
“No me voy a quedar callada porque necesitamos levantar la voz para que peleen por nuestras garantías y nuestros derechos”
Denunció que incluso al interior del Poder Legislativo persisten prácticas de exclusión hacia las y los representantes indígenas y explicó que, pese a integrar la Comisión de Pueblos Indígenas, no fue convocada a las mesas técnicas para la elaboración de la Ley General derivada de la reforma al artículo 2º constitucional.
Exigió que las voces de todas las comunidades sean consideradas en la construcción de las leyes que las afectan e hizo un llamado a fortalecer las acciones afirmativas de cara al proceso electoral de 2027 para garantizar una representación indígena auténtica y no solo formal, ya que los partidos políticos suelen colocar a personas indígenas en posiciones sin posibilidades reales de acceder a un cargo únicamente para cumplir con la normatividad.
“Que no nos sigan utilizando en las siguientes elecciones del 2027; si nos van a poner en la lista plurinominal, que sea en lugares donde realmente podamos llegar”.
Demandó al Instituto Nacional Electoral y a las fuerzas políticas impulsar mecanismos que aseguren una participación efectiva de los pueblos indígenas.
Griselda Galicia García, representante de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones Indígenas de México (COPIM), anotó que la reforma al artículo 2º constitucional aún deja pendientes fundamentales para garantizar los derechos político-electorales de los pueblos indígenas, de cara al proceso electoral de 2027, en el que se renovarán gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos.
Cuestionó cuántos de esos espacios serán realmente ocupados por representantes indígenas y si su elección responderá a sus propios sistemas normativos o continuará dependiendo de las cuotas de los partidos políticos.
Advirtió que, aunque la reforma constitucional reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, persisten vacíos legislativos en temas como la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
Así como en la regulación de la representación política, por lo que consideró necesario que las acciones afirmativas dejen de depender de la voluntad política o de disposiciones secundarias y queden plenamente garantizadas en el texto constitucional para asegurar una participación efectiva en los procesos electorales.
Llamó a fortalecer la unidad de los pueblos indígenas para exigir el cumplimiento del artículo 2º constitucional y una reforma electoral que reconozca plenamente sus derechos de representación.
