20 años bajo la sombra a responsables de abuso sexual en EdoMex: diputados

Por Gabriel Castillo García

Ante el incremento de 600% en el delito de abuso sexual en los últimos cinco años en contra de la niñez y la adolescencia del Estado de México, el grupo parlamentario del PAN propuso penas de hasta 20 años de cárcel si se hace uso de la violencia física o moral, si es cometido por familiares, por quien tenga la custodia o por quien desempeñe un cargo público o se aproveche del ejercicio de su profesión.

En sesión deliberante, la diputada panista Ingrid Krasopani Schemelensky Castro detalló que la reforma al Código Penal del Estado de México plantea que además de la prisión, familiares o tutores que cometan este delito perderán la patria potestad o la tutela y funcionarios públicos serán destituidos de su cargo o suspendidos por cinco años. También se plantea incluir el pago de la reparación de los daños y perjuicios.

La legisladora explicó que actualmente 17 Códigos penales estatales ya prevén supuestos que incrementan el castigo cuando el delito es cometido por alguna persona que tiene un vínculo familiar o de confianza con la víctima, y ante el número de casos que pasaron de 440 en 2015 a más de 2,800 en 2020, consideró necesario actualizar la legislación estatal para proteger a los menores de edad, favorecer un entorno seguro y protector para su desarrollo integral.

Como parte de la sesión de este jueves, el Pleno legislativo también recibió las propuestas de los grupos parlamentarios del PVEM para incrementar las sanciones por violencia digital y del PRD para brindar legalidad y certeza al Observatorio de Participación Política de las Mujeres.

El diputado José Couttolenc Buentello, coordinador parlamentario del PVEM, explicó que se pretende integrar al catálogo de delitos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México la violencia digital y la mediática, así como la actuación del Ministerio Público en la violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y la comunicación para ordenar la protección necesaria y eliminación inmediata del material.

Propone ampliar las variantes de la violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y la comunicación en el Código Penal y establecer penas de dos a seis años de prisión y multas de 400 a 600 unidades de medida de actualización (UMA) a quien haya obtenido material con contenido sexual y lo comparta sin consentimiento, así como penas de cuatro a ocho años de prisión y de 300 a 500 UMA a quien coaccione, hostigue o exija la elaboración o remisión de imágenes o grabaciones de voz o contenidos sexuales bajo la amenaza de publicar material de la misma naturaleza de la víctima.

Mientras que la iniciativa del grupo parlamentario del PRD busca dar legalidad y certeza jurídica al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, estableciendo un vínculo genuino entre las Instituciones para el desarrollo de medidas a favor de las mujeres.

Para ello, propone la adición del capítulo denominado “Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México” a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México para otorgarle personalidad jurídica, el carácter de creación, así como su integración, objeto y la delimitación de las acciones que emprende el observatorio de manera enunciativa más no limitativa.