Analizan en Foro de Diálogo Nacional las iniciativas de reformas constitucionales para la justicia

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados

En el marco de los “Foros de Diálogo Nacional. Súmate al debate de las reformas por la libertad, el bienestar, la justicia y la democracia”, organizados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputadas, diputados, funcionarios, especialistas y académicos analizaron las iniciativas de reformas constitucionales para la justicia, con los subtemas: austeridad republicana, transparencia y combate a la corrupción, simplificación administrativa, derechos sociales y reforma al Poder Judicial.

La diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena) comentó que con esta reforma el presidente de la República quiere ir realmente al fondo y homologar los procesos de cuidado contra la corrupción. Asimismo, cuestionó cuáles son los datos de la disminución de la corrupción en los municipios.

Por el PAN, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño señaló que la iniciativa en materia de simplificación que pretende eliminar 17 organismos descentralizados es contraria a la protección de los derechos humanos de las personas, los cuales quedan trastocados al afectar a niñas, niños y adolescentes, contribuyentes, al campo, la alimentación, el agua, el combate a la corrupción. “Aunque el argumento es ahorrar recursos, lo cierto es que estos temas no pueden estar por encima de la obligación de las autoridades”.

Lidia Pérez Bárcenas, diputada de Morena, aseguró que no existe un mecanismo de control para que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) rinda cuentas al Congreso de la Unión ni hay una evaluación del resultado de la política en materia de combate a la corrupción, por lo que el proyecto no elimina ninguno de los derechos humanos, de acceso a la información, de transparencia ni mucho menos se va impedir el combate a la corrupción, sino trasladar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública.

El diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara (PAN) dijo que no comparten la visión de desaparecer algunos de los órganos autónomos que no hayan funcionado por un mecanismo previamente preparado para debilitarlo, lo cual es evidente con la reducción de presupuesto o falta de nombramientos para después justificar que no se puede seguir gastando recursos porque no dan resultados.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) mencionó que la propuesta en materia de simplificación es fundamental analizar sobre los resultados que han dado los organismos en cuanto al combate a la corrupción y cómo implementar un sistema nacional que realmente se avoque a esta tarea y abarque todas las entidades públicas. Consideró que la elección de los ministros no puede quedar en manos del Pleno de la Suprema Corte, en caso de que el Senado rechace las ternas

El secretario técnico de la SESNA, Roberto Moreno Herrera, expresó que la Secretaría Ejecutiva no solamente es una instancia que opera en la Administración Pública Federal, sino es del Estado y uno de sus grandes retos es administrar la Plataforma Digital Nacional, la cual debe interconectar a 7 mil 217 órganos internos de control en México y recopila información de los tres órdenes de gobierno, cuestión que la Secretaría de la Función Pública no puede, porque no es autónoma y muchas de sus funciones se vuelcan a la Administración Pública Federal. 

Indicó que los municipios con mayores rezagos son los que más se han interconectado al Sistema. Además, la Secretaría Ejecutiva pesa 90 millones de pesos, que es prácticamente dos centavos de todo el presupuesto de la Administración Pública Federal y genera ahorros por arriba de 4 o 5 mil millones de pesos, debido al desarrollo del mercado digital anticorrupción, por lo que, pasar las funciones de la Secretaría Ejecutiva a la Secretaría de la Función Pública “es echar para atrás ese mercado, cuando el Sistema Nacional Anticorrupción deber ser sistemático”.

El diputado local del Congreso del estado de Chiapas, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena), señaló que el problema de la justicia que no llega debe tratarse de frente, porque buena parte de las y los mexicanos sienten que las instancias judiciales no son confiables en el territorio nacional. “Para muchos connacionales es inútil llevar un problema ante las diversas instancias judiciales porque estas están alejadas de la percepción respecto a la complicada realidad social que nos rodea”.

Comentó que es necesaria una reforma estructural que reconozca al Poder Judicial como aliado de la sociedad para el beneficio del interés general y la garantía de los derechos humanos. También se requiere dar continuidad a la política de transformaciones hacia una sociedad más equitativa, ya que, si hay inequidades, pobreza y marginación, siempre abra espacios amplios para la impunidad.

Vania Pérez Morales, consejera del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), destacó que la iniciativa de simplificación administrativa implica la desaparición de la Comisión Ejecutiva y la desaparición de la facultad del CPC y la SNA para realizar exhortos a las autoridades del Comité Coordinador del Sistema, así como para instar a las instituciones a implementar acciones relativas a la política nacional anticorrupción.

Apuntó que también representa un obstáculo para el ejercicio de las atribuciones conferidas para el Comité de Participación Ciudadana, ya que la eliminación del apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción dejaría al CPC sin herramientas para presentar propuestas que abonen en el control de la corrupción. Además, vulnera el artículo 113 constitucional y los tratados internacionales signados en la materia.

Enrique Barber González de la Vega, maestro en Derecho, afirmó que la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación pretende desmantelar el Sistema Mexicano de Justicia en menos de un año, busca desintegrar los 33 poderes judiciales en menos de 12 meses, deshacerse de todos los ministros, magistrados y jueces federales y locales para sustituirlos por candidatos electos por el voto de los ciudadanos, cuando “ningún Estado en el mundo y ninguna democracia liberal ha adoptado la elección popular directa como métpdo de elección de sus juzgadores constitucionales”. 

La iniciativa, dijo, hace a un lado al Poder Judicial de la Federación como un poder del Estado, autónomo, independiente, imparcial y profesional, y pretende construir un Poder Judicial politizado, representante de las mayorías políticas coyunturales, absolutamente ajeno a la carrera juridicial, cuyos integrantes tendrán un origen político incontrovertiblemente, lo cual sería un contrasentido.

Jorge Humberto Salgado Rabadán, especialista en hidráulica, señaló que el agua es un tema complejo, es trasversal a todas las actividades económicas que existen en el país. Agregó que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) cuenta con más de 50 disciplinas para atender integralmente la problemática hídrica de México y es el centro público de investigación único y referente a nivel Latinoamérica.

“Nosotros hemos insistido, justificado y argumentado por qué debe permanecer el IMTA en las condicionales actuales. Este instituto hace ciencia, desarrolla tecnología y con base en eso realiza proyectos que en un momento dado pudieran tener una respuesta ante una controversia hídrica que pudiera darse en el ámbito nacional”, agregó.

Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, expuso que es fundamental ampliar los requisitos para los aspirantes al cargo de ministras o ministros, que estos no tengan una relación profesional, familiar o política con el Ejecutivo ni que sean militantes de algún partido. Asimismo, pidió que en el proceso de selección se garantice la máxima transparencia, mayor participación ciudadana y la posibilidad de impugnar por la ciudadanía.

Resaltó que no es conveniente la elección popular de las personas juzgadoras, toda vez que hay miedo de que intervengan los grupos del crimen organizado. Apuntó que en un estudio realizado en 19 poderes judiciales se encontró que de 2012 a 2023 han sido asesinadas 17 personas juzgadoras y seis actuarias. Añadió que la reducción presupuestal en materia de seguridad a los juzgadores es un error.

El profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidente fundador de Confianza Ciudadana A.C, Jaime Miguel Moreno Garavilla, expresó que la Constitución no es un mero documento de 136 inscripciones estipuladas por un constituyente, sino que es el instrumento que contiene valores, principios y las máximas aspiraciones de un pueblo. Afirmó que es peligroso que se partidice la impartición de justicia.

Llamó a no tenerle miedo al pueblo, pues puede elegir siempre y cuando se pongan requisitos de elegibilidad claros; por ejemplo, si las y los aspirantes presentan un examen transparente, abierto y público en la Escuela Federal de Educación Judicial, “para que todos nos demos cuenta de que efectivamente saben y están capacitados”.