La Quimera / Celebración 107 de la Constitución de 1917 con amenazante reforma populista y autoritaria

 Política Electoral

Alfonso Alejandro Sánchez

Con un claro protagonismo populista y autoritario el autollamado gobierno de la cuarta transformación, que encabeza el inquilino de Palacio Nacional, olvidó que por encima de la Constitución no puede estar ningún Poder, nada ni nadie, y que cada 5 de febrero las y los mexicanos celebramos el aniversario de la promulgación de la valiosa Constitución de 1917, que marcó un parteaguas en las leyes de nuestra nación.

Habría que recordarles a los morenistas, oportunistas y arribistas que integran el partido guinda y sus aliados, que desde su promulgación, en 1917 hasta el 1 de febrero de 2024, se han aprobado 256 reformas constitucionales mediante las cuales se modificaron en 770 ocasiones diversos artículos, y que no todos los artículos han sido modificados, pues de los 136 que tiene la Carta Magna, 117 han sido objeto de reformas, mientras que 19 se han mantenido sin cambios.

Aunado a ello, según un estudio del Instituto Belisario Domínguez del inconsistente Senado, se han aprobado más reformas constitucionales por la vía del diálogo y la negociación en los congresos sin mayorías, que en los tiempos de partido hegemónico. 

Es decir, durante los últimos 24 años del siglo XX se aprobaron 66 reformas constitucionales, prácticamente con los votos de una sola fuerza política; mientras que en los primeros 24 años del siglo XXI) se han aprobado 106 con el concurso y acuerdo de las distintas fuerzas políticas, de ellas, 56 fueron propuestas del actual gobierno de la 4T.

Y que en lo que va de esta administración populista, con corte al 1 de febrero de 2024, el mandatario de las mañaneras ha enviado 10 iniciativas de reforma constitucional al Congreso, de las cuales cinco han sido aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

Así, las tasas de aprobación de las iniciativas de reforma constitucional enviadas al Congreso, según el estudio del IBD, por los últimos cuatro presidentes de la República han sido las siguientes: Vicente Fox Quesada: 35%; Felipe Calderón Hinojosa: 55%, Enrique Peña Nieto: 65% y Andrés Manuel López Obrador: 50%.  

También valdría la pena recordarle al actual gobierno totalitario, que el 10 de agosto de 1987 se publicó una reforma constitucional al Poder Judicial, cuyo principal objetivo fue el dotar a la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) de las herramientas necesarias para la resolución de los problemas estrictamente constitucionales. 

En lo que hace a la integración del Máximo Tribunal, el texto de la reforma de 1928 permaneció intacto hasta la reforma judicial publicada el 31 de diciembre de 1994, al inicio de la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, para quedar como se encuentra vigente hasta el día de hoy:

“Para nombrar a las o los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará a la o el Ministro que deba cubrir la vacante. 

La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministra o Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República”.

Ahora bien, aunque no cuenta con la mayoría en el Congreso de la Unión, este lunes en la conmemoración del 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, el inquilino de Palacio Nacional cumplió su amenaza al presentar un paquete de al menos 16 reformas constitucionales, entre las que pretende la eliminación de dos salas de la SCJN, así como la reducción de 11 a nueve el número de ministras o ministros.

Así como la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Federal de Competencia Económica; cambiar el sistema de pensiones de los trabajadores, y el planteamiento de que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De igual forma, pretende desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), presidido por la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, quien evidentemente no tiene una buena relación con el mandatario de la 4T y dueño del partido guinda.

Y en lugar del CJF, se propone la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que impondría sanciones a la actuación de los jueces, incluida la potestad de solicitar juicio político contra las y los ministros de la SCJN, y otro organismo dedicado a la administración del Poder Judicial.

Para diversos politólogos y constitucionalistas, esta obsesión populista y autoritaria se acentuará más, a medida que se acerca el fin para la administración obradorista; por lo que el discurso desde Palacio Nacional se tornará cada vez más demagógico y excluyente.

Aquí no hay que perder de vista que, los gobiernos totalitarios, se caracterizan por ejercer el control en un país de forma autoritaria y absoluta, sin restricciones e imponiendo en la legalidad un sistema no democrático y generalmente unipartidista, donde las libertades están supeditadas a los intereses del gobierno. Como siempre le digo, amiga y amigo, lector su opinión es la que cuenta.

En el tintero: El megabono (de 325 mil pesos, en dos exhibiciones) para las y los consejeros electorales dizque que es para pagar horas extras, justificaría la cuestionable Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral…“La ley electoral establece que todos los días y horas son inhábiles, eso significa que hay personal del instituto que tiene que estar de manera presencial, y eso tiene que ver con el tema laboral; es decir, el pago de horas extra; aunque no se considera un ingreso extra, es trabajo extra”, atajaría al defender el megabono…Y recordaría que es un recurso que aprobó la Cámara de Diputados por ser año electoral y, si en otras ocasiones, no se destinó también a las consejerías fue por decisión de la Junta General Ejecutiva; es decir, por los expresidentes del INE…“Siempre se ha presupuestado, y sólo son tres periodos en los que, por decisión supongo de la Junta General Ejecutiva, no se incluyó la plaza de los consejeros electorales, pero los consejeros electorales y todo el personal somos prestadores de servicio”, remarcaría Taddei Zavala…Hasta la próxima entrega.