Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados
La diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla (Morena) presentó una iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), a fin de este organismo gestione e implemente programas y acciones de movilidad que garanticen el acceso a servicios de transporte digno y seguro para las mujeres.
Lo anterior, indica la iniciativa enviada para su análisis a la Comisión de Igualdad de Género, mediante mecanismos de coordinación, cooperación intergubernamental, interinstitucional e intersectorial.
Refiere que esta modificación busca que el Inmujeres realice los trámites necesarios con autoridades de los tres niveles de gobierno, concesionarios o permisionarios de servicios públicos de transporte colectivo, para establecer rutas en beneficio exclusivo de mujeres para su traslado a instituciones o centros de salud, educación o de servicios públicos.
La legisladora detalla que la reforma pretende proteger y garantizar los derechos de movilidad de las mujeres hacia destinos concretos, que en estados y municipios existan rutas gratuitas denominadas “transporte violeta” y que sean gratuitas.
Expone que el transporte violeta implementado en diversas ciudades y metrópolis del país ha aliviado las necesidades de mujeres jefas de familia; además, representan un importante apoyo gubernamental, no sólo en cuanto a la economía familiar, sino a la seguridad y la protección contra delitos y violencia.
“Resulta, por tanto, necesario implementar desde la vía legislativa una base normativa que permita seguir desplegando y despegando este beneficio para el mayor número de mujeres en todo el país”, indica.
Aclara que la ejecución de este tipo de acciones tendrá como límite las disponibilidades presupuestales, los acuerdos con las empresas transportistas y las condiciones en materia de la prestación de dichos servicios.
Argumenta que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el cuarto trimestre de 2022, en México residían 56 millones de mujeres de 12 años y más, y de éstas el 67 por ciento eran madres; de ahí la importancia de implementar desde la vía legislativa normas que las beneficien.