Avala Comisión de Reforma Política-Electoral seis dictámenes con puntos de acuerdo

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados

La Comisión de Reforma Política-Electoral, que preside la diputada Graciela Sánchez Ortiz (Morena), aprobó seis dictámenes con puntos de acuerdo, en materia de suspensión de derechos, personal en el Servicio Profesional Electoral, inscripción y registro de candidatos, participación de las mujeres, violencia política y derecho al voto. 

El diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN), en funciones de la presidencia de la Comisión, pidió que los dictámenes respectivos fueran turnados a la Mesa Directiva para efectos de su publicación.

Con 28 votos a favor se avaló  exhortar a los tribunales superiores de Justicia de las entidades federativas, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) y al Instituto Nacional Electoral (INE), a reforzar la coordinación, comunicación e intercambio de información para que las personas que tengan sentencia firme por violencia familiar, doméstica, violación, violencia política contra las mujeres en razón de género, o deudora alimentaria morosa, no puedan registrarse como personas candidatas a un cargo de elección popular en el proceso electoral de 2024, con el fin de garantizar que ningún agresor llegue al poder público.

El texto destaca la importancia de reconocer los derechos de la mujer para erradicar la violencia y considera fundamental contar con una democracia sin violencia política, lo cual demanda una coordinación de manera transversal y horizontal entre el INE, los OPL y las autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales, tanto federales como locales, que garanticen a las mujeres el acceso a sus derechos políticos en igualdad de condiciones.

Refiere que el 29 de mayo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, cuando haya sentencia por delitos contra la vida, integridad corporal, libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar o equiparada, violación a la intimidad sexual y/o violencia política contra las mujeres o en razón de género o sea deudora alimentaria morosa.

Se ratificó por 25 votos a favor, cero en contra y una abstención, el dictamen con punto de acuerdo por el que se hace un llamado al INE y a los OPL a que implementen y promuevan permanentemente acciones afirmativas que garanticen el ingreso, promoción y nivelación de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad y de diversidad sexual, en el Servicio Profesional Electoral de dicho Instituto.

Así como a fortalecer los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas e informar a la Cámara de Diputados sobre los avances, resultados obtenidos y acciones afirmativas en el tema, a través de las comisiones de Diversidad y de Atención a Grupos Vulnerables.

México, señala el punto de acuerdo, ha suscrito diversos tratados internacionales que reafirman el interés de garantizar los derechos de todas las personas, incluyendo aquellas en situación de vulnerabilidad como lo son las personas con discapacidad, de la diversidad sexual y originarias de pueblos indígenas y afromexicanas.

La instancia legislativa avaló por 23 votos a favor, cero en contra y 4 abstenciones exhortar al INE a que fortalezca los mecanismos de revisión de los requisitos para ser candidatas y candidatos a puestos de elección popular, revise e identifique a personas aspirantes que emitan discursos de odio, a quienes ejerzan funciones que transgredan la laicidad, y que valore su idoneidad de ser candidatos con pleno respeto a la normatividad vigente y a los derechos humanos de las personas.

Hace referencia a la preocupación sobre las lesiones a la democracia que los discursos de odio generan, e indica que la combinación de discursos controvertidos y aspiraciones presidenciales causan una problemática que va más allá de la libertad de expresión, planteando preguntas sobre los límites éticos y legales para ocupar un cargo de tal envergadura.

El dictamen con punto de acuerdo, en el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales, a fin de que fortalezcan la participación de las mujeres para los puestos de elección popular en el orden municipal, durante el proceso electivo de 2024 y consecutivos, se aprobó por 27 votos a favor.

Indica la necesidad de avanzar hacia la democracia paritaria, que ha sido planteada no sólo como una propuesta que acelere los procesos de participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios públicos decisorios, sino busca transformarse en una reivindicación transversal en todos los ámbitos de la sociedad, con el propósito de que mujeres y hombres puedan gozar de igualdad en el ejercicio de los derechos y responsabilidades de manera compartida, tanto en el ámbito público como en el privado-doméstico.

Según ONU-Mujeres, en el primer nivel del ejercicio político es donde aún no es visible la presencia de mujeres en los procesos electorales, en igualdad de condiciones con relación a los hombres. “Su participación amenaza la estructura de dominación del poder masculino”, lo que genera que se tengan que redoblar esfuerzos para que las mujeres cada vez se involucren más en la vida política y pública, pero además cuenten con canales que les permitan contender y ocupar puestos de elección popular.

Otro dictamen con punto de acuerdo, avalado por 27 votos, cero en contra y una abstención, conmina al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco a fortalecer las acciones y procedimientos propios y garantizar que los partidos políticos, durante sus procesos de selección interna de candidatas y candidatos para 2024, cumplan debidamente lo establecido en el artículo 38 de la Constitución Política y las disposiciones normativas aplicables en esa entidad.

Busca garantizar, además de la paridad de género, el cumplimiento a la reciente reforma al artículo 38 constitucional, comúnmente llamado “3 de 3”, ya que hoy se vive un gran problema en los registros de precandidatos y precandidatas, pues se ve a partidos políticos que están tolerando la violencia política contra las mujeres en razón de género y, por ende, están en contra de dicha reforma.

Por 29 votos se aprobó el dictamen con punto de acuerdo en el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a fortalecer los mecanismos de coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para facilitar e incentivar, en las sedes consulares, el pleno ejercicio del sufragio de las personas mexicanas residentes en el extranjero.

De acuerdo con información proporcionada por el INE, con corte al 30 de noviembre de 2023, existe un padrón electoral de 1,419,843 ciudadanas y ciudadanos registrados en el extranjero y un listado nominal de electores con credencial de elector confirmada de 608,736, lo que obliga a las instancias responsables a disponer de materiales electorales suficientes.

En asuntos generales, el diputado Javier Casique Zárate (PRI) expresó que la Comisión no debe pasar por alto la violencia que se vive en el país, misma que se ha recrudecido en días recientes y que por ello se debe cuidar el Estado de derecho, la credibilidad de las instituciones y a las fuerzas del orden.

“Nos acercamos a la parte más intensa de un proceso electoral nacional, el más competitivo y en donde la mayor amenaza no será la confrontación ni la competencia política, ni el mayor riesgo el incumplimiento de las normas electorales, sino que el mayor peligro vendrá del crimen organizado y la violencia política como armas para apoderarse de nuestro sistema democrático nacional; hoy nuestra democracia debe ser considerada y evitar que haya violencia y delincuencia”, añadió.