Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados
Este martes, compareció ante las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, con motivo del análisis del Quinto Informe de gobierno.
Durante la comparecencia se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del senador suplente del Partido Acción Nacional, Juan Pablo Adame Alemán, a petición del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN).
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), calificó este ejercicio como un acto republicano y la de este día es la tercera ocasión en que comparece el secretario de la Función Pública, por lo que reconoció su apertura para trabajar en equipo; “nos hemos reunido en diferentes ocasiones y parte de lo que nos compromete es la construcción de una agenda legislativa”.
Precisó que se han recibido algunas sugerencias respetuosas, en el ámbito de la colaboración, en aspectos muy importantes de la fiscalización y el control interno del Gobierno Federal. “También advertimos en él, en sus expresiones, el combate a la corrupción y, sobre todo, la necesidad de hacer una suma de esfuerzos y que en esto se pueda aprovechar la ocasión de construir de manera compartida una agenda legislativa”.
“Nosotros creemos que la autoridad y el poder se deben ejercer con humildad, con prudencia, con sensibilidad y haciendo lo correcto, porque en estos cargos de fiscalización lo que todos deseamos son cuatro atributos: honestidad, competencia profesional, independencia y carácter”, puntualizó.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), destacó que la función pública es una tarea neurálgica de la Administración Pública Federal “pues corresponde el control interno a la evaluación de la gestión gubernamental de sus resultados, la regulación interna en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda y patrimonio, y, por supuesto, la prevención y el combate a la corrupción”.
Este ejercicio, dijo, “habrá de darnos certeza sobre la vigilancia de la función pública que realiza la Secretaría, lo cual permitirá a las comisiones saber con claridad cómo se perfecciona el actuar de los servidores públicos del Gobierno Federal y, con ello, si impacta la manera en la que se utilizan los presupuestos dirigidos a la población mexicana”. Afirmó que la SFP “es una de las secretarías más neurálgicas para el buen desempeño de un gobierno”.
Externó su convicción de que, en este ejercicio de rendición de cuentas, las y los diputados podrán abordar temas fundamentales para esclarecer el desempeño de la función pública. “Estamos convencidos que un gobierno que siempre está a favor de combatir la corrupción lo debe demostrar no solo en sus discursos sino con hechos”.
De Morena, la diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros resaltó que la SFP ha trabajado incansablemente por la ética, el servicio público y la participación ciudadana; además, ha velado por el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y para que se realicen auditorías en áreas clave demostrando compromiso con la transparencia.
Resaltó que en 2019 las auditorías observaron solo el .8 por ciento al PEF ejercido, en 2020 el .4 por ciento, en 2021 el .2 por ciento y en 2022 un .008 por ciento. Subrayó que la labor de la Secretaría ha sido clave para fortalecer los principios y construir un México más justo y transparente”.
Del PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba resaltó que han sido “miles de millones de pesos perdidos en la corrupción flagrante que usted se ha negado a ver”. Ejemplificó: Segalmex, el Insabi y la falla de medicamentos, 750 mil muertos en exceso, el sistema de salud, IMSS-Bienestar y los fideicomisos, el Tren Maya, Dos Bocas, ausencia de vacunas, licitaciones opacas, entre otras.
Enfatizó que el informe que presenta el funcionario “ofrece cifras que deberían representar progreso, pero en cambio nos enfrentamos a un espejismo de eficiencia; las acciones superficiales y las medidas a medias han sido la norma”. Afirmó que “nosotros, como representantes populares, no olvidaremos nuestro compromiso con la justicia y la transparencia. No nos quedaremos callados”.
La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI) señaló que estos ejercicios sirven para dignificar el servicio público y la división de poderes a través del diálogo y el respeto. Manifestó su ánimo de escuchar y generar los mejores consensos y acciones en favor de México y de la rendición de cuentas. Sostuvo que el verdadero desarrollo de un Estado radica en que exista un ente que verifique su actuar y que colabore junto con los demás en mejorar el actuar con las y los ciudadanos.
Indicó: “que el combate a la corrupción no solo sea un discurso hueco y repetitivo, que de verdad se sancione, porque en la reflexión se pueden encontrar algunas respuestas y de ello aseguramos que la persona titular de esta Secretaría debe ser más cercana al pueblo que a ningún partido”. Enfatizó: “señalemos y sancionemos los actos de corrupción” y se manifestó por una dependencia que prevenga más de lo que sanciona.
El diputado Jorge Luis Llaven Abarca (PVEM) indicó que la SFP ha promovido un cambio de paradigma en la versión tradicional de lo que era la transparencia, la gestión pública y la rendición de cuentas, basado en un enfoque vertical y horizontal. “Ahora la perspectiva es otra y se transita a un esquema donde se incluye la participación de la ciudadanía de manera más activa”.
Puntualizó que la Secretaría ha sabido cerrar los espacios de corrupción y de las malas prácticas en todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, focalizando los actos de fiscalización en las áreas proclives y las irregulares administrativas.
Del PT, el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya hizo notar que el combate a la corrupción ha sido base en este gobierno mediante una visión sancionatoria y preventiva, además de que se han orientado esfuerzos en áreas de mayor riesgo para la comisión de actos, como puede ser en la contratación de obras públicas y se han fortalecido los controles internos.
Aseguró que el combate a la corrupción es pieza clave para lograr los avances en esta administración, pues no se puede pensar en el éxito de los programas sociales sin luchar contra la corrupción de los intermediarios, ni las obras de infraestructura sin combatir los desvíos de recursos.
En tanto, la diputada Amalia Dolores García Medina (MC) dijo que, de acuerdo con encuestas de 2020, las y los mexicanos señalaban que después de la inseguridad el problema que más les preocupaba era la corrupción. Por ello, estimó que se debe adoptar una posición clara y tomar medidas de fondo y consistentes para garantizar la prevención de actos de corrupción con protocolos rigurosos y asegurar que se cumplan para evitar actos de abuso, corrupción e impunidad.
Resaltó que es indispensable que la sociedad civil organizada se involucre en la lucha contra la corrupción; por ello, consideró fundamental que, en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, el sistema integral de denuncia ciudadana sea plenamente vigente. Externó su inquietud por conocer detalles de la investigación sobre la adquisición del programa Pegasus.
El diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) señaló que la comparecencia tiene especial importancia, sobre todo por ser parte de una estructura de gobierno cuya máxima es combatir la corrupción; la función pública es parte medular de cualquier estrategia contra la corrupción y como control interno tiene la capacidad de detectar irregularidades en nombramientos y procedimientos para su atención inmediata, evitando que un posible acto de corrupción escale y se convierta en una actividad observada por la Auditoría Superior de la Federación.
Subrayó que los programas sociales, a cuatro años de esta administración, “siguen siendo los más observados en la Cuenta Pública por la Auditoría Superior de la Federación. Los casos de corrupción en este gobierno han sido muchos y “la compra de más del 80 por ciento de bienes y servicios mediante adjudicaciones directas dan cuenta de la terrible opacidad con la que se gobierna”.
Luego de rendir protesta de decir verdad, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, explicó que el enfoque que se ha privilegiado para combatir la corrupción es preventivo y se sustenta en el fortalecimiento del control interno, el arraigo de la ética pública y el seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos.
Apuntó que la SFP ha fomentado la participación ciudadana en la contraloría social, como testigos sociales en los procesos de contratación, los sistemas de denuncia y de alertadores de la corrupción y el fomento de la integridad empresarial.
Añadió que para ejercer su labor se han constituido mil 356 cuerpos colegiados, 200 órganos de gobierno en el sector paraestatal, 243 comités de control y desempeño institucional en las 287 instituciones del Poder Ejecutivo, 310 comités de ética, 193 de adquisiciones, 93 de obra pública, 248 de transparencia y 69 comités de profesionalización.
Detalló que por medio del control interno se han identificado los riesgos de ineficacia y corrupción para evitar su materialización y garantizar que los programas sociales lleguen directamente a los beneficiarios y para ello se creó el Sistema Integral de Información de Padrones Gubernamentales.
En este sentido, indicó que se tiene registrados 152 padrones por medio de los cuales de 2022 a lo que va de 2023 se dispersaron 931 mil millones de pesos a más de 40 millones de mexicanos. Apuntó que las revisiones a estos padrones mostraron que el 94 por ciento de quienes lo recibieron cumplieron con los requisitos de elegibilidad.
Respecto a las contrataciones públicas, apuntó que es una de las áreas más proclives a la corrupción; por ello, se han implementado las bitácoras electrónicas de Seguimiento de Adquisiciones y la de Seguimiento a la Obra Pública con el propósito de monitorear en tiempo real el registro de todos los acontecimientos relevantes del proceso de adquisiciones y obra pública.
De 2020 al 30 de septiembre 2023 el universo de contratos registrados en la bitácora de Adquisiciones fue de seis mil 517 y por medio de ellos se ejercieron 644 mil millones de pesos, lo que representa el control del 84 por ciento de las adquisiciones adquiridas por el gobierno de la República. A su vez, en el rubro de Obra Pública ascendió a 16 mil 777 contratos a través de los cuales se ejerció un monto de 274 mil millones de pesos.
Refirió que del 1 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre del 2023, por medio de denuncia ciudadana, se recibieron 29 mil denuncias y mil 288 alertas, todas ellas se clasifican y, en su caso, son remitidas a las autoridades para la investigación y actuación en los campos de competencia.
En lo referente a los procedimientos de responsabilidades administrativas graves, de un universo de mil 580 expedientes al 30 de septiembre 2023, el 49 por ciento de ellos ya fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución.
En cuanto a sanciones y multas se emitieron 250 resoluciones sancionatorias a proveedores y contratistas que infligieron la normativa en materia de adquisiciones y de obra pública y de ese número se impusieron multas por mil 102 millones de pesos y 173 inhabilitaciones.
También se presentaron 99 denuncias penales, de octubre de 2022 a septiembre 2023, asociadas con enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público, peculado y abuso de autoridad.