Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados
La Comisión de Vivienda, presidida por la diputada Lilia Aguilar Gil (PT), avaló con 20 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en materia de cobranzas extrajudiciales.
Esta propuesta reforma los artículos 16, 23 y 71 de dicha legislación, a fin de señalar que le corresponde al Consejo de Administración del Infonavit proponer a la asamblea general para su aprobación un modelo de cobranza social y un programa de reestructuración y beneficios para el pago de la amortización por concepto de capital e intereses ordinarios, a través del cual el Instituto otorgará de forma expedita las reestructuras y prórrogas necesarias mediante convenio, a solicitud de los trabajadores acreditados.
En todo caso, dentro del programa mencionado se privilegiará la adopción de mecanismos de mediación o justicia alternativa para la recuperación de los créditos. El esquema será de aplicación general en todo el territorio nacional, y se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en el sitio web del Instituto.
La minuta señala que es importante mantener el escenario de certeza, competitividad y fomento al mercado financiero, con el propósito de que el mejoramiento progresivo de las condiciones crediticias y de inclusión financiera abonen a garantizar el acceso al derecho humano a la vivienda adecuada de forma asequible y con certeza jurídica.
Indica que uno de los objetivos es evitar acciones de carácter extrajudicial que realizan agentes de cobranza ajenos a la institución.
La diputada Aguilar Gil dijo que con esta minuta se pretende que sea el Consejo de Administración del Infonavit quien tenga la facultad de aprobar un modelo de cobranza social, es decir que no sea privado ni extrajudicial.
“Dentro del camino legal que nosotros podemos hacer estamos pidiendo al Infonavit que genere un programa de cobranza desde el Instituto y se acabe esta práctica neoliberal, persecutoria, de terror, que le hacían a la gente”, comentó.
Agregó que la minuta debe aprovecharse y votarse a favor, ya que ayudará a mucha gente, sobre todo para acabar las cobranzas extrajudiciales que se están haciendo a los derechohabientes del Infonavit.
La diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) manifestó que no coincide con la reforma dado que las adecuaciones no resuelven el problema del impago de los trabajadores por motivo de la pandemia, pérdida de trabajo o el abandono de la casa por impagable o créditos caros.
A su vez, el diputado Rodrigo Sánchez Zepeda (PAN) comentó que los integrantes de su grupo parlamentario han votado a favor respecto a la modificación constitucional del término vivienda adecuada. “Hemos analizado, revisado y además puesto a consideración de la ciudadanía este término en los parlamentos abiertos que se han desarrollado”.
Fueron aprobadas por unanimidad, seis opiniones a iniciativas que proponen incluir el término de vivienda adecuada, en sustitución de vivienda digna o decorosa, a fin de garantizar que el derecho humano a la vivienda se cumpla en las leyes con los elementos que la integran y que puedan ser calificados y cuantificados de manera objetiva.
Asimismo, respecto a seguridad en la tenencia, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación, disponibilidad de servicios, instalaciones, materiales e infraestructura y adecuación cultural.
La primera opinión se refiere a la reforma a los artículos 28, 28-A y 28-B de la Ley Federal del Trabajo y la segunda cambia la denominación del capítulo IV del Título Segundo y los artículos 16 y 18 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ambas en materia de vivienda adecuada.
La tercera, modifica la fracción 1 del artículo 7 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, también sobre vivienda adecuada, mientras que la cuarta propone reformar el artículo 90 a la Ley General de Educación.
La quinta opinión es a la iniciativa que modifica la fracción VI del artículo 34 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Finalmente, la sexta, reforma los artículos 4, 8, 10, 11, 41, 51, 65, 77, 78, 79, 80 y 81 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.