Los diputados Héctor Chávez Ruiz y Miguel Ángel Torres Rosales, ambos del PRD, plantearon reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que los permisionarios de los servicios de arrastre, y arrastre y salvamento, cumplan con las tarifas tanto en el banderazo de salida como en el kilómetro recorrido estipuladas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
La propuesta reforma el artículo 8 de dicho ordenamiento legal para establecer que, en el caso de los servicios de arrastre, y arrastre y salvamento, “los permisos estarán sujetos al apego de los precios máximos publicados por la Secretaría”. Agrega que el permiso deberá contener explícitamente la obligación de no cobrar más que los precios máximos publicados y las sanciones a las que son acreedores los permisionarios.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su análisis, también modifica el artículo 20 para instituir que “la Secretaría deberá fijar las tarifas máximas que podrán cobrar los permisionarios” que prestan estos servicios, “estableciendo el mecanismo para su actualización, salvaguardando la calidad, seguridad y competitividad en el servicio”.
Propone que los permisionarios deberán mostrar en un lugar visible el tabulador que contiene las tarifas autorizadas, así como informar del costo del banderazo y el cobro por kilómetro recorrido al consumidor, previo a la realización del servicio.
Los legisladores exponen que, entre los problemas más recurrentes al que se enfrentan quienes tienen la necesidad de solicitar dicho servicio en las carreteras federales, es que no existe la suficiente información sobre cómo funciona el sistema de arrastre, las tarifas y el costo total del servicio.
Agregan que el cobro de arrastre por parte de los concesionarios es excesivo en muchos de los casos, ya que no explican con claridad y transparencia la forma en que están establecidas sus tarifas, hecho que propicia problemas económicos y refleja corrupción.
Resaltan que las tarifas por dichos servicios están publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 28 de febrero de 2017, y aun cuando este decreto se encuentra vigente, la información que se tiene de manera pública para el conocimiento de los usuarios es escasa o nula.
Los legisladores consideran que los problemas con los prestadores de estos servicios se agravan, pues no existen datos que permitan saber cuáles son las compañías que los otorgan, por lo que los usuarios no saben a quién recurrir para aclarar sus dudas ni dónde consultar el costo de los mismos.
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