Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados
Con el propósito de analizar y conocer los requerimientos presupuestales para el ejercicio fiscal 2024, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el diputado Erasmo González Robledo, se reunió con representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El diputado González Robledo dijo que el papel de la Cámara de Diputados es dar seguimiento al ejercicio de los recursos públicos. En este contexto, hoy dialogamos con el personal del Poder Judicial de la Federación para conocer los principales aspectos de la propuesta para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024.
Afirmó que para mantener un auténtico sistema de frenos y contrapesos es necesario tener un Poder Judicial fuerte, funcional y que tenga la capacidad de asegurar la impartición de justicia; además de salvaguardar la solución pacífica, justa y equitativa de controversias, debe garantizar el Estado de derecho y acceso a la justicia.
“Estos son aspectos que, lejos de coyunturas políticas, deben ser respetados en aras de una sana vida democrática para el país”, indicó.
Solicitó información sobre los indicadores de productividad que tiene el Poder Judicial de la Federación, “porque todos nos tenemos que apegar al ejercicio de presupuesto con productividad, cuántos casos tiene pendiente de resolver la SCJN y cuál es el grado de avance”. También cuestionó si tienen considerado en este presupuesto una solicitud por la creación de nuevas plazas.
Puntualizó que en este análisis faltan datos sobre en qué capítulo van “al mil, al dos mil, entonces es una información que requerimos en la Comisión. Necesitamos más datos, tal vez otra reunión, porque me quedan muchas dudas”.
El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) cuestionó sobre algunas partidas como la relativa a los jardines, donde se pide cerca de 4 millones de pesos; y preguntó por los salarios de los consejeros de la Judicatura, de magistrados y jueces de distrito, así como las prestaciones de ley, los bonos de riesgo y si todos los jueces y magistrados revisan casos que implican riesgo.
En tanto, el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) consideró importante que se transparente lo que hacen porque luego les toca juzgar a “verdaderos delincuentes”. Refirió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo algunas recomendaciones sobre los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y se sugirió emitir una legislación general que los regule.
La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena) comentó que llama la atención que en una partida del Poder Judicial se destinen para 2024 casi tres mil millones de pesos para servicios de vigilancia. “Debemos explicar al pueblo porqué el Poder Judicial solicita esta cantidad, cuando, en este recurso deben transparentarse las necesidades”.
De Morena, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas afirmó que estas mesas de trabajo tienen la finalidad de conocer todos los elementos que sirvan para tomar una decisión a la hora de votar el presupuesto. Mencionó que en el rubro de producto alimenticios están destinados un millón 247 mil 449, por lo que preguntó ¿cuántos servidores públicos superiores son? y ¿por qué se gasta el 66 por ciento de este rubro en productos alimenticios para servidores públicos superiores?
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que sí se pueden hacer ajustes en sueldos y plazas. “Sería bueno que hicieran un planteamiento de lo más austero que pueda ser y se lo presenten al presidente de la Comisión para intentar un ajuste republicano, creo que es posible en muchos conceptos, particularmente en servicios personales, que es lo que lleva el mayor gasto”.
La oficial mayor Gisela Morales González puntualizó que la SCJN solicita seis mil 109.1 millones de pesos que representan un crecimiento de 8.5 por ciento, y el CJF pide 74 mil 793.3 millones de pesos, en total, ambos órganos solicitan 80 mil 902.4 millones de pesos.
Refirió que la solicitud de recursos para el Ejercicio Fiscal 2024 del Poder Judicial de la Federación considera un incremento de 3.3 por ciento en términos reales, de acuerdo con la información y expectativa de inflación, y este incremento equivale a dos mil 610 millones de pesos respecto al presupuesto autorizado para este año.
Informó que el presupuesto solicitado por la SCJN y CJF para 2024 representa una disminución en términos reales de 13.4 por ciento respecto al autorizado en 2017. Por su parte, el autorizado a la SCJN ha disminuido 21 por ciento. “Ambos órganos han presentado una tendencia a la baja en su presupuesto autorizado”.
Detalló que el CJF plantea utilizar 466 millones de pesos para crear 45 órganos jurisdiccionales: seis centros de justicia penal Federal; tres centros Regionales de Ejecución Penal, 22 Tribunales laborales, nueve juzgados de Distrito, cuatro Tribunales Colegiados de Apelación y un Tribunal Colegiado.
Asimismo, añadió, se destinarán recursos para servicios personales, gasto corriente y gasto de inversión; también para crear 49 mil 987 plazas, mil 712 personas juzgadoras, 892 personas defensoras públicas y 319 asesoras jurídicas.
Mientras que para la SCJN el recurso solicitado lo destinará para priorización la protección de los derechos y el orden constitucional, fortalecer la función jurisdiccional y la impartición de justicia centrada en las personas, con el fin de hacer un uso óptimo de los recursos y reforzar las acciones de control del gasto.
Asimismo, para fortalecer la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, prevenir y atender la violencia de género, combatir la corrupción y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Mencionó que el Poder Judicial de la Federación es uno de los tres poderes de la Unión y su responsabilidad es vigilar el cumplimiento de las leyes federales, así como revisar que los actos de autoridad estén alineados a la Constitución y a los Tratados Internacionales de los que México forma parte.
Informó que el PJF se integra por tres órganos, la SCJN, el CJF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para cumplir con sus responsabilidades, el Poder Judicial de la Federación requiere de recursos adecuados y suficientes, así como para lograr un incremento progresivo de los mecanismos para acceder a la justicia.
Morales González refirió que en los últimos años el Poder Judicial Federal y sus tres órganos han implementado medidas de racionalidad y austeridad que permiten tener un mejor ejercicio del gasto.
Comentó que el CJF se compone por 906 Órganos Jurisdiccionales que incluyen Juzgados de Distrito, Tribunales Laborales, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal, Tribunales Colegiados de Apelación y Plenos Regionales. También tiene seis Órganos Auxiliares como la Defensoría Pública, la Escuela Federal de Formación Judicial, el IFECOM y órganos de vigilancia. De igual forma, áreas administrativas indispensables para garantizar su operación.
En el CJF se resuelven 1.8 millones de asuntos al año, tiene presencia en más de 40 ciudades y desarrolla sus actividades en 696 inmuebles.
De la partida de jardinería y fumigación, la magistrada Morales González precisó que incluye las asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de plagas, instalación y mantenimiento de áreas verdes, fertilización, poda de árboles, plantas y hiervas. Se presupuestan 4 millones de pesos y se piden porque se tienen que atender 42 inmuebles a cargo de la SCJN.
Detalló que en años anteriores el presupuesto que se asignaba al Poder Judicial de la Federación en su conjunto y a cada uno de los órganos era alto y a partir de 2019 han disminuido las asignaciones de recursos, y lo que ya no se gasta o tiene un destino específico, se reintegra a la Tesorería de la Federación.
Respecto a los fideicomisos, aclaró que se constituyeron antes de que hubiera una disposición expresa que impidiera concentrar los remanentes y se prohibiera, a finales de los años 90 cuando existía la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y no se establecía la obligación para que los órganos del Poder Judicial de la Federación concentraran sus remanentes al cierre del ejercicio fiscal en la Tesorería de la Federación.
En cuanto a la remuneración de consejeros, indicó que son los mismos montos y conceptos que se han aprobado en años anteriores; tanto los magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Electoral como los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal y los ministros de la Suprema Corte, tienen sus salarios homologados.
El magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, resaltó que el bono de riesgo es una “contraprestación al riesgo que asumimos en una sobreexposición de nuestra vida”, la cual está en riesgo asunto por asunto y no solamente se limita a los asuntos penales y se tienen casos emblemáticos. Ejemplificó el asesinato de diversos jueces derivado de la función. “Hay muchos casos en que nuestra labor cotidiana se pone en riesgo momento a momento”.
En su oportunidad, César Campa Campos, director General de Programación, Presupuesto y Tesorería, expresó que, respecto a la partida de seguridad y vigilancia, en el Consejo de la Judicatura el monto que se pretende obtener es de dos mil 769 millones de pesos para servicio de vigilancia intramuros en 695 inmuebles y para mitigar situaciones que impliquen riesgo en la seguridad de jueces, magistrados, personal y sociedad que acude a los mismos.
Este recurso también se destina para el servicio de escoltas que proporcionan dos empresas. Uno es el de protección federal a cargo del Poder Ejecutivo y otra privada. “Tenemos una comisión de seguridad que fija los criterios que analizan el grado de riesgo que se pueda tener y sobre ese se atienda la demanda de la población específica, ya sea juez o magistrado, fijando las medidas de seguridad que corresponda.
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