Comisión de Justicia avaló dictamen sobre notificaciones por oficio de las resoluciones respecto a juicios de amparo

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados

La Comisión de Justicia, presidida por el diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), aprobó con 23 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones, reformas en materia de notificaciones por oficio de las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo.

El dictamen modifica y adiciona los artículos 28 y 243 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política.

Establece que para el caso en que el Poder Judicial de la Federación requiera utilizar los servicios públicos de correos y telegráficos, deberá cubrir el costo correspondiente, conforme a su presupuesto asignado para tal fin, y en la forma, plazo y modalidad que para este efecto se establezca en el convenio respectivo.

Asimismo, si los jefes o encargados de las oficinas públicas de comunicaciones se niegan a recibir o transmitir los mensajes de referencia, se adiciona que “excepto por el no pago derivado de la prestación de los servicios públicos de correos o telegráficos al Poder Judicial de la Federación”, se les impondrá multa de cien a mil días.

El dictamen señala que el objetivo de las reformas es que el Poder Judicial de la Federación se haga cargo de las erogaciones que representan las notificaciones que se realizan a través de las oficinas públicas de comunicaciones.

Añade que se busca garantizar que la Financiera para el Bienestar (FINABIEN) pueda obtener una remuneración por sus servicios prestados al Poder Judicial de la Federación, con el propósito de destinar dichos recursos a fortalecer la viabilidad con que se garantiza la inclusión financiera sin discriminación.

El servicio de carta con acuse de recibo, que el Poder Judicial de la Federación emplea para llevar a cabo comunicaciones judiciales, es uno de los conceptos cuya gratuidad debe ser garantizada por el Estado. Así, no sería procedente trasladar el cargo de dichos servicios a los justiciables, precisa.

Subraya que en una valoración integral de los objetivos planteados para Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) y FINABIEN, “esta Comisión estima que sí es jurídicamente viable trasladar el cargo de los servicios telegráficos y de carta con acuse de recibo, al Poder Judicial de la Federación”.

El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), quien presentó la iniciativa, comentó que se busca mejorar los ingresos de Servicio Postal Mexicano y FINABIEN, para que puedan dar un mejor servicio a las y los mexicanos y al propio Poder Judicial de la Federación. 

Durante la reunión extraordinaria, la Comisión también aprobó, en lo general, con 26 votos a favor, su opinión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  2024.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) presentó una reserva, la cual fue avalada con 19 votos a favor y 12 en contra, para modificar dicha opinión y establecer que con relación al proyecto del PEF 2024 se emite opinión en sentido negativo por lo que respecta al presupuesto de Ramo 03 del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que sobreestima el ejercicio de su gasto.

Se emite la opinión en sentido positivo por lo que respecta al proyecto del PEF 2024 para los demás entes de administración pública federal y autónomos que participan en la función justicia, en los términos expresados en el apartado de consideraciones.

Asimismo, se señala que la presente opinión, con sus anexos, se remita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en términos de lo previsto en los resolutivos Quinto y Sexto de los “Lineamientos para el procedimiento de participación de las Comisiones Ordinarias en el análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024”.

En tanto, la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena) consideró que se debe garantizar la justicia para todos; por ello planteó aumentar el recurso destinado a apoyar a las personas con discapacidad, pueblos indígenas y afroamericanos, así como a personas de la diversidad sexual que se vean discriminados y que tienen menos administración de justicia.