Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados
La Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el diputado Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), aprobó los dictámenes por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024.
El diputado Melgar Bravo explicó que los votos particulares que sean presentados se recibirán y anexarán al dictamen para que se publique en la Gaceta Parlamentaria y sirva para la discusión en el Pleno.
Asimismo, informó que los dictámenes se remitirán a la Mesa Directiva para los efectos de la programación legislativa correspondiente.
El dictamen a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 determina una estimación de ingresos por un total de 9 billones 066 mil 045.8 millones de pesos.
Este proyecto no contempla nuevos impuestos ni aumentos a los vigentes, atendiendo a los supuestos del marco macroeconómico, así como a las estimaciones de ingresos y gastos previstos en el Paquete Económico del próximo año.
De este total, 4 billones 942 mil 30.3 millones de pesos corresponden a Impuestos, 535 mil 254.7 millones de pesos a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, 36.5 millones de pesos a Contribuciones de Mejoras, 59 mil 91.4 millones de pesos a Derechos, 8 mil 641.6 millones de pesos a Productos, 193 mil 877 millones de pesos a Aprovechamientos, 1 billón 286 mil 846.5 millones de pesos a Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, 303 mil 217.2 millones de pesos a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, y 1 billón 737 mil 50.6 millones de pesos a Ingresos Derivados de Financiamientos.
Se estima una recaudación federal participable por 4 billones 585 mil 352.1 millones de pesos.
De igual manera, establece la posibilidad de emplear los recursos que durante el ejercicio fiscal de 2024 ingresen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, para cubrir las obligaciones derivadas de la implementación del esquema de potenciación de recursos de dicho Fondo, en términos de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de seguir apoyando las operaciones que las entidades federativas están implementando para fortalecer su capacidad de pago.
Por otra parte, se autoriza a Petróleos Mexicanos y a sus empresas productivas subsidiarias un monto de endeudamiento neto interno de hasta 138 mil 119.1 millones de pesos y un monto de endeudamiento neto externo de hasta 3 mil 726.5 millones de dólares. Asimismo, se avala a la Comisión Federal de Electricidad y a sus empresas productivas subsidiarias un monto de endeudamiento neto interno de hasta 600 millones de pesos y un monto de endeudamiento neto externo de mil 188 millones de dólares.
Al respecto, la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (Morena) mencionó que la Ley de Ingresos muestra el esfuerzo del gobierno por incrementar los recursos para enfrentar las necesidades de la infraestructura y demás rubros. Destacó que no se abusa de los empresarios ni contribuyentes para mejorar los ingresos a través una mayor tasa impositiva.
José Francisco Yunes Zorrilla, diputado del PRI, dijo que su voto sería en contra, toda vez que este Paquete Económico se diseñó a la inversa, es decir, se definieron las prioridades de gasto y posteriormente se vieron las fuentes de ingreso, cuando todo proceso presupuestal debe observarse de manera contraria. “Esta Ley de Ingresos encierra el fracaso en materia de política económica”.
El diputado de Morena, Manuel Guillermo Chapman Moreno expuso que este dictamen refiere que la evolución de la deuda da cuenta del compromiso de la administración con la responsabilidad fiscal, pues la deuda ha incrementado 5.2 puntos porcentuales del PIB. Destacó que no se crean nuevos impuestos ni llevaron a cabo reformas fiscales para incrementar las tasas impositivas.
Por el PRI, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza expresó que cuando gastas más de lo que tienes, se llama deuda; por lo tanto, se va a endeudar a este país y serán responsables de responder a las hijas e hijos de los mexicanos.
La diputada Alejandra Pani Barragán (Morena) dijo que para el Ejercicio Fiscal 2024 no es necesaria una miscelánea fiscal, pues como señalan los Criterios Generales de Política Económica correspondiente al ejercicio del próximo año, México es reconocido por su estabilidad económica y finanzas públicas sanas. “Esta administración se ha propuesto la no creación de impuestos nuevos ni el aumento a las tasas ya existentes”.
Al hablar en contra, el diputado Gerardo Peña Flores (PAN) señaló que quienes voten a favor de este dictamen estarán heredándole a la presente y a las nuevas generaciones 127 mil pesos de deuda. “Acción Nacional está del lado de México y por eso los defenderemos e iremos en contra de este dictamen”.
El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) indicó que estamos por aprobar el instrumento más importante, el cual es congruente, serio y responsable. “Es tiempo de tener altura de miras, en este dictamen sentamos las bases del México del futuro, un país estable, sobre todo con desarrollo, bienestar y justicia, por eso vamos a favor”.
De MC, el diputado Salvador Caro Cabrera comentó que, por la falta de una política macroeconómica y fiscal, correcta y una presupuestación que generara crecimiento para el país, no va haber dinero para los programas sociales. “Eso es lo que están poniendo en riesgo con la irresponsabilidad con la que están impulsando la ley y el Paquete Fiscal”.
La diputada Beatriz Dominga Pérez López (Morena) expuso que estas iniciativas son congruentes con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y la política hacendaria y fiscal de este gobierno, de no crear nuevos impuestos y mantener las tasas de los ya existentes. “Debemos reconocer que en los 5 años de trabajo logramos financiar el gasto del Estado sin dañar los bolsillos de los mexicanos”.
Hiram Hernández Zetina, diputado del PRI, dijo que este dictamen pretende aprobar una deuda de 5.4 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, una deuda de 127 mil pesos por cada mexicano; por ello, su grupo parlamentario está en contra.
Del PT, el diputado Armando Reyes Ledesma mencionó que no hay motivo para ir en contra de este dictamen, pues permite otorgar a la ciudadanía apoyos directos.
El diputado Carlos Alberto Valenzuela González (PAN) comentó se está subestimando el precio del barril del petróleo para que esos 25 dólares que se traducen en dos millones de dólares por hora, se destinen sin ninguna una supervisión.
Las y los integrantes de esta Comisión también avalaron el dictamen por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
Este documento establece que los ingresos que se obtengan por la recaudación de derecho relativo al visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán al fideicomiso público federal sin estructura que constituya la empresa de participación estatal mayoritaria, sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional, denominada Tren Maya, S.A.
Se incorpora el pago de derecho de trámite aduanero a las operaciones de importación y exportación de mercancías, cuando se efectúan al amparo de tratados internacionales que las excluya del cobro de cargos o derechos sobre el valor de las mismas.
Se actualiza la legislación, independientemente del acuerdo o resolución que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, con el propósito de garantizar a dicha Comisión, el cobro por la prestación del servicio que proporciona.
De igual manera, se establece la reducción del 70 por ciento al monto de la cuota de derechos respecto al registro del título y expedición de cédula profesional, de nivel técnico o profesional técnicos, emitidos por las instituciones del Sistema Educativo Nacional que impartan educación de nivel medio superior, con la finalidad de seguir apoyando a las y los estudiantes que pertenecen a un grupo vulnerable.
Estipula el cobro por la expedición del certificado de inscripción y no inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional a solicitud de parte, respecto de embarcaciones o empresas (agente naviero, naviero u operador).
Además, se contempla el cobro por la prestación del servicio de la autorización para ejercer como institución educativa particular, para la formación, capacitación y estudios de posgrado dirigidos al personal de la Marina Mercante Nacional, así como para la expedición del certificado para ejercer como persona instructora en dichas instituciones.
Se elimina la referencia a la conexión natural entre cuencas, en virtud de que el pago de derecho por el trasvase de aguas nacionales procede por el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales conducidas de una cuenca hidrológica a otra mediante obras de infraestructura hidráulica, independientemente de que exista o no conexión natural entre las cuencas. Lo anterior otorga certeza jurídica a los usuarios que se beneficien por el trasvase.
Establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorice a las personas físicas o morales el uso temporal del espectro radioeléctrico al término de la concesión, en tanto paguen los derechos por el uso del espectro radioeléctrico en los tres meses siguientes al otorgamiento de la nueva autorización.
Prevé un esquema fiscal de los derechos por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, con el propósito de generar congruencia con lo previsto en la normatividad vigente que regula las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación.
Respecto al pago de derecho por ingreso a museos, monumentos, sitios y zonas arqueológicas, refiere que las personas que pertenezcan a comunidades indígenas ubicadas en municipios colindantes a sitios y zonas arqueológicas, no pagarán el derecho por su acceso, siempre que acrediten su domicilio en dichos municipios.
En tanto, las personas guías de turistas debidamente acreditadas por la Secretaría de Turismo Federal, estarán exentas del pago de derecho por el acceso a los museos, monumentos, sitios y zonas arqueológicas.
Al pronunciarse en contra del dictamen, la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) señaló que este dictamen no considera las decisiones de la Ley de Ingresos, pero sí modifica cantidades que impactarán al ingreso, por lo que pidió que los derechos de los extrajeron no sean dirigidos a un fin en específico.
Steve Esteban Del Razo Montiel, diputado de Morena, planteó que este dictamen busca proporcionar mejor servicios y condiciones en el aprovechamiento de los bienes de la nación. Agregó que la modificación principal son los ingresos que se destinarán al Fideicomiso del Tren Maya, servicios aduaneros, competencia económica, marítimos, educativos, aguas nacionales y descargas de aguas residuales.
El diputado Yerico Abramo Masso (PRI) dijo que este dictamen descuida la promoción de la infraestructura turística nacional, cultural, carreteras y pueblos mágicos, ya que, con los recursos generados por la visita de los extranjeros al país, el 80 por ciento se utilizaba a estas áreas.
La diputada Rosalinda Domínguez Flores (Morena) indicó que este dictamen estable un esquema de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, por los enlaces multicanales, microondas entre dos estaciones terminales para servicios públicos o privados de señales de telecomunicaciones. Además, una claridad en el cumplimiento de las obligaciones de la personas físicas o morales en este rubro.
Raymundo Atanacio Luna, diputado de Morena, comentó que con este dictamen se actualizan los costos por el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, para recaudar mayores recursos destinados al cuidado y mantenimiento de las áreas naturales protegidas y los cuerpos de aguas nacionales.
La diputada Paola Tenorio Adame (Morena) explicó que este dictamen propone una serie de modificaciones a la Ley Federal de Derechos, a fin de actualizar cuotas por debajo de la inflación, con ello se garantiza que la actual administración reciba recursos por la prestación de servicios y por el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público del país.
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