Cámara de Diputados aprobó, en lo general, dictamen que adiciona Ley Orgánica del PJF sobre fondos y fideicomisos

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, por 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención, el dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Se establece que, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente (Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia).

En los transitorios menciona que los órganos del Poder Judicial que funjan como fideicomitentes deberán coordinarse con las instituciones que funjan como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos que no se ajusten a lo que establece el segundo párrafo del artículo 224 de su Ley Orgánica y dar por terminados los mandatos correspondientes, con la finalidad de que en el plazo máximo de 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, se suscriban los convenios de extinción o terminación, respectivamente, en términos de las disposiciones aplicables.

Indica que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos, que por razón del presente decreto se extinguen o terminan, serán atendidas con los recursos que correspondan de los propios fideicomisos, de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardado los derechos que correspondan.

Además, los recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, independientemente del ejercicio fiscal en que se hayan originado y que formen parte de los instrumentos jurídicos que por razón del presente decreto se extinguen o terminen,  deberán enterarse en términos del artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a las unidades administrativas con funciones de tesorería en los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación al término del plazo señalado en el artículo Segundo Transitorio del presente decreto.

Para lo particular, la Mesa Directiva informó que se presentaron propuestas de modificación al proemio y metodología del dictamen, a la denominación del artículo único del proyecto de decreto, al artículo 224, así como a los artículos transitorios primero, segundo, tercero y cuarto del proyecto de decreto.

En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Erasmo González Robledo (Morena), expresó que el objetivo del dictamen es contribuir al fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y austeridad en la gestión de recursos públicos en todos los niveles y sectores del Estado mexicano.

Se propone, dijo, que dentro del Poder Judicial no puedan crearse ni mantenerse fondos o fideicomisos adicionales a los contemplados por su propia ley, como es el caso del Fondo para la Administración de Justicia.

Con la finalidad de preservar la seguridad jurídica, expuso que el régimen transitorio determina que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos por razón del decreto se extinguen o terminan, sean atendidos con los recursos propios de los fideicomisos, de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables.

“De tal forma que los recursos de los fideicomisos no se reintegrarían en automático a la Tesorería de la Federación, sino que deberán ser aplicados para cumplir todas las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan”, añadió.

González Robledo resaltó que únicamente los recursos remanentes serían reintegrados a las tesorerías correspondientes de los propios órganos del Poder Judicial y, posteriormente, a la Tesorería de la Federación. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral deberán realizar una cuidadosa revisión de las obligaciones derivadas precisamente de estos instrumentos financieros y garantizar su cumplimiento.

Con el dictamen, aseguró, no se afectará la independencia judicial, elemento fundamental de un Estado constitucional de derecho, que siempre debe ser protegido. En lugar de ello aborda específicamente la necesidad de optimizar la gestión de los recursos públicos de manera más eficiente, transparente y regulada.

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena, sostuvo que esta reforma, que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, “es legal, falso que sea ilegal; es pertinente y, sobre todo, es necesaria. Está apegada a la división de poderes, nadie le niega el control constitucional a la Suprema Corte”.

Indicó que es respetuosa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y ninguno de los 14 fideicomisos tiene en sus componentes establecidos en los contratos con la fiduciaria el beneficio a ninguno de los 55 mil 800 trabajadores. Resaltó que 10 mil millones de pesos están destinados como compensación a prestaciones y a jubilaciones. “No vamos a permitir que nos nieguen el control presupuestal que nos establece la Constitución”.

Por el PAN, el diputado Oscar de Jesús Almaraz Smer precisó que el dictamen debilita la democracia y atenta contra uno de los tres poderes que comprometen el Estado; es inconstitucional y carece de fundamentación normativa suficiente para ejercer de manera efectiva los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, “porque un acto legislativo no puede extinguir un negocio jurídico bancario legalmente constituido como son los fideicomisos creados para un fin específico”.

Destacó que los 13 fondos y fideicomisos que se pretenden extinguir se han constituido también con recursos de los trabajadores del Poder Judicial, no sólo con recursos públicos que derivan en asignaciones presupuestales. Este dictamen, agregó, contraviene el principio de progresividad y afecta de manera directa e indirecta los derechos laborales Y sociales de todos los trabajados de dicho Poder.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (PRI) dijo estar en contra de afectar las expectativas de derecho de los trabajadores al servicio del Estado adscritos al Poder Judicial, burócratas que tienen como patrón a uno de los tres poderes. El dictamen rompe la normalidad constitucional, “atenta contra el principio de división de poderes cuando un Poder se arroga la facultad de disponer de los activos, de los recursos o de los fideicomisos de otro”.

Recalcó que la reforma atenta contra los derechos y contra la seguridad social de los trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado porque “esos fideicomisos, de los cuales el Poder Ejecutivo busca apropiarse, le dan garantía de las prestaciones y de los derechos laborales”. 

Luis Edgardo Palacios Díaz, diputado del PVEM, señaló que el dictamen establece que dentro del Poder Judicial de la Federación no existan otros fondos y fideicomisos adicionales a los que expresamente prevea su Ley Orgánica. “Debemos dejar claro que de ninguna manera se trastocará ningún derecho salarial o laboral adquirido en dichos instrumentos”. 

Con las modificaciones, indicó, se estarían eliminando 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial que no cuentan con el respaldo jurídico adecuado y no se encuentran contemplados en su Ley Orgánica, “permitiendo de esta forma eliminar la opacidad y el manejo discrecional de los recursos públicos. Con este cambio prevalecerá el principio de transparencia y rendición de cuentas”.   

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) destacó que el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados estableció que no se advierte una vulneración de derechos básicos de una relación laboral, en tanto que los recursos destinados a cubrir derechos se encuentran previstos por ley y no mediante un fondo o fideicomiso. “Dónde estamos afectando a los trabajadores de la Suprema Corte”, preguntó.

Cuestionó si se busca seguir solapando la corrupción, manteniendo privilegios y si el Poder Judicial requiere una reforma profunda. “No se valen los privilegios que está teniendo la Suprema Corte, no afectamos a ningún trabajador del Poder Judicial ni a ninguno de sus derechos. México requiere una transformación y vamos por esos fideicomisos que permiten corrupción en el Poder Judicial”.

Por MC, el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg expresó que lo que se va a legislar estuvo mal en su procedimiento y eso llevará a amparos, acciones de inconstitucionalidad y se resolverá nuevamente un asunto en la Corte, ya que gran parte de los 13 fideicomisos que se quieren desaparecer vienen de las propias aportaciones mensuales, colectas y donativos de las y los trabajadores.

Lo que se pretende, afirmó, es una nacionalización de recursos privados; es un antecedente gravísimo, pues tal vez lo que siga será nacionalizar las cuotas obrero patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social o las Afores. “Es un precedente grave y se afecta a personas de carne y hueso. Debemos dialogar para no volver a cometer errores como los suscitados en los fideicomisos anteriores”.

Miguel Ángel Torres Rosales, diputado del PRD, mencionó que los derechos de las y los trabajadores no deben sujetarse a caprichos políticos, menos cuando están en la Ley o en las condiciones generales de trabajo. La reforma, dijo, no surtirá efectos, pues mediante amparos de los trabajadores y las acciones de inconstitucionalidad que se harán llegar “esta reforma también se va a caer”.

Relató que el dictamen no fue competencia de la Comisión de Presupuesto; busca eliminar 13 fideicomisos de los 14 que tiene actualmente el Poder Judicial y con ello se pretende que poco menos de 15 mil millones de pesos pasen a las arcas del Poder Ejecutivo vulnerando los derechos laborales de 55 mil trabajadores que resultaran afectados. Estos fideicomisos datan de 1988.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD) precisó que La reforma está poniendo en riesgo la viabilidad del Poder Judicial y la impartición de justicia. “A quienes se afecta no es a los ministros sino a las y a los trabajadores. No nos engañen y si hay pruebas vayan y denuncien como lo hemos hecho nosotros”.

Sonia Rincón Chanona, diputada de Morena, subrayó que no se pretende vulnerar derechos adquiridos ni atentar contra la autonomía del Poder Judicial. “Este dictamen debe ser aprobado, no podemos seguir permitiendo que los recursos públicos que se destinan al Poder Judicial se destinen a fondos o fideicomisos de privilegios; buscamos acabar con la burocracia dorada”. 

Del PRI, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante aseguró que la reforma no contribuye a mejorar la administración de justicia, atenta los derechos de las y los trabajadores y es un golpe a la división de poderes. “Es un intento por debilitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Estado de derecho; es inoperante la eliminación de los fideicomisos y los recursos son propios del Poder Judicial y de las y los trabajadores”.

La diputada Ana Laura Huerta Valdovinos (PVEM) expresó que de los fideicomisos en el Poder Judicial únicamente uno se encuentra contemplado en la Ley Orgánica y los restantes no cuentan con un respaldo legal que avale su existencia, por lo que con la extinción de ellos habrá mayor transparencia y se aprovechará de manera óptima los recursos remanentes en favor de la nación y habrá una gestión eficiente. 

Por el PRD, la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo mencionó que el dictamen carece de elementos técnicos y jurídicos para sustentar la propuesta. “Es una narrativa tramposa, mentirosa y corrupta; no quieren desaparecer privilegios sino desviar recursos para crear otros. El Poder Judicial no es una dependencia del Gobierno Federal y desaparecer estos fideicomisos no representa una acción republicana de transparencia y rendición de cuentas”. 

Erika Vanessa del Castillo Ibarra, diputada de Morena, reiteró que los sueldos y prestaciones de la base trabajadora del Poder Judicial no dependen de un fideicomiso. “Los sueldos de los trabajadores están estipulados en un ramo autónomo; que no los utilicen ni los engañen, y los trabajadores de base saben cómo los magistrados derrochan”. 

La diputada María Elena Limón García, de MC, precisó que la eliminación de los fideicomisos es una venganza hacia la Corte y esta reforma afectará los derechos laborales adquiridos de más de 50 mil trabajadores adscritos al Poder Judicial de la Federación, “dañarán a quienes sí trabajan todos los días en la institución y, sobre todo, dañarán a sus familias”. Es una “evidente violación a la autonomía e independencia de dicho Poder”.

Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, sostuvo que “en el Poder Judicial “se dedicaron a acumular recursos en 14 fideicomisos, pero no los ocupan para lo que supuestamente son, y eso no lo decimos nosotros, eso lo dijo la Auditoría Superior de la Federación que ha emitido observaciones en las que da cuenta del poco uso de los recursos de esos fideicomisos”. Indicó que la extinción de los   fideicomisos no es ningún acto de venganza.

La diputada Karla Ayala Villalobos (PRI) señaló que con esta reforma se está poniendo en peligro y riesgo la estabilidad del Poder Judicial, no se está afectando a los ministros y los jueces, sino a todos los trabajadores. Pidió dejar de afectar a la clase trabajadora, “mejor fortalezcamos al Poder Judicial”. Reconoció que los fideicomisos necesitan mayor transparencia y control, “pero no por eso tienen que desaparecer”. 

La diputada Nancy Yadira Santiago Marcos (Morena) destacó que “el Poder Legislativo tiene la facultad de eliminar fideicomisos públicos opacos en bien del erario”. Estimó que la función judicial jamás debe descansar sobre acciones injustas, porque de lo contrario nunca podrá impartirse justicia. “El Poder Judicial por décadas ha sido intocable”.

La diputada Karen Michel González Márquez (PAN) dijo que su grupo parlamentario está en contra de esta propuesta que pretende debilitar al Poder Judicial que es un contrapeso fundamental para que “esta República siga siendo una República y no una monarquía”. Añadió: “claro que vamos a votar en contra porque estamos del lado de las y los trabajadores del Poder Judicial que hoy temen por sus derechos laborales”.

Hamlet García Almaguer, diputado de Morena, señaló “hoy se aprobará este dictamen que ha cumplido con todas las formalidades procesales” y reconoció que “vienen las impugnaciones, sin duda, pero hemos cumplido con las formalidades de este proceso”. Puntualizó: “queremos una Corte más humana, una Corte a la que le duela la pobreza y la injusticia, una Corte solidaria, una Corte cercana, una Corte sin lujos, una Corte sin privilegios y una Corte sin excesos”.

En votación económica, se desecharon las mociones suspensivas presentadas por las diputadas Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) y Olga Luz Espinosa Morales (PRD), y los diputados Jaime Bueno Zertuche (PRI) y Omar Enrique Castañeda González (MC), quienes pidieron detener la discusión del dictamen, al afirmar que se afecta el principio de división de poderes y los derechos de las y los trabajadores.

Además, se informó que las mociones de los diputados Román Cifuentes Negrete (PAN) y Miguel Ángel Torres Rosales (PRD) fueron insertadas en el Diario de los Debates, a petición de ellos mismos.