Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados
La Comisión de Justicia, que preside el diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), se reunió con diversas autoridades competentes en la materia con el objeto de analizar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024.
El diputado Macías Olvera destacó la importancia de la reunión ya que servirá para construir la opinión que la Comisión envía a su homóloga de Presupuesto rumbo a la aprobación del PEF para el Ejercicio 2024. Dijo que es una prerrogativa de las y los legisladores el saber a dónde se va el dinero de las y los mexicanos.
Subrayó que es relevante escuchar a los funcionarios porque son ellos los que conocen las características y funciones que realizan las instituciones para garantizar el acceso a la justicia en sus diferentes rubros.
La diputada Julieta Mejía Ibáñez (MC) recordó que hace unos días en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se aprobó eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, lo que suscitó varias inquietudes sobre todo en el sindicato de trabajadores y preguntó si los recursos para el pago de prestaciones del personal están contemplados en el presupuesto y por qué se señala que la extinción de fideicomisos afectaría el derecho de las y los trabajadores.
Del PRI, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria dijo que la Comisión Nacional de Atención a Víctimas informó que uno de los rubros que mayormente atienden es el apoyo de diversas maneras. Preguntó ¿esto que realizan se refiere a que lo hacen en oficinas centrales o están dispersando recursos a los estados y si es así, con base en qué criterios? Por otra parte, interrogó al Tribunal Superior Agrario sobre los rezagos que tienen y si requieren de recursos adicionales.
El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) precisó que en las páginas 20, 27 y 31 del dictamen que se discutirá en el Pleno están los balances de los fideicomisos y las recomendaciones contenidas en los informes de la Auditoría Superior donde se hace alusión a los 72 y 100 años de recursos. A la representante del Consejo de la Judicatura le preguntó sobre la partida 22105 Productos Alimenticios para Personas Servidoras Públicas Superiores donde solicitan un monto de 386.3 millones de pesos ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuántas son? ¿Qué categorías tienen?
Sue Ellen Bernal Bolnik, diputada del PRI, enfatizó que la impartición de justicia es fundamental porque “vivimos en un país que está ardiendo, no podemos dejar a un lado la gran cantidad de casos y lo que representa para la justicia y el deber que tenemos como legisladores el darles las herramientas presupuestales para que puedan hacerlo. Más allá de colores, ideologías y partidos, la justicia es para todos”. Preguntó ¿qué está pasando con el Centro Nacional de Identificación Humana? ¿Cuánto presupuesto se le está asignado?
El diputado Miguel Rodarte De Lara (PAN) preguntó si de los 14 fideicomisos, todos son públicos o existen algunos en los cuales intervengan exclusivamente aportaciones privadas, esto es, aportaciones de servidores públicos que se encuentran laborando dentro del Poder Judicial de la Federación, lo que los eximiría de la esfera del fideicomiso público.
En su oportunidad, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena) afirmó que se deben revisar las funciones duplicadas en el ejercicio de la impartición de justicia por el Poder Judicial Federal porque a través del amparo y de los jueces federales, el Poder Judicial se ha quedado prácticamente con la materia sustantiva de la Comisión de Derechos Humanos, buena parte de los Tribunales Agrarios y del Contencioso Administrativo federal y local, porque los jueces de amparo toman todos los asuntos y resuelven legalidades, lo que representa un gasto adicional.
Preguntó a los integrantes de la Corte y del Consejo de la Judicatura si han devuelto los recursos excedentes del presupuesto anual o los han estado acumulando para agregar a las prestaciones y si están conscientes que esto viola la ley de responsabilidades hacendarias
Dimpna Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mencionó que la propuesta del Proyecto de Presupuesto 2024 del Poder Judicial asciende a 84 mil 792.4 millones de pesos, lo que representa en términos reales un incremento de 4 por ciento. “Este proyecto se encuentra estrictamente apegado al marco legal definido para su construcción y está debidamente sustentado normativamente para cada rubro de gasto”.
Puntualizó que cada peso está orientado para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia y a ampliar su alcance, sobre todo a la luz de las nuevas obligaciones establecidas por las reformas recientemente aprobadas. “En el Poder Judicial Federal estamos con la transparencia y la rendición de cuentas que la ciudadanía nos demanda a los tres Poderes de la Unión”.
Francisco Sáenz de Cámara Aguirre, oficial mayor de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo que para el Ejercicio Fiscal 2024 se requiere un presupuesto de 19 mil 333 millones de pesos, lo que representa un incremento de dos por ciento respecto al aprobado en 2023. “El presupuesto está apegado y concordante con las medidas de disciplina presupuestaria, y garantiza la eficiente operación de la Institución, además de que fortalece sus resultados”.
Refirió que para servicios personales se prevé un importe de 13 mil 886 millones de pesos el cual considera sueldos, salarios, paquete salarial, estímulos al personal, costos asociados a condiciones generales de trabajo vigentes y demás prestaciones vigentes previstas en la ley. Agregó que para gastos de inversión se solicitan 743 millones de pesos, cantidad menor en 25.7 respecto a 2023, lo que servirá para fortalecer las capacidades institucionales.
Guillermo Valls Esponda, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), solicitó apoyo para revisar el monto del techo presupuestal. Puntualizó que con los recursos solicitados se dará continuidad a la operación sustantiva del Tribunal y salvaguardar los derechos laborales de los tres mil 505 trabajadores jurisdiccionales y administrativos.
Entre los proyectos prioritarios están el consolidar el funcionamiento del sistema de Juicio en Línea Dos para hacerlo más ágil, sencillo, económico y seguro, elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres para asegurar la continuidad de los servicios y sistemas informáticos, contar con un plan de ciberseguridad para proteger la información digital, e implementar un servicio de gestión a través de un modelo de tecnologías de la información. “Estos proyectos permiten abaratar costos en la impartición de justicia”.
Oscar Santiago Sánchez, secretario administrativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), refirió que el presupuesto no es sólo una cifra, es un mecanismo diseñado para salvaguardar la estabilidad democrática del país. Agregó que en términos general el Tribunal elaboró un proyecto de presupuesto que asciende a tres mil 890 millones de pesos.
De esta cantidad, añadió, el 72 por ciento se destina a gastos fijos operativos, el 27 por ciento a gastos asociados para hacer frente al proceso electoral federal 2023 y 2024, y uno por ciento dirigido a proyectos de infraestructura física y tecnológica. “El proyecto de presupuesto que ponemos a su consideración contempla un crecimiento cero en el gasto fijo operativo”.
Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en representación de la Comisión Nacional de Búsqueda indicó que se aprobó un proyecto de presupuesto de mil 149 millones de pesos. Subrayó que se debe tomar en cuenta que la institución tuvo un gran crecimiento en los últimos años. “En términos de subsidios que representan el 74 por ciento del presupuesto está encaminado a fortalecer las instituciones locales en materia de búsqueda”.
Apuntó que este presupuesto está dirigido a fortalecer las capacidades institucionales locales en materia de búsqueda e identificación humana. “Sabemos que hay un rezago importante en esta materia y que en los últimos años hemos destinado más de dos mil 300 millones de pesos para fortalecer esas capacidades institucionales”.
Hugo Abel García Loa, director general de Administración y Finanzas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mencionó que para el techo presupuestal se otorgaron mil 113 millones de pesos, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: para el Capítulo 1000 se destinan 256 millones, en el Capítulo 2000, 7 millones, en el Capítulo 3000, 215 millones y al capítulo 4000 con 633 millones, esto es para el año 2024.
Afirmó que es importante dar herramientas al equipo operativo que se encuentra en los 32 centros de atención. “Como pueden ver, en el capítulo 4 mil es donde más erogamos, donde tenemos las mayores atenciones, donde otorgamos los apoyos a víctimas en temas de medidas de alimentación y alojamiento, traslados, gastos funerarios y médicos. Ocho de cada 10 pesos se va para gasto a víctimas”, afirmó.
Edgar Rodolfo Chavira Anaya, titular de la Unidad General Administrativa del Tribunal Superior Agrario, comentó que la solicitud de presupuesto para el Ramo 31, que es de mil 361 millones, mismo que se enfoca a fortalecer y acercar la justicia agraria a uno de los sectores más vulnerables: el campesino; “todo esto enfocado a la implementación del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación”.
Consideró que contar con el recurso mínimo por un monto adicional de 420 millones de pesos garantizará un presupuesto en el Capítulo 1000 y la creación de plazas para nivel de auditoría, así como para cubrir las necesidades básicas para la operación jurisdiccional administrativa en rubros como papelería, combustible, viáticos y arrendamiento de inmuebles.
Alejandro Sibaja Ríos, director general de Finanzas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo que hicieron un esfuerzo por visualizar el Presupuesto 2024 como austero. Lo propuesto, añadió, es de mil 722 millones de pesos, “lo normal hubiera sido crecer con la inflación, el cuatro por ciento respecto al 2023, pero fuimos al revés, bajamos cuatro por ciento y esto nos lleva a tener un nivel similar, en términos nominales, al año 2022”.
Mencionó que en el presupuesto que propone la institución para 2024 se cuidan los servicios personales, no crecen los salarios, se bajan los sueldos de los servidores de mando porque “estamos convencidos que los que trabajamos en la CNDH no estamos por el sueldo, estamos por servir a los mexicanos y bajamos seis por ciento a los sueldos de mando, y en un afán de justicia con los que menos ganan se incrementó tres por ciento a los salarios más bajos”.
La oficial mayor de la SCJN, Dimpna Gisela Morales González, precisó en las cuentas públicas de los diferentes ejercicios fiscales se encuentran las partidas y conceptos que al cierre del ejercicio se reintegran a la Tesorería de la Federación y cuáles fueron las partidas que dieron origen a esos ahorros.
Sobre los subejercicios comentó que reintegran a la Tesorería de la Federación los recursos que quedan disponibles al cierre de cada año. En cuanto a la transferencia de los subejercicios en el tema de los fideicomisos, puntualizó que en los últimos seis años el Poder Judicial de la Federación no ha transferido recursos a ninguno de sus fideicomisos.
En su oportunidad, Hugo Abel García Loa, director general de Administración y Finanzas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, subrayó que una parte de la política es la atención directa en los centros de atención de las 32 entidades federativas.
Edgar Rodolfo Chavira, de la Unidad General Administrativa del Tribunal Superior Agrario, expresó que el rezago agrario se atiende con una estrategia implementada en 2021 en donde las y los titulares de las magistraturas agrarias suscribieron una declaratoria con el fin de atender los asuntos en trámite recibidos con antelación al año 2019. “Se atendieron 25 mil 780 expedientes en trámite, con lo que se ha reducido cerca de 60 por ciento de expedientes.
Alejandro Sibaja Ríos, director general de Finanzas de la Comisión Nacional de los Derechos humanos, dijo que un indicador importante para medir a la CNDH es el número de recomendaciones que emite. Agregó que 2023 es el año que más recomendaciones se han emitido, con el apoyo de sus 16 oficinas regionales.
Al dar respuesta, Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que el Centro de Identificación ya está en funcionamiento a partir de agosto de 2022 y cuenta con 59 servidores públicos con formación forense que realizan acciones para recabar 3 mil 182 acciones muestras derivadas de mil 300 entrevistas con víctimas.
En tanto, Francisco Sáenz De Cámara Aguirre, oficial mayor de la Fiscalía General de la República, puntualizó que el Banco Nacional de Datos Forenses requiere de una herramienta tecnológica que ya fue desarrollada por la FGR y está en operación, integrando las bases de datos de todas las fiscalías estatales, así como de organismos.
Por último, Óscar Santiago Sánchez, secretario administrativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que se han realizado inversiones en infraestructura tecnológica y física, así como estrategias de planeación que han permitido mitigar el crecimiento en el gasto operativo, además de que en materia de alta especialización y profesionalización de las personas juzgadoras y personal se han implementado herramientas, como el juicio en línea, que ha abatido en gran medida los costos.
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