Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside el diputado Erasmo González Robledo (Morena), y el Grupo de Trabajo Gobierno se reunieron con la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Andrea Marván Saltiel, en el marco del análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024.
Al dar la bienvenida, el diputado González Robledo indicó que con este encuentro se busca abrir un diálogo institucional, directo y cordial con los órganos autónomos, a fin de fortalecer de forma importante la arquitectura del instrumento de política pública que es el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Destacó las labores de la Cofece para mantener una economía saludable que permita la participación de agentes económicos en distintos sectores productivos, lo que ayuda a la sociedad para el acceso a bienes y servicios de mayor calidad, además de preservar la libertad económica y la igualdad de oportunidades.
Dijo que los 774 millones de pesos solicitados generan consideraciones superiores de beneficio a la hacienda pública, por lo que preguntó qué advierte en su propuesta de presupuesto para el próximo año en cuanto a gastos de personal, al Capítulo 1000, y sobre los demás gastos de operación e inversión.
Expresó su interés por conocer cuántas plazas de trabajo hay en la Cofece y si se tiene contemplado algún plan de impulso a algunas áreas específicas. Además, si las investigaciones que realizan son públicas y se puede acceder a ellas. Conocer si la acción de la Cofece abarca también parte del estudio de la referencia de los acuerdos y tratados comerciales internacionales.
El diputado Salomón Chertorivski Woldenberg (MC) consideró que la Cofece ha hecho un buen trabajo en diferentes rubros y estimó que para hacer más necesitan mayores recursos, por lo que el presupuesto para este organismo debería ser una prioridad. Cuestionó cuál es la nueva agenda de competencia que tiene y cómo se puede verificar que los recursos que se le otorgan son bien utilizados.
En tanto, la diputada Erika Vanessa Del Castillo Ibarra (Morena) indicó que “hay una sociedad cansada de abusos por parte de las empresas”, por lo que preguntó por qué las multas y las sanciones de la Cofece no superan el daño causado a los consumidores y cómo se les podría resarcir por los daños.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (Morena) reconoció la importancia del trabajo de la Cofece para el desarrollo y progreso del país. Inquirió sobre las investigaciones respecto del gas natural y de Amazon, cómo se coordina con la Procuraduría Federal del Consumidor, si hay algún convenio con ellos y cómo el consumidor puede saber cuáles son los mecanismos de defensa.
También de Morena, el diputado Hamlet García Almaguer cuestionó sobre las medidas de austeridad de este órgano y de que en otros países existen comparecencias ante el parlamento por parte de los agentes de poder sustancial de mercado. Además, ¿si el fenómeno inflacionario de los últimos años tiene un componente importante de transición o captación de utilidades corporativas?
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT) sostuvo que se debería fortalecer más a la Cofece, “porque evidentemente los actores en la competencia muchas veces hay uno o dos poderosos que imponen todos sus intereses al conjunto de la sociedad”. Comentó que hay muchas resoluciones en camino y una de ellas es la del mercado digital, por lo que preguntó qué otras observaciones de la Comisión están en proceso.
César Agustín Hernández Pérez, diputado de Morena, pidió saber cómo la Cofece puede contribuir a controlar la inflación y la carestía para que les alcance a las personas para más bienes de la canasta básica. Asimismo, cómo es su relación de la Cofece con el Consejo Coordinador Empresarial, ya que en éste se encuentran aglutinadas cámaras empresariales, a través de confederaciones que representan aproximadamente un 80 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
En su exposición, Marván Saltiel explicó que hoy estamos en una nueva etapa de la política de competencia, a pesar de que éste es el organismo autónomo con el menor presupuesto, pues el año pasado fue de 656 millones de pesos. “En términos reales el recurso ha decrecido en 30 por ciento y cada año es menor”.
Destacó que sus intervenciones han generado un beneficio de 34 mil millones de pesos a las y los mexicanos, debido a que por cada peso invertido en dicho órgano se han regresado seis, a través de acciones y creando pisos parejos para que empresas ofrezcan sus productos y servicios. “Las multas impuestas tan sólo en 2022 fueron de casi 5 mil millones de pesos, lo cual fortalece las finanzas públicas”.
Indicó que el anteproyecto para el próximo año es por 774 millones de pesos que se destinarán para detectar oportunamente las actitudes anticompetitivas, promover los principios de competencia, emitir recomendaciones para inversiones en sectores específicos, tramitar fusiones en forma rápida y expedita, además de fortalecer el Sistema de Gestión de Talento con enfoque técnico de alta especialización.
Al dar respuesta, la titular dijo que la Comisión ya cuenta con un plan estratégico sobre los sectores prioritarios en materia de competencia, los cuales son los mercados más importantes para la población. Planteó revisar los montos máximos de sanciones que marca la ley pues en ocasiones esto no siempre cubre el daño, por lo que se requiere que sean más severas.
“La sociedad mexicana está cansada por parte de las empresas, la ley contempla multas del 8 al 10 por ciento de los ingresos de los infractores, pero se han dado mecanismos para tratar de disuadir”.
Puntualizó que las empresas, sin importar su tamaño, deben conocer sus obligaciones establecidas en la Ley de Competencia. Aseguró que los funcionarios de esta institución no tienen seguros de gastos médicos mayores, haberes del retiro o seguro de separación individualizado o gastos de representación, además de que aplican medidas claras ante la necesidad de tener instituciones austeras.
Aclaró que el 76 por ciento del presupuesto va a sueldos y salarios, con una plantilla de 476 personas, pero se busca que crezca a 519. Cada una de las investigaciones y procedimientos requieren de personal suficiente y capacitado.
Resaltó que más del 75 por ciento de la decisión de multa de la Comisión son sostenidas, llegando al 95 por ciento en el actual año, pero aclarando que todas estas pueden pasar por una revisión judicial por el derecho de los sancionados a impugnar.