¡Persecución política con saña gubernamental!

Por Guillermo Pimentel Balderas 

• Soy objeto de una supuesta falta administrativa no grave, por presuntas irregularidades en la integración y resguardo de expedientes de productores beneficiarios del programa PIMAF 2016 en el estado de Chiapas. 
• De manera dolosa lo ha establecido la Secretaria de la Función Pública en mi perjuicio, afirma Cruz Alberto Uc Hernández. 
• ¿Lo consideran un fuerte rival político en Campeche para las próximas elecciones?  

¿Existe una persecución, política en contra del ex servidor público Cruz Alberto Uc Hernández?  Se manifiesta una saña gubernamental y un avasallamiento por parte de la Secretaria de la Función Pública y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Resulta que el actual gobierno de la 4T, pretende cobrarle al doctor en Economía Agrícola, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, más de 57 millones de pesos por una supuesta falta administrativa no grave, por presuntas irregularidades en la integración  y resguardo de expedientes de productores beneficiados  del programa PIMAF 2016 en el estado de Chiapas. 

Pero, resulta que ex delegado de la entonces Sagarpa en Chiapas, fue designado en ese cargo el 1 de enero de 2017, es decir, un año después de la apertura y cierre de ventanillas del programa PIMAF 2016, así como de la integración y resguardo de los expedientes, pues tal responsabilidad fue de los funcionarios adscritos en la delegación de Sagarpa Chiapas y funcionarios adscritos a la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico en el año 2016 y, no de él, como de manera dolosa lo ha establecido la Secretaria de la Función Pública (desde Eréndira Sandoval como titular) en su perjuicio. 

El expresidente de la Confederación Nacional Agronómica y ex delegado de Agricultura en Campeche, Sinaloa y Chiapas, explicó a este reporteo en entrevista que no obstante de todas las pruebas presentadas en el Proceso de Responsabilidades Administrativas, la Secretaría de la Función Pública, de manera por demás dolosa, impuso una sanción que no corresponde por comisión ni por omisión. Además de ser desproporcionada e ilegal. 

El también presidente de la Federación de Colegios de Agrónomos de la República Mexicana expone que las pruebas viciadas usadas en su contra trascendió a los tribunales y por error de los tribunales “POR LA ILEGALIDAD DE TODAS SUS NOTIFICACIONES”, demostrado en Juicio de Amparo, se transgredió su derecho a la legítima defensa y debido proceso, de tal manera que no ha sido vencido en juicio por los méritos de fondo del mismo y se ha llegado a la resolución de juicio concluido en su perjuicio. 

Por tal razón, el especialista en agronomía, en uso de su derecho a legítima defensa, presentó recurso de Acción de Nulidad de Juicio Concluido por las múltiples violaciones a sus derechos humanos y dolo perpetrado por la Secretaría de la Función Pública y la Tercera Sala Regional de Justicia Administrativa. 

Explicó a este reportero que en noviembre de 2015 fue nombrado Delegado de Agricultura en el Estado de Campeche, cargo que ostento hasta agosto de 2016, cuando fue reasignado a la Delegación de agricultura en Sinaloa. Durante este tiempo realizó sus funciones sin ninguna observación administrativa, pese a las múltiples auditorias que de manera cotidiana se realizaban en las diferentes dependencias del Gobierno Federal. 

“El primero de enero de 2017, fui designado delegado de Agricultura en el Estado de Chiapas, cumpliendo con todas mis obligaciones legales propias de la titularidad de la Delegación Federal de agricultura, sin ninguna observación administrativa. No obstante, por supuestas irregularidades en la integración de los expedientes del Programa PIMAF del ejercicio fiscal 2016, la Secretaria de la Función Pública, después de un proceso de Responsabilidades Administrativas, concluyó de manera dolosa, usando pruebas por demás viciadas, adjudicándose facultades que la propia ley reserva para los tribunales competentes; además de usar leyes retroactivas en mi perjuicio, que yo era responsable administrativamente por una falta no grave, que dolosamente fue reclasificada por la Secretaria de la Función Pública, con el único objeto de perjudicarme y conculcar mis derechos humanos al trabajo y mis derechos políticos para participar en cargos de elección popular”.

Agrega que aun con el hecho de que nadie puede responder por responsabilidades ajenas, dado que en 2016 estaba asignado a la delegación de Campeche y no a la de Chiapas, “ese mismo programa me tocó llevarlo a cabo en Campeche en el año 2016, sin observación administrativa alguna”. 

Manifiesta que es incomprensible la actitud y conclusiones a las que llegó la Secretaría de la Función Pública en su perjuicio, sobre todo que a quienes les tocó legalmente en tiempo y forma la operación de este programa en el Estado de Chiapas no se tiene registró de procedimiento administrativo alguno y menos alguna sanción sobre el particular. 

“Por este motivo he recurrido a diversas instancias y procedimientos para hacer que la verdad material y jurídica sea esclarecida, con la seguridad de que en un ambiente de aplicación irrestricta de la ley un servidor debe ser relevado de cualquier responsabilidad y sanción impuesta de manera dolosa por la Secretaría de la Función Pública, y sobre todo que mis derechos políticos sean garantizados para poder ejercerlos a plenitud”.

Refiere: “Existe un daño moral y político irreparable, desde 2021, cuando fui invitado a participar como precandidato a Gobernador de mi estado, Campeche, con la publicación en medios locales y nacionales impresos y digitales, la resolución a la que llegó la Secretaría de la Función Pública, conculcando desde entonces mis derechos políticos y al trabajo”. 

Concluye: “Con independencia de los resultados obtenidos con los diversos instrumentos legales que la propia Constitución Política tiene previsto y las convenciones a las que México está obligado a cumplir, seguiré promoviendo desde mi ámbito profesional la Reforma Rural que México requiere, sin ninguna restricción política e ideológica, más que la congruencia y ética profesional que un servidor siempre a puesto al servicio de la sociedad mexicana y en particular de los pequeños y medianos productores y agrónomos de México.

Cabe recordar que en febrero pasado publique un escrito de Uc Hernández, donde señala que La Jornada no cumplió su petición de Derecho de Réplica, pues publicó un “profundo agravio”. Asegura que la nota periodística (de Gustavo Castillo) cae en falsedad. 

Uc Hernández, argumenta que esta nota le impide impugnar con los demás medios impresos, digitales y redes sociales, que erróneamente le dieron crédito a las afirmaciones falsas de La Jornada.

El presidente López Obrador, en una de sus “mañaneras”… aseguró que durante su gobierno (2018-2024) se respetará al Poder Judicial y no habrá persecución política contra opositores. 

También, afirmó que no se usa el Gobierno para perseguir a opositores, como era costumbre y recordó que en anteriores administraciones “se fabricaban delitos a adversarios” y a políticos “que caían de la gracia de los gobernantes y eran perseguidos”, aunque pertenecieran al mismo régimen. Remata señalando que “el nuevo Gobierno no actúa por consigna y no se le obliga a ningún juez de que se castigue a nadie”. ¡Gulp!

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