Instalan Grupo de Trabajo en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/H. Cámara de Diputados

Las Comisiones Unidas de Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado de la República instalaron el Grupo de Trabajo en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con el objetivo de coadyuvar en la construcción y expedición de la ley general respectiva.

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), apuntó que el objetivo es crear la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que armonice los procedimientos no jurisdiccionales, que ya se implementan en lo local en muchos casos.

Subrayó que es precisamente armonizar y homologar la mediación, remediación, conciliación, arbitraje, negociación, evaluación neutral, todos aquellos mecanismos muy específicos que tienen en común que las partes puedan gestionar por sí mismas la solución de conflicto; se convierte en un proceso de pacificación.

Hizo notar que “donde no tiene que haber forzosamente la intervención de una autoridad, estamos logrando ahorrar tiempo, dinero, descongestionar los tribunales y, sobre todo, fomentar la cultura del diálogo para la resolución de los conflictos”.

Consideró que la ley general tiene el gran espíritu de darle a la gente las herramientas necesarias para solucionar sus conflictos cotidianos, es aliviar a la comunidad. “Con esta visión debemos llevar la creación de este nuevo marco jurídico encaminado a darle a la gente motivos para que crea en nuestras instituciones”.

Esa va a ser la única vía para fomentar la cultura de la legalidad, de respeto al Estado de derecho y aplicación de las leyes; es la única ruta que permitirá pacificar a nuestro país. “México depende de nosotros, es la gran responsabilidad que tenemos”, afirmó.

Señaló que más allá del mandato constitucional de 2017 al Congreso de la Unión para expedir este nuevo ordenamiento, debe atenderse la enorme crisis de resolución de conflictos que hay en el país, que asciende a 2.2 millones de litigios, por lo que tenemos que buscar que estos casos en materia civil y familiar se solucionen de manera rápida y eficaz.

La diputada Aleida Alavez Ruiz, coordinadora del grupo de trabajo, dijo que este se encargará de la redacción del articulado de la ley general para cuya expedición se facultó al Congreso de la Unión.

Precisó que se debe ser especialmente cuidadosos al confeccionar y, eventualmente, expedir esta nueva legislación, porque se partirá de un hecho incontrovertible: hacer efectiva la garantía de cuando menos dos derechos humanos: el acceso a la justicia en fuentes ajenas a las jurisdiccionales y el de seguridad jurídica.

Añadió que es necesario establecer una misma base regulatoria que fije los elementos para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia en todo el país, y los parámetros para hacer efectivas las garantías de los derechos humanos.

Esos derechos implican que se desarrollen procedimientos no jurisdiccionales ágiles, pero sobre todo efectivos, que permitan a las partes involucradas en una controversia, sea cual sea su naturaleza, excepto la penal, buscar y construir una solución. Lo anterior podrá hacerse por ellas mismas o con la ayuda de una tercera persona, neutral e imparcial, explicó.

Subrayó que entender que estamos en presencia de una parte de la justicia cotidiana permite comprender que se trata de la resolución de conflictos del día a día, de atender los problemas más frecuentes de las personas y, en general, hacer que la justicia sea más sencilla, pronta y cercana.

“El grupo de trabajo estará conformado por expertos y congresistas que pondremos todo el cuidado para que el producto legislativo sirva a quienes necesiten resolver un conflicto y que decidan no acudir a los tribunales”, puntualizó.

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del PRI, consideró que la ley general permitirá homologar y cerrar brechas en cada uno de los estados, porque hay entidades muy avanzadas en la legislación de mecanismos alternativos de solución de controversias y otros que no lo están. Será un paso más para homologar la justicia a nivel nacional.

Del PT, el diputado Pedro Vázquez González manifestó su satisfacción por la instalación del grupo de trabajo, del cual se tienen grandes expectativas. El compromiso del grupo parlamentario es participar en todas las actividades en la búsqueda de este nuevo marco jurídico para la solución de controversias civiles y familiares.

Por el PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez sostuvo que la construcción de esta ley debe hacerse sin colores partidistas, porque la justicia debe ser pronta, expedita y con perspectiva de género. “Esperamos que este esfuerzo ayude a que los lazos comunitarios y familiares sean una prioridad y se puedan fortalecer con estos medios alternativos de solución de controversias”. 

La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, resaltó la importancia de la instalación del grupo de trabajo que va a articular y construir la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, tendente a que sea un ejercicio conjunto y unánime en beneficio de la población, donde se van a analizar todas las propuestas.

“Queremos un ejercicio democrático de parlamento abierto. Estamos en un momento histórico para darle una respuesta a la ciudadanía en esta materia. Esta ley que se va a construir con la aportación de todas las fuerzas políticas, porque aquí no hay partidos, aquí hay una ley que va a servirle a la gente”, aseguró.

Al participar, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, estimó necesario trabajar por la paz y destacó que un ejemplo es este acto que reúne el Congreso de la Unión y especialistas en un ejercicio democrático hacia la construcción de la nueva ley.

Hizo votos por un ordenamiento jurídico que garantice mayor prontitud y sencillez en la solución de conflictos y complemente el acceso a la justicia, la certeza jurídica y la paz social.

Columba Arias Solís, presidenta del Colegio Nacional de Notariado Mexicano, destacó su interés por participar en este grupo de trabajo, toda vez que la función notarial es preventiva de conflictos. “Estamos muy interesados porque el reto que tiene el notariado es la difusión y que participen los más de cuatro mil notarios, se capaciten y sean generadores de paz. Nos interesan los mecanismos alternativos de controversias y se viene trabajando como mediadores”.

Sergio Valls Esponda, coordinador de los Centros de Mediación de la República Mexicana, aseguró que la nueva ley tendrá un futuro promisorio, pues representa el inicio de la segunda época de la mediación en el país. Destacó que existen más de 500 mediadores públicos en México que tienen mucha fe y esperanza en este nuevo ordenamiento, su labor ha sido silenciosa y callada, pero ha servido a muchas familias con necesidades de justicia.

También participaron el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, y el titular de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Rafael Espino de la Peña.