Por Arturo Paz, reporte de Nuevo México Plural ante H. Cámara de Diputados
En la Cámara de Diputados, con la presencia de las ministras y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Javier Laynez Potisek, se entregaron las conclusiones de los conversatorios públicos: “Participación Ciudadana para la Transformación del Poder Judicial de la Federación”, convocado por el grupo parlamentario de Morena.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Ignacio Mier Velazco (Morena), entregó a las ministras y al ministro las relatorías y conclusiones de los conversatorios públicos realizados durante mayo y junio. “Este ejercicio de colaboración de poderes es fundamental para fortalecer el régimen republicano. Es grato que los ministros hayan aceptado la invitación para conocer los resultados de esta primera etapa de los conversatorios en donde se revisó el marco jurídico que regula al Poder Judicial”, señaló.
Resaltó la importancia de revisar integralmente la transformación del Poder Judicial, en donde es necesario el diálogo, la colaboración entre poderes, tener espacios dialécticos que permitan cuestionarnos, reflexionar y aprender a leer la funcionalidad constitucional y la eficacia en la instrumentación de la justicia para los mexicanos.
“Tómenlo como un documento provocador, eso queríamos; queríamos socializarlo a nuestros compañeros integrantes de los grupos parlamentarios para que sea un documento que provoque la discusión, reflexión democrática, sin otro interés de que realmente se garantice que vivimos en un país democrático que garantiza la justicia igualitaria para todos”, añadió.
El también coordinador del grupo parlamentario de Morena anunció que una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones se revisará lo que sucede en los estados, y se convocará a un parlamento que permita lograr que la justicia sea gratuita y llegue a todos los mexicanos.
La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, diputada Aleida Alavez Ruiz, destacó que el Poder Judicial debe estar a la altura de la exigencia del pueblo y responder a ella; uno de los reclamos más sentidos, dijo, es acabar con la corrupción y que el servicio público atienda los principios de democracia participativa directa, austeridad, transparencia y legalidad.
Se exige, añadió, dar un paso para democratizar el Poder Judicial de la Federación, empezando por la elección de quienes encabezan la Suprema Corte de Justicia de la Nación y continuar con todos los órganos que lo integran. “La participación ciudadana en las reformas del Poder Judicial es fundamental para promover el sistema democrático, transparente, la rendición de cuentas, la legitimidad y la confianza del sistema judicial”.
El coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado Jorge Romero Herrera, puntualizó que el proceso de reformar y evolucionar debe ser producto de una gran dialéctica. “En el PAN no vamos a despreciar el ejercicio de estos conversatorios, simplemente consideramos que debe ser apenas una porción de una dialéctica más amplia que incluya las voces del Poder Judicial, ministras, ministros, magistrados, circuito colegiados, de juzgados, tribunales superiores de justicia de las entidades, academia y barras para realmente llegar a un producto sintético, dialéctico e integral”.
Refirió que una reforma debe ser producto de una actualización de las instituciones según su contexto, tiene que ser producto de un ejercicio dialéctico, no puede ser producto de un arranque, capricho o enojo y menos de una sola voz. “Tiene que ser la suma de muchas voces, porque no creemos que se considere como necesidad de actualización reformar a la Suprema Corte a partir de que ésta comenzó a resolver temas que disgustaron”.
José Elías Lixa Abimerhi, diputado del PAN, consideró que este debe ser el punto de partida para una comunicación permanente, “teniendo como inicio la evaluación de lo que se ha reformado, entender cuáles han sido de manera concreta los aciertos y qué se puede mejorar desde el Poder Legislativo para que esa implementación sea exitosa, y que esa reforma calificada como la más importante en los últimos 30 años sí lo sea”.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, afirmó que el diálogo es importante y planteó analizar temas como hacia dónde va el Federalismo en el país, resolver la escalada punitiva, invertir dinero en el nuevo Sistema de Justicia Penal y poner atención al Código de Procedimientos Civiles.
Dijo que es cierto que se debe hacer una gran reforma, pero se debe ver la génesis del país y de las instituciones para no salirse de ese marco. “En el tema del sueldo, creo que necesitamos gente bien remunerada, con estabilidad a futuro. La Corte necesita presupuesto para muchas cosas y los tribunales estatales tienen que tener más presupuesto, eso lo debemos resolver nosotros, por nuestro pacto fiscal”.
Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado del PRI, resaltó que el principio de división de poderes ha estado presente desde la configuración de modelo de nación y ha sido pilar del sistema democrático.
“El diálogo es relevante en la pluralidad, a nosotros nos toca dar el derecho y a ustedes decir el derecho, son dos pilares que pueden fortalecer nuestro sistema democrático y nos exige y demandan ejercicios como este; el hecho de no ser electos por el voto popular no demerita la legitimidad. Todo sistema es perfectible, pero hay temas que se deben discutir de forma coordinada”, precisó.
La diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM) refrendó que la división de poderes y la participación ciudadana son elementos necesarios para garantizar la transparencia, rendición de cuentas y el equilibrio entre los órganos del Estado, ya que se fortalece el régimen democrático.
Consideró que esta serie de diálogos sometió al escrutinio público uno de los puntos de designación de los ministros de la Suprema Corte y permitió recoger reflexiones respecto de si éstos deben ser electos o no por voto popular. “En el Partido Verde siempre pondremos por delante los intereses de la ciudadanía, que siga escuchando la voz de las y los mexicanos y realizar modificaciones a nuestro régimen. No es un ataque a las instituciones, más bien se busca fortalecer al Poder Judicial con reformas centradas en el diálogo”.
El coordinador del grupo parlamentario del PT, diputado Alberto Anaya Gutiérrez, se congratuló con este diálogo, “creemos que debe ser más seguido, pues las condiciones del país y la disputa por el 2024 van a hacer necesario que este tipo de diálogo se haga más seguido y busquemos ponernos de acuerdo en cosas necesarias para la República”.
Planteó extender ese diálogo entre los poderes con la representación del Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Añadió que se está en una transición y, por eso, “nosotros saludamos la iniciativa de Ignacio Mier, y solicitamos que sea extensiva al Poder Ejecutivo y se vuelva práctica para darle salida a situaciones que se consideran pertinentes”.
Reginaldo Sandoval Flores, diputado del PT, mencionó que se debe hacer una verdadera reforma judicial para honrar el nombre de la Suprema Corte, pero lo más correcto es el diálogo para caminar juntos. “A nosotros nos corresponde hacer la ley, reformar la Constitución, y a ustedes aplicarlas y ver que se cumpla. El diálogo es la mejor ruta; abramos el diálogo franco entre poderes y que sea productivo para la nación”.
El diputado Luis Ángel Espinoza Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD, expresó que están a favor de una discusión en la que se escuchen todas las voces y posiciones para que, a partir de ahí, decidir si es momento, en esta Legislatura, de hacer modificaciones o si se requiere de una discusión mucho más profunda.
Aclaró que el resultado de estos conversatorios no es producto de un parlamento abierto, es producto de foros promovidos por Morena y su bloque. “Estamos de acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo en varios planteamientos que se hacen. Hay mucho que reformar, sí, pero es necesario un Parlamento Abierto no acotado, no corto, no a la carrera, sino un verdadero parlamento abierto que escuche a todos los involucrados, lo que daría paso a realizar una modificación que beneficie al país”.
Al dar cuenta de las conclusiones, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), expresó que el ánimo que llevó a organizar esos foros no fue consultarle a México si se debe elegir por voz popular a los ministros de la Corte, sino dar un paso previo y preguntar si se quiere o puede modificar el artículo 96, a fin de que el método de designación de ellos y otros funcionarios judiciales puedan admitir la participación ciudadana.
En los cuatro conversatorios, dijo, participaron personas que dieron grandes ilustraciones, “no todos estuvieron de acuerdo entre sí”. En las conclusiones se consignan las contradicciones que hay en las opiniones de los expositores y los puntos de vista de las y los diputados, pero se parte de la base de que en una República todo está sujeto a discusión y todo se puede tocar, y la consulta popular no tiene más límites que los que marca el artículo 35 fracción VIII de la Constitución Política.
Algunos de los temas del conversatorio, dijo, fueron: el sistema de justicia mexicano en todos sus aspectos, el Consejo de la Judicatura, los nombramientos de personal subalterno, la revisión de actos que hace la Corte, el juicio de amparo, reconsideración de la figura de un procurador, el sistema federalista en el sistema de justicia, la soberanía de la justicia mexicana y la Constitución.
Puntualizó que ello dio lugar a pensar en una reforma de fondo y de forma del sistema de justicia mexicano, y los alcances que pudiera tener una reforma judicial integral; “intentaríamos procesarla y plantearla en un siguiente periodo ordinario de sesiones, en lo constitucional, tratando de convencer a nuestros compañeros de Cámara. Algunos temas pueden atenderse con la modificación de las leyes secundarias, sino quedaría sembrado en el Congreso la propuesta de reforma”.
Indicó que el Poder Judicial Federal no respeta el principio de austeridad ni las facultades exclusivas del Congreso. “Nosotros creemos que no son revisables”; el más alto Tribunal del país debe estar compuesto por hombres y mujeres de visión de Estado, cuya mayor responsabilidad sea revisar el interés nacional, que la Constitución diga expresamente que no es facultad del Poder Judicial dictar políticas públicas ni normas legislativas. “Creemos que la materia a consultar es perfectamente constitucional”.
En representación del pleno de la SCJN, el ministro Javier Laynez Potisek, luego de afirmar que el conversatorio en el que se reúnen expertos con diferentes horizontes y composiciones tiene un valor per se que es incalculable y que se debe respetar y tomar en cuenta, dijo: “recibo las conclusiones y conforme al mandato que se me dio las compartiré con las ministras y los ministros en el Pleno de Suprema de Corte de Justicia de la Nación”.
Aplaudió este ejercicio espontáneo, casi inédito, donde “nos juntamos en un diálogo entre poderes, el cual, creo, que no puede sino hacerle bien a la República; creo que es necesario e importante”. Llamó a tomar en cuenta la asignatura pendiente para mejorar y fortalecer la justicia local, ya que es la puerta de entrada del ciudadano a la justicia.
Pidió a las y a los diputados “que nos ayuden y que ustedes estén conscientes que cuando se piense en el Poder Judicial de la Federación que no somos los 11 de Pino Suárez #2, somos más de 45 mil servidores públicos, actuarios, notificadores, secretarias, secretarios, desde luego juezas, jueces, magistradas y magistrados distribuidos en todos los circuitos en todo el territorio nacional trabajando, a veces en condiciones que no son las óptimas”.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que las reflexiones recibidas en los conversatorios enriquecerán y fortalecerán el quehacer parlamentario, la discusión, el debate, análisis y acuerdos para lograr la propuesta que México necesita; por eso es importante mantener esta comunicación entre quienes tenemos la responsabilidad de aplicar la ley y quienes determinan el contenido de las normas.
“Es importante que nos escuchen porque tenemos mucho que aportar, nuestra experiencia en la aplicación de esas leyes la que deriva en el quehacer jurisdiccional. Me mantendré atenta al desarrollo de futuras acciones legislativas que tienden a alcanzar los cambios que resulten imperativos para el cumplimiento con mayor oportunidad y eficiencia de la tarea de impartir justicia”, indicó.
Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la SCJN, expresó que realizar ejercicios de apertura legislativa como éste favorece el intercambio de ideas, perspectivas, experiencias, a la vez que fomenta el involucramiento ciudadano en los procesos de creación y modificación de leyes, en particular tratándose de temas relevantes para el Estado constitucional de derecho en el país. Las intervenciones contribuirán a privilegiar el diálogo y la deliberación en torno a la fórmula de la designación de ministras y ministros que integran este alto Tribunal mexicano.
Se manifestó por garantizar la absoluta independencia de los poderes judiciales respecto de cualquier otros poder u órgano del Estado. Hoy en día, dijo, coexisten numerosos esquemas de control constitucional que se apartan de los tradicionales y que se reflejan en las designaciones de magistrados. “Cualquier reforma al Poder Judicial debe asegurar que las garantías de independencia sean consagradas constitucional y legalmente como presupuestos fundamentales para asegurar el acceso a la justicia, a través de la garantía del debido proceso y el derecho de protección judicial”.