Por Guillermo Pimentel Balderas
Segalmex, un ¡“huevo podrido”! ¿Servir al poder en turno, signo de protección e impunidad? Ignacio Ovalle Fernández, repite sus delitos. Catalogado como “depredador de presupuestos”. ¿Por qué (también) Miguel Carrillo Villareal y Sergio Márquez Bérber no son investigados?
Ignacio Ovalle es solo “un pelo de la burra” en el gobierno de la 4T. Sí, porque no solo en Segalmex hay evidencias contundentes de corrupción con los dineros del “pueblo bueno” mexicano.
En 1988, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (PRI) lo nombró director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), para iniciar un proceso para liquidarla al poner a la venta sus activos y cerrar sus tiendas al público. Además de terminar con la adquisición de granos a precios de garantía a los campesinos.
Una de sus últimas iniciativas de Ovalle como director de CONASUPO, fue el otorgamiento de un subsidio consistente en un kilo de tortilla diario a familias consideradas en situación vulnerable. Sin embargo, este beneficio, denominado “tortivale”, fue severamente criticado y considerado como populista y destinado a la compra del voto.
En consecuencia -en ese entonces con el gobierno priista-, fue removido del cargo el 16 de noviembre de 1990 y arropado por su partido. Fue nombrado secretario de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, que presidía Luis Donaldo Colosio y, posteriormente, ocupó la Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional del priismo.
De acuerdo a información ya publicada en medios nacionales y locales, se deduce que Ovalle ha sido protegido por el poder en turno al que ha servido. Como priista, su historia política data desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz; tomo impulso con Luis Echeverría; se sostuvo con José López Portillo hasta que llegó con Salinas de Gortari, donde la suerte ya no le favoreció.
Hoy, con López Obrador sigue protegido, aislado en la Secretaría de Gobernación, con salario y prestaciones. La cuestión es: ¿Será un operador “depredador de presupuestos” para engrosar los bolsillos de los presidentes? ¿Ese es su seguro de impunidad? Conste, son preguntas.
Pero, también hay que indagar porque no han sido sancionados sus actos de corrupción, ni siquiera investigado y arrestado, al igual que sus compinches: el director de Precios de Garantía y Estímulos, Miguel Carrillo Villarreal -era el encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos en cuestión- y, Sergio Márquez Bérber, gerente de Estudios y Proyectos; sus operadores más cercanos de Ovalle.
No hay duda, antes, existió una vinculación de Ignacio Ovalle con Raúl Salinas de Gortari con la compra de leche contaminada por radiactividad y, ahora está en entredicho la corrupción con la adquisición de leche en polvo. Sí, de acuerdo con el reporte de la cuenta pública de 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), existe un desvío que asciende a más de 15 mil millones de pesos, esto es, el doble de los recursos públicos corrompidos en la Estafa Maestra.
En 2018, López Obrador, entonces presidente electo de México, anunció que fusionaría las empresas Diconsa y Liconsa, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para crear así el organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual fue puesto en marcha en 2019, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ¡para lograr la seguridad y autosuficiencia alimentaria! (sic…).
Pero no tardó mucho tiempo para que este organismo descentralizado, entrara a la polémica por presuntos actos de corrupción e irregularidades en el manejo de sus recursos. ¿Curioso? Bueno. Privilegios que tienen muchos.
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