Hoy en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. Con este acto, queda abrogado el Decreto de diciembre de 2020 sobre la misma materia.

México es centro de origen de más de 55 razas de maíz. La política de seguridad alimentaria del Gobierno de México consiste en preservar este patrimonio biocultural. Asimismo, se promueve la preservación de las prácticas agroecológicas de nuestras comunidades campesinas, la milpa y la riqueza gastronómica.

El objetivo de este nuevo Decreto es precisar el objetivo y alcance de las políticas públicas, así como eliminar cualquier posible imprecisión del texto predecesor, el cual se prestó a interpretaciones diversas.

Con esta nueva versión se brinda claridad en sus objetivos y certeza regulatoria con base en evidencia técnico-científica.

Las precisiones más importantes son:

• El decreto se acota estrictamente al maíz. La canola, la soya, el algodón y el resto de las materias primas no quedan sujetas a esta regulación.

• Para evitar confusiones, se establece una categorización del maíz según su uso: alimentación humana (masa y tortilla), forraje e industrializado para alimentación humana.

• El Decreto prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla. Lo anterior, no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones, porque México es de sobra autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos. De lo que se trata es de consolidar tal soberanía y seguridad alimentaria en un insumo central en la cultura de las y los mexicanos.

• En cuanto al uso de maíz genéticamente modificado para el forraje y la industria, se elimina la fecha límite para prohibir su uso, quedando sujeto a que exista suficiencia en el abasto. Se instalarán mesas de trabajo con el sector privado nacional e internacional para lograr una transición ordenada.

• Se estableció explícitamente que Cofepris realizará investigaciones científicas en torno a los posibles impactos en la salud de las personas del maíz genéticamente modificado. Tales estudios se realizarán con agencias sanitarias de otros países.

Con ello, México reitera su compromiso de cumplir el T-MEC, según el cual las decisiones fitosanitarias deben estar basadas en evidencia científica.