Octavio Campos Ortiz
A 106 años de la promulgación de la Constitución Política de 1917, la Carta Magna ha sufrido tantas modificaciones que su espíritu social se pierde en los afanes presidencialistas por hacer trascender un proyecto de gobierno, la mayor de las veces, cortoplacista y de etiqueta personal.
El politólogo José Ramón González Chávez señala que la Ley Suprema no necesariamente es un nuevo código constitucional, sino una Reforma al documento de 1857, el cual ha sufrido más de 760 modificaciones -más de siete por año en promedio-, y a pesar de ello ha resistido, resiste y resistirá los embates de los caprichos, ocurrencias e ignorancias de los sexenios y las legislaturas.
Hay que recordar que México protagonizó el primer movimiento social del siglo XX, la Revolución Mexicana, la cual requería de un nuevo marco jurídico que tutelara las garantías individuales y los derechos sociales de los ciudadanos, además de cumplir con el objetivo de todas las constituciones en el mundo, acotar las abusos del poder, los excesos de la autoridad. Así, el Constituyente de Querétaro redactó el texto más avanzado de su época; rescató lo mejor de la Constitución liberal de la Reforma, incluyó los derechos sociales y estableció una República federal, con división de poderes y delimitaba el poder de un solo hombre.
Sin embargo, los gobiernos posrevolucionarios desvirtuaron tanto el documento original que el país retrocedió en las conquistas individuales y sociales por pretender dar un sello propio a lo que el ideólogo Daniel Cosío Villegas llamó el estilo personal de gobernar.
La 4T no es ajena a esa obsesión por hacer que trascienda constitucionalmente su proyecto político y posibilitar que sean irreversibles sus reformas a la Carta Magna, como es la lucha por acabar con los organismos autónomos e independientes creados en el periodo neoliberal o hacer inamovibles las pensiones y “becas” a los viejitos y a los “ninis”. Gran reto deja este régimen a los sucesivos gobiernos, ya que no hay presupuesto que pueda solventar ese gasto. Esta administración misma tiene enormes dificultades para atender a los millones de beneficiarios de esos programas clientelares, por lo que recurre al desvío de otras partidas presupuestales. Con el tiempo habrá una mayor demanda de gente en espera de esa dádiva gubernamental.
Tantas modificaciones se han hecho al texto constitucional que de ser una iniciativa de avanzada a nivel mundial, hoy pone en riesgo la estabilidad del país y el Estado de Derecho mismo, ya que muchas de las medidas y políticas públicas del gobierno atentan contra la gobernanza y el sistema democrático que tenemos. La revista inglesa The Economist en su informe sobre el Índice de la Democracia 2022 nos coloca como un “régimen híbrido”, entre el autoritarismo y la democracia.
Por eso, el gobierno no debiera ufanarse de sus cambios constitucionales, en dos años dejará un entramado jurídico muy complicado para las nuevas autoridades, inclusive de su propio partido, a las que será muy complicado redimensionar las garantías individuales, los derechos sociales y los descas (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales) que se han creado en el mundo contemporáneo.
Recobremos el espíritu social de los Constituyentes del 17 y que los políticos se olviden de mancillar la Ley Suprema con su estilo personal de gobernar. A pesar de todo, ¡Felicidades Constitución de l917!.