Alejandro Sánchez Estrada
Política Electoral
Sin duda alguna, el 2023 está siendo no sólo un año complejo sino de alto riesgo político y social, por su carácter electoral y debido a la sucesión presidencial anticipada, con miras al 2024; que de hecho, en forma ilegal, el proceso electoral del 2024 ya está en marcha.
Ciertamente, para todos los efectos prácticos, la contienda electoral del 2024 ya arrancó; pues se habla de corcholatas por un lado, que hacen actos de proselitismo violando la ley; se habla de pasarelas, por el otro lado, de quienes ya están aspirando a la candidatura presidencial; es decir, en todos los partidos la efervescencia de la elección presidencial ya llegó, e incluso los actos de proselitismo, ilegal, ya están en curso.
Debería preocuparnos más este tema en el contexto presente, pues las consecuencias están a la luz pública y van en detrimento de otros principios que resguarda la Constitución, como el buen despacho y el pleno ejercicio de las funciones de quienes se dedican al servicio público.
Vayamos por partes, amigo lector. Recientemente, algunas de las personas que están en la disputa presidencial y ejercen cargos públicos, de primer nivel, se han visto motivadas a participar en mítines y reuniones políticas, incitando así al voto ciudadano y descuidando el cumplimiento de sus funciones primordiales, en algunos casos, incluso en momentos complejos o de graves tragedias sociales.
No es asunto menor y ha sucedido durante muchas décadas; por ello se logró históricamente que la propaganda gubernamental tuviera límites para el ejercicio público y se evitara la promoción personalizada, ya que el fin primordial del servidor y de la servidora públicos es cumplir con sus funciones y facultades constitucionales y legales.
En su caso, para la promoción electoral hay reglas definidas en tiempos cortos y establecidos en las campañas, bajo los criterios de equidad y legalidad, a los cuales deberían apegarse quienes ejercen funciones públicas.
La propia Constitución, a decir de Ricardo Monreal, esboza el concepto mesura, y lo hace extensivo a todas las personas del servicio público cuyas aspiraciones, si bien legítimas, no las eximen de cometer infracciones a alguna ley electoral que fue resultado de décadas de arduas luchas.
De ahí, el cuestionamiento del consejero Lorenzo Córdova Vianello ¿De veras vamos a cambiar las reglas del juego, cuando, aunque sea ilegalmente, ya arrancó el mismo? Cuando las llamadas corcholatas y demás actores políticos violan la ley con sus actos proselitistas. La prudencia nos llevaría a decir que no.
Para el presidente del descuartizado INE, el llamado Plan “B” del dueño del partido guinda y sus aliados constituye una constelación de inconstitucionalidades que ponen en riesgo el voto de los ciudadanos y la confianza en la organización de las elecciones, lo que obligará a que el desmantelado Instituto acuda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A todas luces, acusarí Lorenzo Córdova, es una reforma que supone una constelación de violaciones constitucionales y que vuelve a meter al gobierno de la llamada cuarta transformación en la organización de las elecciones.
Aquí uno de los ejemplos aberrantes: Ahora la lista de votantes de mexicanos en el extranjero, la lista de electores, tiene que pasar por el visto bueno de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es una institución del gobierno federal, pues la mentada ley dice que la Cancillería va a validar el estado de los que pueden votar en las elecciones federales y locales desde el extranjero.
Y para rematar esta entrega, el pugilista Lorenzo Córdova señalaría la discrepancia que existe entre el inquilino de Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino y el huésped de Palacio de Cobián, en Bucareli en torno a los ahorros que generará la reforma, ya que el primero habla de 3 mil 500 millones de pesos y el segundo dice que serán 5 mil millones.
Lo cierto es que la controvertida reforma morenista dinamita los pilares que sustentan el sistema electoral, como son la autonomía e independencia de los organismos electorales, el servicio profesional electoral y el padrón electoral. Como siempre le digo, amigo lector, la mejor opinión es la de usted.