Prevén dictaminar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el próximo periodo ordinario

El Grupo de Trabajo en Materia de Justicia Cotidiana, que preside la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), informó sobre los avances en la redacción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual se prevé pueda ser dictaminado en el próximo periodo ordinario.

La diputada Alavez Ruiz dijo que se tiene “un alto grado de consenso en relación con aproximadamente los primeros 800 artículos”; es decir, ya se concluyó la revisión de los primeros ocho libros correspondientes al sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar.

Detalló que se han revisado los temas relativos a la competencia objetiva y subjetiva, disposiciones comunes en los procedimientos civiles y familiares, justicia civil, justicia familiar, juicios universales, que incluye los juicios sucesorios y los procedimientos de concursos de acreedores, acciones colectivas, así como recursos y justicia digital.

Afirmó que “estamos en condiciones de armar una ruta que nos permita darle respuesta a la sentencia que tenemos desde que inició la Legislatura y de la cual afortunadamente tuvimos una prórroga que vence en abril. Entonces, estamos más que obligadas y obligados a que este dictamen salga en el periodo que arranca el 1 de febrero”. 

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) resaltó la labor realizada por este Grupo de Trabajo, que incluye asuntos como justicia digital, juicios y expedientes digitales; no obstante, apuntó que es fundamental que en los transitorios se defina el tema presupuestal para su implementación, ya que de lo contrario este Código sólo quedaría en letra muerta y no existiría un avance en la justicia nacional.

Mirza Flores Gómez, diputada de MC, propuso realizar una mesa de trabajo el próximo 3 de febrero en el estado de Jalisco para que se recaben aportaciones de las y los jueces, consejeras y consejeros de la Judicatura, colegios de abogados y notarios que se han destacado como litigantes, quienes tienen un enorme compromiso con la impartición de justicia. Consideró que esta tarea abonará a la construcción de una justicia pronta y expedita.

Del PT, el diputado Pedro Vázquez González reconoció el esfuerzo, dedicación e interés con la que el grupo técnico revisor ha trabajado, así como a todos los organismos que han colaborado. Estimó que para cumplir con el término que se tiene, que es hasta al 30 abril, “necesitamos no romper la dinámica de trabajo de este grupo revisor”.

Por su parte, vía telemática la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, destacó que el tema se encuentra muy avanzado y el grupo técnico revisor está por concluir sus actividades este mes, lo que nos permitirá estar en posibilidad de que las comisiones dictaminadoras, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, lo puedan dictaminar y, en su caso, aprobar a finales de febrero. Precisó que el proyecto se integrará con al menos 12 libros, un articulado transitorio robusto y sobrepasará los mil artículos.

Comentó que un grupo de jueces y juezas, integrantes de este grupo, está preparando una exposición del proyecto para la primera quincena de febrero, a efecto de que las senadoras, senadores, diputadas y diputados “conozcamos a detalle las bondades y alcances de la propuesta que ha sido ya revisada por el grupo revisor”.

Reconoció que la coordinación y colaboración que se ha tenido entre la Comisión de Justicia del Senado de la República y el Grupo de Trabajo en Materia de Justicia Cotidiana, porque “está rindiendo frutos, por lo que próximamente se estará ya en condiciones de contar con un producto legislativo de altura que, sin duda, va a marcar un parteaguas en la administración y procuración de justicia civil y familiar a nivel nacional y un ejemplo a nivel internacional”.

El director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, Luis Genaro Vásquez Rodríguez, informó que se presentó un amparo por parte de la Barra Mexicana de Abogados en torno a la omisión legislativa de no haber expedido a tiempo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero se declaró sin materia, toda vez que el juez octavo de distrito en materia civil en la Ciudad de México obsequió una prórroga para el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio.