Octavio Campos Ortiz
Previo al encuentro de los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, las fuerzas armadas capturaron a Ovidio Guzmán, el hijo del “Chapo”, quien compurga una larga sentencia en cárcel de alta seguridad en la Unión Americana. El “Chapito”, uno de los dirigentes de los “Menores” del Cártel del Pacífico, ya había sido aprehendido hace tres años y dejado en libertad luego de una jornada violenta en un evento que se llamó “El Culiacanazo”. Entonces, el gobierno federal recibió duras críticas por solapar la impunidad de uno de los barones de la droga, heredero del negocio de su padre. Sin embargo, y en descarga de la acción gubernamental, se dijo que no existía orden de aprehensión en contra de ese personaje, pero sí orden de detención con fines de extradición.
A diferencia de Rafael Caro Quintero, quien en cuanto recobró su libertad anticipada huyó a la sierra, donde permaneció oculto por años como monje franciscano hasta su recaptura con la ayuda de los gringos que buscan extraditarlo, Ovidio aparentemente se mantuvo visible en Culiacán por tres años. Ya detenido, Estados Unidos busca también su extradición para ser juzgado allá, donde sí tiene orden de aprehensión por narcotráfico.
Sin duda fue una acción impecable del Ejército, quien recupera credibilidad y prestigio, luego del desgaste a que se ha sometido por su incursión en funciones de seguridad pública. Pero también es muestra de que al crimen organizado solo se le puede combatir con el uso legítimo de la fuerza y no con abrazos.
Pasada la euforia informativa de una acción que debilita las estructuras de la delincuencia, quedan dudas que debe despejar esta administración. Ovidio era un objetivo prioritario para la Casa Blanca, más no para México, toda vez que no había investigación en su contra, pero para los demócratas, él es responsable de la introducción ilegal del fentanilo, droga sintética que mata a cien mil jóvenes norteamericanos cada año. Ellos si tenían especial interés en se apresara al hijo de “El Chapo”. También llama la atención que las autoridades mencionen que desde hace seis meses le seguían los pasos para ubicarlo -aunque nunca se ocultó-, por qué se esperaron a la proximidad del encuentro de mandatarios para detenerlo. Llama a sospecha, que dos días antes, el polémico embajador Ken Salazar tuviera una encerrona de dos horas con el mandatario mexicano; más allá de detallar la agenda de la Cumbre, se especula que dio información de la DEA y solicitó formalmente la detención del, para los gringos, el mayor introductor del fentanilo al país del norte.
El propio presiente dijo que, por cortesía, Biden debería aterrizar en el AIFA, y parece que, para responder al buen gesto del gobierno mexicano de capturar al criminal más demandado por ellos, aterrizará en el aeropuerto de Tecámac. Esperemos que solo sean especulaciones las dudas que aquí se han planteado y que la detención no obedezca a los caprichos de la administración de Biden. En rigor, debe ser extraditado de inmediato, ya que no había investigación aquí en su contra, salvo que quieran improvisar carpetas de investigación para retenerlo.
La Cumbre tiene otros temas igual de delicados, como la exigencia de que se agudice el combate contra las drogas, las nuevas políticas migratorias que nos obligan a ser un tercer país seguro y retener a miles de deportados. México demandará más energía para frenar el tráfico de armas, donde no hay mucho interés por afectar a las armeras ni modificar una enmienda que protege al ciudadano. Las energías limpias y las inversiones extranjeras son otro issue que va a incomodar al gobierno mexicano. La delegación nacional deberá ser un gran negociador, más allá de los discursos ideologizantes de la defensa de la soberanía.