- La asistencia personal no puede estar supeditada a los recursos de la familia o la persona, afirmó Aceves García
Ignacio Arellano Mora
La diputada federal Norma Angélica Aceves García señaló, las personas con discapacidad, como toda la población, tenemos derecho pleno a la independencia y quizá en ocasiones derivado de las barreras del entorno enfrentamos limitaciones a nuestra autonomía, que nos obliga a tener una elección limitada.
Así, indicó, tenemos que elegir en consecuencia la única escuela “especial”, los pocos empleos donde “admiten” personas con discapacidad, una movilidad que nos conduce a “donde se puede” y no donde se quiere.
Las mujeres con discapacidad no tenemos el acceso al derecho a una vida independiente y a ejercer decisiones propias, como la maternidad, la sexualidad, la vida fuera del entorno familiar o en pareja, además de una serie de restricciones al empleo, la educación y la participación política.
Apuntó la legisladora, esto debe cambiar y por ello debemos construir un andamiaje legal, institucional y social que nos permita a todas las personas con discapacidad vivir de forma independiente y participar plenamente de todos los aspectos de la vida.
Ahora bien, agregó, la asistencia personal como un medio para la vida independiente debe estar al alcance de todas las personas que lo requieran, no debe estar supeditada a la disponibilidad en función de las horas o de las actividades; la familia y la comunidad juegan un papel importante en este medio pero no deben estar a cargo de toda la asistencia necesaria.
El acceso a la asistencia personal no puede estar supeditada a los recursos de la familia o la persona, deben encontrarse mecanismos que puedan financiar, regular y otorgar este medio.
Una idea que ya he expuesto es la modificación de las denominadas “Pensiones para el bienestar de las personas con discapacidad”, que hoy tienen poca claridad en sus reglas de operación y que no están teniendo muchos resultados en términos reales.
Regular la asistencia personal significa en primer término reconocerlo como una actividad formal, no como un acto de caridad o asociado a la familia, estableciendo una normatividad para definir las responsabilidades de quienes prestan este servicio, así como sus derechos contractuales y laborales; un servicio de este tipo debe cumplir estándares de capacitación y formación; además indudablemente debe conducir a un régimen de certificación.
El nuevo paradigma de la discapacidad nos convoca a construir desde el diseño una sociedad inclusiva para todos los grupos poblacionales, destacando que las personas con discapacidad no podrán interactuar con equidad en sus entornos.
Lo cual, manifestó, los seguirá rezagando en cuanto al desarrollo, limitando su acceso al empleo, la educación y la conservación de la salud, impidiendo su capacidad para la adquisición de viviendas y otros patrimonios, además de estar relegados de la participación en los asuntos públicos.
Bajo ese argumento, es necesario que en la legislación nacional se comiencen a implementar mecanismos y estrategias que ubiquen en el mapa de la inclusión de las personas con discapacidad en México la “asistencia personal”, por lo que la iniciativa que he presentado tiene como finalidad definir a la asistencia personal y equipararla a las demás medidas de nivelación o acompañamiento que contiene la Ley General para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con discapacidad.
“Tenemos que construir un país incluyente para 20 millones de personas que viven con alguna discapacidad, limitación o condición mental y no tenemos que dejar a nadie atrás, mucho menos a quienes el grado de autonomía los obliga a enfrentar mayores barreras para su inclusión”, detalló.
Resaltó, esta es la intención de una serie de iniciativas legales que se irán presentando en la Cámara de Diputados, porque la causa de los derechos de las personas con discapacidad siempre ha sido una causa del PRI, siempre hemos sido impulsores de reformas legislativas que respondan a las demandas de este importante sector de la población.