Del espionaje político

Octavio Campos Ortiz

Desde que la ex priista Layda Sansores llegó al Palacio de Gobierno de Campeche, lejos de gobernar para sus coterráneos, se ha convertido en una quinta columna, un caballo de Troya de la 4T para golpear no solo a los enemigos políticos o detractores del régimen, sino a sus propios correligionarios. Todo con el propósito de agradar a su guía moral. Desde Palacio Nacional o del de Cobián recibe instrucciones precisas para exhibir, denostar o resaltar las corruptelas de contrarios y compañeros.

Lamentablemente en ese afán de quedar bien con su líder, no importa que sea a través de un delito como logre sus objetivos. Las víctimas son previamente investigadas en su tortuoso pasado para explotar sus debilidades. Para ello se recurre al espionaje, a las escuchas ilegales de conversaciones telefónicas, a las investigaciones financieras, aunque se viole el secreto bancario y otras acciones gubernamentales para desnudan a los políticos.

El instrumento es solo la mandataria, quien distrae el tiempo que debiera dedicar a sus paisanos en la atención de sus demandas, para convertirse en comediante, amante del talk show, que con recursos públicos se hizo de una tribuna mediática para cumplir con su poco envidiable trabajo de testaferro.

En su estreno como standupera, tuvo una presa fácil: su antecesor en la gubernatura, mal dirigente del PRI, al que fue fácil exhibir como corrupto y para evitar la cárcel, negoció su libertad a cambio de convertir a su partido o a sus legisladores en satélites de la 4T y aprobar las iniciativas del Ejecutivo que apoyan su proyecto político.

Semanas duró la exposición mediática de “Alito” y hasta anunciaban con antelación el siguiente capítulo de esa telenovela que a ratos tuvo tinte porno, cuando Layda anunció que tenía fotos de mujeres priistas desnudas o en situaciones comprometedoras. Nunca sacó una sola imagen ni se comprobó su existencia, pero cómo deterioró la imagen del tricolor. Envalentonada con su aparente eficiencia como empleada del mandatario, y como reza el refrán, “de que la perra es brava…”, se metió con el hijo desobediente de la 4T, el zacatecano Ricardo Monreal, quien osó desafiar al gran tlatoani y pretende ser el candidato guinda a la presidencia en el 2024. Su desacato lo condenó a una descalificación permanente, más aún después de haber incumplido, a propósito, o no, con las órdenes de que en el Senado se aprobase la reforma energética, se convocara a un periodo extraordinario y costara mayor desgaste político la extensión de las fuerzas armadas hasta el 2028.

A pesar de ello, el legislador insiste en su legítima aspiración a ser el abanderado de Morena en los comicios presidenciales. De tal suerte que se recurrió a la gobernadora para hacer el trabajo sucio, y otra vez, con ilegales conversaciones se amenazó al de Fresnillo para hacer que se desistiera de su intentona o descarrilarlo en su aventura electoral. Pero no ha sido nada fácil la encomienda de la hija de “el negro” Sansores Pérez, a quien se le ha revertido la exhibición de una conversación editada del senador Monreal. Se le volteó el chirrión por el palito, cuando fue denunciada penalmente en la Fiscalía General de la República por diversos delitos, además de darse a conocer una inmensa cantidad de propiedades a su nombre, cuyo origen no corresponde al de una supuesta servidora pública.

Pero más allá del balconeo, llama la atención que jamás se llega al origen del ilícito ni se castiga a los responsables intelectuales y materiales. Hemos conocido de muchos casos donde se filtra el contenido de grabaciones obtenidas ilegalmente o de documentos sustraídos de manera ilícita. Cuando se hacen del dominio público, la atención de la gente se centra en los hechos exhibidos, sean ciertos o inducidos, y se ceba el morbo de la gente sobre los personajes expuestos, pero nadie pide se investigue cómo se obtuvieron las conversaciones o los papeles o fotografías dadas a conocer. Se reconoce que es a través del espionaje, de cámaras escondidas o de la sustracción de archivos, pero no se repara en sancionar esas conductas que son constitutivas de delito. Esa total impunidad es la que alienta a los infractores a continuar con su comportamiento. Eso envalentona a gente como Layda Sansores, quien se siente con toda libertad de exhibir la vida de los otros, a pesar de saber que utiliza medios ilícitos y que comete también otros delitos. Lo más seguro es que no procedan contra la gobernadora, pero no es buen mensaje si se habla de combatir corrupción e impunidad.