- El gobierno de López Obrador ha vejado los derechos de la mujer triqui.
- En Oaxaca, son miles atacadas por grupos armados.
- 2022, el más violento y represor en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, juzgan CDHZL y Aequus.
Por Guillermo Pimentel Balderas
El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL), fue muy enfático en denunciar que no hay ninguna garantía para los derechos de la mujer en México. Además, enfatiza que hay más de 140 familias de origen Triqui, -oriundas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca-, en su mayoría lideradas por mujeres, quienes han sido desplazadas de su tierra para resguardar sus vidas ante el ataque de grupos armados.
Exige que los integrantes del Congreso de la Unión y de los Congresos de las diversas entidades del país, deban ajustar el marco jurídico para que la mujer como género, tenga las mismas garantías ante las autoridades en territorio nacional.
José Lara, abogado del colectivo, afirmó a este reportero que 2022 ha sido catalogado por diversos colectivos –entre ellos, el CDHZL– como el más violento y represor en contra de las acciones de periodistas y defensores de los derechos humanos, “solo por representar el interés del pueblo mexicano.
Por su parte, el coordinador de comunicación y prensa del “Zeferino Ladrillero”, José Víctor Rodríguez, a pregunta directa consideró: “Sin duda vivimos una situación sumamente crítica en materia de la defensa de los derechos humanos, de aquellas personas más vulnerables; menores; mujeres; embarazadas; de la tercera edad; enfermas; adolescentes; en calidad de ‘sin techo’”.
Opinó que el Estado mexicano tiene que tomar muy serio el asunto de los derechos humanos, pues no basta que desde una subsecretaría de Estado se presuma una deficiente defensa a las personas más vulnerables del país y con una comisión nacional doblegada al interés presidencial.
El periodista de profesión y cofundador del colectivo apuntó que un importante número de mujeres han solicitado asesoría y compañía de esta organización por diferentes atropellos que las autoridades han ejercido en contra de ellas, sólo por su condición de género.
Cabe señalar que se frustró el cuarto intento de dialogo en la Secretaría de Gobernación por el abandono de la mesa de diálogo para la pacificación por parte de una de las organizaciones de la zona triqui (MULT), el 12 de octubre, por incongruencias del gobierno federal y del estatal.
Por si fuera poco, el abogado del CDHZL, José Lara, denunció que el Estado ha descargado su furia en contra de la activista indígena Kenia Inés Hernández Montalván a quien se le considera su activismo contra la “cuarta transformación” y, por ello, esta presa en un penal federal.
Por su parte, Víctor Caballero, del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, manifestó a este reportero que el encarcelamiento de Kenia, no es otra cosa que la criminalización de la protesta y aseguró que para este gobierno, este caso no es una herencia del pasado.
Subrayó que la Relatora Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya solicito la inmediata liberación y el fin del acoso judicial en contra de la defensora indígena Kenia Inés Hernández Montalván.
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