Octavio Campos Ortiz
El asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra de Chihuahua detonó una crisis de credibilidad en el presidente y en su política de “abrazos y no balazos”; a su estancamiento en el porcentaje de aceptación en las encuestas, donde no rebasa ya el sesenta por ciento, se sumaron otros factores que incrementan el desencanto de la población respecto del proyecto de la 4T.
No paran las masacres, los homicidios dolosos se acercan a los 125 mil, se mantienen las cien mil desapariciones forzadas, hay miles de familias desplazadas de sus comunidades, la violencia política crea zonas de ingobernabilidad y se empodera el narcotráfico.
Por otro lado, también atravesamos por una profunda crisis económica -no vista desde 1932-, que nos tiene al borde de la recesión. No hay crecimiento, padecemos la peor inflación de los últimos 21 años, la incertidumbre jurídica por decisiones políticas retrae la inversión privada; en este sexenio no se podrá alcanzar el crecimiento prometido y aunque se logre un dos por ciento anual en los próximos 24 meses, el decrecimiento que hubo en 2020 y 2021 no alcanzará para llegar a los números de 2018.
Esos factores, más el mal manejo preventivo de la enfermedad por parte de las autoridades sanitarias durante la pandemia, provocaron – conservadoramente-, medio millón de muertos. La COVID-19 activó una crisis económica mundial por la afectación en las cadenas de distribución, lo que contribuyó al deterioro del desarrollo nacional.
El fenómeno migratorio es otra piedrita en el zapato del gobierno de la 4T, quien -a pesar de su retórica oficial-, mantiene el papel de policía fronterizo que le asignó Donald Trump. Convertidos de facto en tercer país seguro, somos el traspatio migratorio de los gringos, ese muro fronterizo que ideó el republicano, pero no necesitó de bloques de concreto ni vallas metálicas, somos un dique humano de 16 mil soldados y guardias nacionales, además de los muy cuestionados agentes migratorios, quienes se han distinguido no por su eficacia, sino por los excesos que cometen con los trashumantes. Dar refugio a miles de indocumentados, alimentos y servicios de salud ha provocado que se distraigan recursos que reclaman los programas sociales para los connacionales; ello ha provocado la xenofobia de muchos mexicanos que cuestionan al gobierno por la ayuda que se da a centroamericanos y caribeños.
Todo ese coctel ha incidido en el deterioro de la imagen presidencial, quien a pesar de que recurre al discurso falaz de culpar de todo al conservadurismo o al neoliberalismo del pasado, cada día tiene menos aceptación su narrativa. Por eso su aprobación está ahora entre un 54 o 60 por ciento, el mismo porcentaje que tuvieron los expresidentes -menos Peña Nieto-, en su cuarto año de gobierno.
La desilusión ciudadana, el escepticismo sobre la lucha contra la corrupción -cuando se han dado nuevos casos de felonías en el círculo cercano al presidente-, obligó a buscar un nuevo distractor, más allá de la ocurrencia de desmontar la estatua de La Libertad. Con toda premeditación se “sembró”, desde la mañanera, la pregunta de si se investigaba al ex mandatario Peña Nieto, lo que dio pauta a que Pablo Gómez armara el show y develara que hay información sobre transferencias al extranjero en beneficio del mexiquense. Como añillo al dedo.
Desde temprano, la conversación nacional en redes fue el enriquecimiento ilícito del ex presidente, “ahora si se va a ir a la cárcel”. Funcionarios y morenistas aplaudieron el anuncio, y convertidos en jueces de horca y cuchillo, en modernos Torquemadas, sentenciaron al de Atlacomulco. Poco les importa la presunción de inocencia, el debido proceso, a ellos que no les vengan con que la ley es la ley. Finalmente es más importante para su causa el juicio mediático, el linchamiento popular. Sí a la hoguera, olvidémonos por semanas de los efectos de la quinta ola, de los precios de la gasolina o el gas, de la inaccesible canasta básica, de la inflación galopante, del desabasto de medicinas, de los deficientes servicios de salud pública, de la inseguridad, de la violencia, de la “paz narca”. Por mucho tiempo, solo hablaremos del ex presidente Peña Nieto. Culpable o inocente, eso poco importa, lo urgente es que la opinión pública se cebe en la corrupción del pasado.