Reparación del daño es sinónimo de justicia.
A unas horas de que se cumpla un año del colapso de la Línea 12 del Metro, quiero reiterar mi compromiso personal e institucional con las víctimas; con las familias de quienes perdieron la vida; quienes resultaron lesionados y quienes se vieron afectados en su persona o en su patrimonio.
Frente a todos ellos y con relación a este hecho, afirmo que en ningún momento ha existido impunidad. La reparación del daño es sinónimo de justicia y su acción se da en el marco de la Constitución Mexicana y del Estado de Derecho.
Ni impunidad ni olvido, tan sólo verdad, justicia, reparación integral del daño y la garantía de no repetición.
Desde el momento mismo del siniestro, nuestra prioridad fue atender a las víctimas, determinar las causas que lo provocaron y las responsabilidades imputables a personas físicas o morales.
Hasta este momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ha realizado más de mil 400 diligencias, tendientes a reunir los elementos de prueba necesarios y profundizar, además de fortalecer la investigación.
Se realizaron alrededor de 388 entrevistas con víctimas, directas e indirectas; elaboramos, aproximadamente, 294 dictámenes en criminalística, fotografía, video, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería mecánica, seguridad industrial, topografía, seguridad estructural, ingeniería civil en puentes y geotecnia, principalmente; y solicitamos 484 colaboraciones a distintas dependencias, entre otras actividades desplegadas por esta Fiscalía.
Hemos realizado una investigación científica, profesional y detallada, que inició el mismo 3 de mayo del año pasado, desde que fijamos el lugar de los hechos, y que se basó en trabajos de campo, inspecciones, entrevistas, recorridos, análisis video-gráfico; así como en la revisión de todos los archivos y documentos existentes de la Línea 12; y en la realización de dictámenes periciales que nos permitieron obtener una teoría del caso irrefutable.
Las evidencias, las pruebas obtenidas, el análisis científico de expertos en diversas materias y el trabajo de ministerios públicos, peritos y policías de investigación, permitieron determinar que el colapso fue originado por diversos errores en su construcción y el diseño presentaba deficiencias que ponían en riesgo la estabilidad estructural a largo plazo de la obra.
Con base en ello, la Fiscalía General de Justicia, formulará, en la audiencia de vinculación, que se celebrará el día de hoy, la imputación en contra de ocho personas y dos representantes de personas morales, por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos.
Asimismo, el acuerdo entre la Constructora Cicsa y el Gobierno de la Ciudad avanzó en los términos acordados con la Secretaría de Obras que incluyen la reconstrucción y el reforzamiento del tramo elevado de la Línea 12, entre la estación Periférico y la Terminal Tláhuac, lo que permitirá, próximamente, a los habitantes de la Ciudad de México, usarla de forma segura y con ello garantizar la no repetición de hechos como los ocurridos.
Pero nuestro trabajo no sólo se remite a investigar los hechos, sino a buscar la reparación del daño y la no repetición de tragedias como ésta.
La naturaleza culposa de estos hechos, permite que las personas involucradas puedan acceder a soluciones alternas para concluir el proceso.
Por ello, reconocemos la voluntad expresa de Cicsa para atender los daños causados a las víctimas, así como la disposición de la mayoría de las personas afectadas, por aceptar el acuerdo que, con voluntad de todas las partes, abrevió la resolución de un juicio largo y desgastante, que finalmente desembocaría en ordenar la reparación del daño.
Hasta ahora, se han firmado acuerdos reparatorios con el 90 por ciento de las personas que sufrieron lesiones y los familiares de quienes lamentablemente fallecieron, lo que representa un avance sustantivo para las familias que ahora cuentan con herramientas y recursos para afrontar una situación inesperada.
Sabiendo que no hay monto que pueda reparar la pérdida de un ser querido y de acuerdo al principio de justicia alternativa, se preparó un diagnóstico que ponderó el ingreso que dejaron o dejarán de percibir las víctimas, por ejemplo, la pérdida del jefe o la jefa de familia proveedor; las medidas que aseguren la salud, la educación y la seguridad en la vida presente y futura de las niñas y niños huérfanos, hasta terminar sus estudios; así como también, las afectaciones a otras personas.
Como resultado, el proceso que llevó a la suscripción de los acuerdos reparatorios, en beneficio de las víctimas del colapso, es histórico y no cuenta con precedentes, dada la temporalidad, los alcances y sensibilidad para las partes.
Nunca antes en un evento de esta magnitud, tanto a nivel nacional como internacional, se ha logrado, en tan poco tiempo, la consecución de acuerdos para atender integralmente a las víctimas y sus familiares, y que puedan, dentro de lo posible y deseable, regresar a su vida cotidiana.
Reitero el llamado respetuoso a las personas que escucharon la propuesta pero que decidieron no firmar, a que se acerquen a la Fiscalía y con ello, mediar la posibilidad de alcanzar la totalidad de los acuerdos reparatorios.
Cuando se llega a la verdad mediante una investigación científica y profesional, se garantiza el acceso a la justicia; se pone en el centro a las víctimas; se logra la reparación del daño y la garantía de no repetición; no existe ni impunidad ni olvido.
Tradicionalmente se piensa que la justicia consiste, únicamente, en cárcel para quienes deben ser sancionados. Sin embargo, se ha demostrado que para lograr una verdadera justicia debemos empezar por las personas agraviadas; por las víctimas. Eso es lo que conocemos como justicia restaurativa, un proceso que finca responsabilidades pero que, sobre todo, piensa en las víctimas. Para que haya justicia, se requieren sanciones, sí, pero, sobre todo, se requiere reparar el daño y ofrecerle verdad a la sociedad. Eso es lo que hemos logrado con este proceso.