Por pedir moches, PRD presentó denuncia contra sobrina de AMLO

*** En caso de configurarse un delito, el PRD demanda a la Fiscalía solicitar al Congreso del Estado de Tamaulipas, el desafuero de Salazar Mojica, para proceder penalmente en su contra

*** Las líderes perredistas sostienen que, frente a los continuos escándalos de corrupción de familiares y colaboradores “los compromisos de no robar, no mentir y no traicionar, quedaron en un simple eslogan de campaña de Andrés Manuel López Obrador”

Ignacio Arellano Mora

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción en el Estado de Tamaulipas contra la diputada local Úrsula Salazar Mojica, sobrina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien se dieron a conocer audios en los que se evidencia que participó en presuntos actos de corrupción al solicitar moches.

En la querella ante el Fiscal Anticorrupción de la entidad, Raúl Ramírez Castañeda, el PRD precisó, el viernes 25 de marzo, se dieron a conocer unas grabaciones en las que, presuntamente, Úrsula Salazar Mojica, solicita a un proveedor inflar sus costos en una factura para, después, entregarle a ella la diferencia, en un claro acto de corrupción.

En virtud de que dicha acción es ilegal, el PRD solicitó a la Fiscalía Anticorrupción abra una carpeta e inicie una investigación para verificar la veracidad de la grabación, así como la fecha en que se realizó; si existe una conducta que se pueda considerar como delictiva y si la diputada tuvo responsabilidad en el hecho; y si ésta conducta ha sido reiterada o si se constituye como una conducta sistemática.

Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática demandó al Fiscal Anticorrupción que, en su caso, una vez integrada la carpeta de investigación, solicite al Congreso del Estado de Tamaulipas, el desafuero de la diputada Úrsula Salazar Mojica, para proceder penalmente en su contra.

La denuncia fue presentada por Verónica Juárez Piña, delegada del PRD en Tamaulipas y Roxana Luna, presidenta del Consejo Nacional del PRD, quienes consideraron “inaceptable que funcionarias y funcionarios públicos abusen de su poder para extorsionar a quienes, legítimamente, buscan hacer transacciones comerciales con el gobierno y otros entes públicos”.

“La lucha contra la corrupción ha sido una de las banderas de este gobierno y reiteradamente hemos visto cómo se han destapado escandalosos actos de corrupción, extorsión y tráfico de influencias por parte de la propia familia del presidente, quien dijo que no los defendería pero que, sin embargo, siguen cubiertos por el hálito de la impunidad”, sostuvieron.

“Casos como los de sus hermanos Martín y Pío López Obrador, el de su hijo José Ramón López Beltrán y allegados como Manuel Bartlett e Irma Eréndira Sandoval son emblemáticos y marcarán la historia de corrupción de este sexenio. Enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias en asignaciones directas, extorsiones y otros delitos forman parte del catálogo de los actos de la 4T”, afirmaron las líderes perredistas.

“En el caso de la sobrina del Presidente, sin lugar a dudas, se configuran los delitos de corrupción, tráfico de influencias y extorsión, previstos en los artículos 208, 228 y 426 del Código Penal del Estado de Tamaulipas”, señalaron.

Al presentar la querella, ambas perredistas exhortaron a la Fiscal Anticorrupción de la entidad, “actúe a la brevedad, conforme al mandato que le otorgó el Congreso del Estado y se lleve ante la justicia a quien descaradamente, utiliza sus redes familiares para causar daños al erario, enriquecerse ilegítimamente y traficar con sus influencias”.

Argumentaron que, frente a los continuos escándalos de corrupción de familiares e integrantes de su gobierno “los compromisos de no robar, no mentir y no traicionar, quedaron en un simple eslogan de campaña de Andrés Manuel López Obrador”.