Hace unas semanas, en la Cámara de Diputados se anuncio un periodo extraordinario de sesiones del 9 al 17 de junio, para la discusión y eventual aprobación de la Ley Mordaza, y aunque existe un ánimo optimista entre algunos de los participantes a los foros de consulta de que omitirán varios artículos que le dan un toque fascista a la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, lo cierto es que existen fundadas dudas de que no ocurra y que al contrario, no se le moverá ni una coma a la iniciativa presidencial, a excepción del artículo 109 relativo a plataformas digitales, ordenamiento que será eliminado.
En la víspera de la elección judicial, donde el régimen ha puesto todas sus esperanzas para evitar un fracaso debido al alto nivel de abstencionismo, se está preparando la ley mordaza.
Esta ley atenta contra la libertad de expresión, transgrede el T-MEC y pone a México en el ojo del huracán ante los organismos internacionales garantes de los derechos humanos.
Así es, en vías paralelas avanza la cita inexorable de los ciudadanos con las urnas para participar en un ejercicio supuestamente democrático. Esto es para empezar a formar un nuevo Poder Judicial que permitirá brindar, a decir del oficialismo, una justicia pronta y expedita. Aunque la realidad apunta en dirección contraria.
Y en el Congreso se cocina la ley mordaza que, en su parte medular, incluye la censura, cancelación de plataformas digitales y lo relacionado con la Agencia de Transformación Digital con 106 atribuciones y que será la Santa Inquisición de la 4T para llevar a la hoguera de la censura y, por ende, hacia los castigos punitivos a aquellos que osen criticar al régimen.
En el contenido de la ley mordaza hay artículos que son de verdadera antología para pintar de un solo trazo a una dictadura en ciernes, como el 57, que menciona que la Agencia de Transformación Digital, mediante asignación directa, podrá otorgar a una dependencia o entidad del Ejecutivo Federal la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico para uso comercial, con el fin de cumplir con los objetivos de cobertura social y universal del Estado mexicano.
El quid del asunto es que la Agencia dará y quitará concesiones de medios electrónicos y ello de suyo, representa una total regresión y deja a expensas de los poseedores de estas concesiones un acto autoritario del gobierno para que les retire sus títulos de concesión.
