“¿494 años y nueve meses de prisión?”, hasta el momento no se ha sabido de algún interno que aguante tantos años dentro de un Centro de Rehabilitación ya sea de la CDMX o del interior de la República. Sin embargo, Ramón “M”, señalado por un juez federal de juicios orales por los delitos de pederastia, violación equiparada, abuso sexual y pederastia en grado de tentativa, todos calificados como graves “¡cumplirá!” esa sentencia.
No estamos en contra de los años, sino causa admiración el volumen de la sentencia ya que el individuo posiblemente al correr de algunos años finalice su vida, ya sea por enfermedad o alguna otro razón, como suele ocurrir dentro de los Centros de Rehadaptación y ya no cumplió la sentencia.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), logró que se sentenciara a 494 años y nueve meses de prisión, al individuo considerado como una persona con trastornos mentales por los delitos de pederastia, violación equiparada, abuso sexual y pederastia en grado de tentativa (todos agravados).
Especificó en su boletín la dependencia federal, que la denuncia formulada originó la investigación que llevó el Ministerio Público de la Federal, adscrito a la FEVIMTRA, a que se diera como resultado el ejercicio de la acción penal el 17 de noviembre de 2018. Ramón “M”, quien laboraba en un plantel preescolar público de la Ciudad de México.
Llevando a cabo el proceso en sus diversas secuelas, se logró acreditar la plena responsabilidad del acusado en los delitos antes mencionados, cometidos mientras prestaba sus servicios como asistente técnico pedagógico.
Aprovechándose de la superioridad que le confería el cargo en mención, Ramón “M” ejecutó diversos actos sexuales en contra de por lo menos 17 menores de edad.
En consecuencia, el juez federal de juicios Orales, adscrito al Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Sur, dictó la sentencia antes referida, así como una multa por tres millones 22 mil 500 pesos, y el pago de la reparación del daño por 24 millones 650 mil pesos, misma que deberá cubrir de manera subsidiaria la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El juez de enjuiciamiento dictó, además, medidas de reparación integral para las víctimas, consistentes en: apoyos para adquisición de vivienda, becas educativas y apoyo para incorporación al ámbito laboral para las víctimas indirectas; un evento de “Disculpa Pública” por parte de las autoridades educativas, quienes deberán también, destinar un día del ciclo escolar para la prevención de este tipo de conductas, así como desarrollar programas de prevención.