Ignacio Arellano Mora
En la búsqueda de frenar los fraudes financieros a las familias mexicanas, el legislador federal, Vicente Alfredo Onofre Vázquez, planteó reforma al Código Penal Federal para tipificar el “robo de identidad” como la obtención por cualquier medio de datos personales o financieros con el objetivo de robar o suplantar la identidad de un tercero o para otra persona en perjuicio de esta o comisión de otro delito.
En el pleno de la Cámara de Diputados, el diputado federal presentó este proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal en materia de robo de identidad, en el que propuso se agregue el Capítulo III Quáter Robo de Identidad Artículo 390 Ter, donde menciona que todo aquel que cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta 200 días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.
Onofre Vázquez destacó que la importancia de este planteamiento surge a raíz del alto número de denuncias que han hecho miles de usuarios de diversas instituciones bancarias por temas de fraude de sus cuentas.
El diputado reconoció que si bien la tecnología se ha convertido en una herramienta esencial para los sectores económicos y sociales, también ha sido aprovechada por los delincuentes para suplantar identidad y cometer actos fraudulentos que dañan el patrimonio de las familias mexicanas.
“La tecnología se ha convertido en una herramienta esencial, sin embargo, la delincuencia también ha aprovechado estas herramientas para aprovecharse de los ciudadanos y el robo de identidad se ha convertido en una de las amenazas más comunes, con el uso de softwares mediante los cuales los delincuentes pueden obtener información personal, correos, hacker de organismos gubernamentales, los defraudadores han suplantado identidades para cometer diversos delitos”, expuso.
La propuesta prevé un artículo segundo transitorio para que los Congresos de las entidades federativas armonicen su legislación con el contenido del decreto, a fin de que el robo de identidad pueda ser perseguido y sancionado en todo el país para proteger el patrimonio de los mexicanos y ponerlos el tema en el centro de interés de las leyes y políticas públicas.