Proponen reformar el Código de Justicia Militar

• Asimismo, abrogar el Código Militar de Procedimientos Penales

  Ignacio Arellano Mora

La diputada federal Elizabeth Pérez Valdez, presentó una iniciativa para especificar que los delitos del orden común contra la disciplina militar que exijan querella, necesaria para su averiguación y castigo, no serán de la competencia de los tribunales militares. El documento, turnado a la Comisión de Defensa Nacional, plantea abrogar el Código Militar de Procedimientos Penales, reformar los artículos 57, fracción I y cuarto párrafo, y 281, y derogar diversos artículos del Código de Justicia Militar. Asimismo, busca establecer que el que injurie o ultraje a un miembro de la policía militar que esté en ejercicio de sus funciones dentro de las instalaciones militares, será castigado con nueve meses de prisión; y si lo desobedece o resiste a la orden que le haya intimado en uso de sus facultades o ejerza violencia contra él, la pena será de un año y seis meses de prisión. Los artículos transitorios de la iniciativa refieren que las causas penales que se encuentren en proceso a la entrada en vigor del presente Decreto, por los tipos penales que se extinguen, pasarán de inmediato a conocimiento del juez civil correspondiente.

Asimismo, las que deban seguir en conocimiento de las autoridades militares de justicia, deberán aplicar los procedimientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En la exposición de motivos considera indispensable ajustar la legislación militar a los límites establecidos constitucionalmente en el artículo 13, así como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Además, subraya que la abrogación del Código Militar de Procedimientos Penales es para que los procedimientos penales que se sigan en los tribunales militares se apeguen a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales que garantiza los derechos de las víctimas y los procesados.​Destaca que la extensión extraordinaria del fuero militar es un problema presente en nuestro país que, de manera estructural, ha favorecido la violación de derechos humanos y la impunidad en su procesamiento.