Por Octavio Campos Ortiz
El World Justice Project -que mide el índice global del Estado de Derecho-, ubicó a México entre los países más corruptos del orbe. En el ranking mundial ocupa el lugar 135 entre 139 naciones estudiadas. Sólo por encima de Uganda (136), Camerún (137), Camboya (138) y Congo (139). En 2019 México estaba en el lugar 117 y en el 2020 en el 121.
Obviamente las naciones menos corruptas son Dinamarca, Noruega, Singapur, Suiza y Francia.
Cuando hablamos de corrupción, de inmediato pensamos en la administración pública, en los actos de gobierno, en la “mordida”, en la extorsión que hacen los servidores públicos, en la dádiva para realizar cualquier trámite en las oficinas, especialmente en las de obras, de permisos y licencias.
También conocemos o recordamos los grandes casos de corrupción de políticos de todos los niveles y parridos que se enriquecieron en los cargos mediante sobornos, el uso indebido de atribuciones o el desvío de recursos públicos.
Pero también los empresarios tienen lo suyo en materia de corrupción, porque para que esta se dé se necesita del que recibe y el que da u ofrece. Eso se llama cohecho o soborno. La difusión periodística que se hizo de los tres mil mexicanos que sacaron su dinero a los paraísos fiscales, donde había más particulares que políticos, también es corrupción.
Nuevamente en el ámbito de lo público, destacan los partidos y legisladores que contribuyen a formar la mala imagen de corruptos que tenemos en el extranjero. Se sabe de institutos políticos que se han convertido en verdaderas franquicias o negocios familiares a los que solo les interesa el financiamiento público para enriquecerse o invertirlo en negocios personales. Peor aún, hay candidatos y partidos que recibieron dinero del crimen organizado en las pasadas elecciones. Las campañas electorales sirvieron para lavar dinero y comprar el sufragio ciudadano. Independientemente de la violencia política que ejercieron sobre aspirantes de oposición a ellos para que se bajaran de la competencia y ganaran sus prospectos ya maiceados.
Otra práctica corrupta es la venta descarada del voto de los legisladores para apoyar la aprobación de iniciativas. Comportamiento muy frecuente en la vida parlamentaria, pero que se ha acentuado en los últimos tiempos. El PVEM, Movimiento Ciudadano y el PT, entre otros, lo hicieron cuando les convino ser partidos bisagra. Ahora todo parece indicar que ese papel mercenario le corresponderá al PRI.
El partido que gobernó este país por ochenta años se desfondó en el 2018, consecuencia de las prácticas corruptas que dominaron en sus administraciones, actitudes ilícitas que le valieron el voto de castigo ciudadano y perder la primera magistratura, la mayoría en el Congreso y muchas presidencias municipales. Cayó a un cuarto lugar en las preferencias electorales y tuvo la peor representación de su historia. En los pasados comicios se recuperó gracias a la alianza con otras fuerzas políticas, por lo cual subió a un tercer lugar y está a punto de convertirse en héroe o villano.
La reforma eléctrica, iniciativa presidencial que definirá el futuro político de la 4T, está en las manos del PRI. Palacio Nacional coquetea con ellos porque no tiene la mayoría calificada que se requiere para una reforma constitucional. Desde ahora, el presidente anunció que el voto del PRI será a favor de su proyecto y el dirigente campechano parece no desmentirlo. Triste papel jugará el tricolor si apoya esta iniciativa, ya que traicionaría un proyecto legislativo emergido de un mandatario priista que independientemente de las prácticas corruptas en su sexenio, alentó la inversión privada en áreas estratégicas. También está de por medio el mañana de toda una nación y su apuesta por las energías limpias. Para muchos, la CFE no parece ser una empresa muy rentable.
¿Terminará el PRI cavando su propia tumba, será un traidor? Su desprestigio parece alcanzarlo.