Por Guillermo Pimentel Balderas
Productores de maíz y trigo de Sinaloa y Sonora; sorgueros de Tamaulipas y trigueros de Baja California, se rebelan. Error, haber eliminado instrumentos de comercialización en apoyo al campo. Líderes agrarios, académicos rurales y agrónomos lamentan la ignorancia gubernamental en temas de política pública.
Hay exasperación por parte de agricultores y productores mexicanos, principalmente de entidades del norte de la república, porque los gobiernos locales y el federal los tiene abandonados. Aseguran: “la Cuarta Transformación del presidente López Obrador ha fallado en políticas públicas para el campo. Advierten: está en riesgo la seguridad alimentaria de los mexicanos.
Desde principios del mes de abril de este año, a través de las redes sociales, productores de maíz y trigo de Sinaloa dieron a conocer la realización de movilizaciones en demanda de un precio de no menos de 7 mil pesos por tonelada de maíz y 8 mil pesos por tonelada de trigo. Claman un diálogo con las autoridades, así como precios justos y certeza para sus cosechas. Sin embargo, lamentaron que los gobiernos los tiene abandonados con un panorama desolador.
En entrevista con este reportero, el agricultor y contador público de profesión, Ángel Lara Martínez, Secretario de la Organización de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Tamaulipas, consideró que estas movilizaciones de agricultores y productores “es el resultado final de haber eliminado los instrumentos de comercialización con los que contaba el Gobierno”.
En años anteriores –agregó-, el mercado internacional fue favorable para los precios de los granos, ahora, no es así y, la falta de pericia de la autoridad encargada del ramo (Sader), los hace ver ignorantes del tema”.
Ante la pregunta: ¿Podríamos decir que hay una “rebelión en el norte”?, Lara Martínez dijo: “No es una rebelión, es el carácter mismo de los norteños que no somos ni dejados, ni rajados”. Entonces, cuestionamos: ¿Hasta dónde crees que llegue esto? A lo que respondió: “Ojalá y llegue a crear una oposición real contra del actual tipo de gobierno”.
En tanto, el doctor en Economía Agrícola y presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la República Mexicana, Cruz Alberto Uc Hernández, nos explico que los precios de garantía son un instrumento de política agrícola que tiene como objetivo el que se garantice un precio mínimo al que el productor debería estar vendiendo en razón de sus costos de producción, su utilidad esperada y, por supuesto, como un premio a todos los riesgos que implica la producción agrícola, la producción de alimentos.
Indico que cuando este programa no garantiza el bienestar, entonces esa es una señal inequívoca de que el instrumento está mal calibrado. Peor aún, agregó, cuando este programa, es una compra de una cuota de producción de mercado.
Señaló que al estar el gobierno comprando una parte de la producción, como sucede en Sinaloa, los productores tienen 6 millones de toneladas de granos y el gobierno solo pretende comprar un millón, con esto no se garantiza un precio mínimo del precio de garantía, se convierte en un precio máximo que los industriales aprovechan para pagar menos porque saben que el gobierno no tiene la capacidad para adquirir la totalidad de la producción.
Dijo que para que el productor reciba como mínimo el precio de garantía justo, se requiere que el gobierno garantice la compra de la totalidad de la producción; pero, “nos preguntamos: ¿y el gobierno de donde va a tomar el dinero para comprar toda la producción…? Evidentemente, no se trata de que compre toda la producción; sin embargo, si garantiza que todos los productores, independientemente del tamaño de sus parcelas, pueden acceder a venderle a Segalmex al precio de garantía pactado, entonces nadie va estar dispuesto a venderle a un industrial a un, precio menor por la certidumbre de que el gobierno puede comprar cualquier cantidad”.
Sería muy importante explicarles pacientemente a los que están tomando las direcciones de políticas agrícolas de que, revisen y se darán cuenta de que, lo que hoy llaman programa de precio de garantía, más bien es un programa de unas compras de cuota de mercado y que, en lugar de dar la certidumbre se convierte en la practica en un precio máximo.
“Los movimientos en la zona norte del país es una lucha legítima, necesaria y que tiene que ser atendida por el estado con instrumentos de política pública, de política agrícola, que conviertan a este precio de garantía en un precio mínimo y no en máximo.
“Soy solidario con la lucha de los productores de maíz, trigo, sorgo y cebada del país. Necesitamos una respuesta de política agrícola anticíclica. Solo con la organización, el dialogo y concertación se puede salvar a la nación”, concluyó.
Por su parte, Héctor Carlos Salazar Arriaga, académico de la Universidad Autónoma Agrícola “Antonio Narro” (UAAAN), con una amplia trayectoria en el sector agrícola, nos confió que las inconformidades de los agricultores y productores de varios estados del norte de la república es un problema estructural de precios, que en granos (commodities) se va a seguir presentando pues los precios de los insumos no han bajado al nivel de la inflación y, eso, deja altos costos de producción ante un mercado en que la volatilidad de los precios no deja márgenes de ganancia racionales, pues están por debajo del costo del dinero, por eso los créditos son innegables.
“Los mecanismos que ya se habían institucionalizado con ASERCA desaparecieron. No hay programas ni políticas públicas que puedan contener, son subsidio directo a la rentabilidad, pero éste Gobierno (de la 4T) no lo va hacer. Los industriales, van a patear el bote hasta que la cosecha esté creando problemas en las bodegas y no se puedan vender a los precios que quieren los productores”, consideró.
La demanda: ¡Ni un paso atrás! ¡Precios justos! Por lo tanto, la moneda está en el aire.
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