Entre los fracasos del anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay que contabilizar el programa “Internet para todos”, pues… ¡falló! Para especialistas y técnicos del tema, no se cumplió con la promesa de que “la conectividad es un derecho y no un privilegio” y, en lugar de cerrar la brecha digital, sigue abierta y sangrante, principalmente en los estados mas pobres.
Por Redacción
Esta podredumbre, ha impactado en forma significativa en la educación del país, la cual enfrenta desafíos profundos y uno de ellos es, precisamente, la reciente licitación para la transmisión de canales educativos gestionada por la unidad @prende dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que, ha dejado al descubierto una serie de anomalías que benefician de manera evidente al incúmbete, Grupo W.
Esta firma (Grupo W (Com, S.A. de C.V.), mejor conocida como StarGo, con domicilio en calle Galileo No. 50, colonia Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11550, en la Ciudad de México, y portal de Internet http://stargomexico.com/, se especifica, es responsable del uso y protección de datos personales, además, posee las llaves de encriptación necesarias para operar el sistema.
En un contexto donde miles de niñas, niños y adolescentes carecen de acceso efectivo a la educación, maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestan, y los servicios prometidos no se cumplen pero sí se cobran, con el surgimiento de una serie de irregularidades que evidencian un sistema viciado por intereses privados que derraman corrupción.
Desde el inicio, los estudios de mercado omitieron señalar la necesidad de visitar los sitios para poner en funcionamiento la red, estableciendo un candado presupuestal que favorece exclusivamente a quienes ya tienen el equipo desplegado en más de 20,000 escuelas.
Una investigación de campo realizada en 30 escuelas ubicadas en distintos estados del país, revela que tan solo una escuela estaba en funcionamiento, lo que pone en evidencia la ineficacia del sistema.
Esto, comprueba que la SEP, de manera cuestionable y engañosa, paga los servicios únicamente con la “demostración” de que las señales son transmitidas, sin garantizar que estas señales sean recibidas en las escuelas, que las televisiones se enciendan o, mucho menos, que los estudiantes aprovechen este servicio educativo.
No hay duda de que en nuestro país hay licitaciones fraudulentas para la transmisión de canales educativos, en un contexto donde miles de niñas, niños y adolescentes carecen de acceso efectivo a la educación con esta herramienta digital.
Según el acta de fallo, disponible en el Portal de Compras Gubernamentales Oficial del Gobierno Federal, el contrato tiene una vigencia hasta el 30 de abril de 2027 y contempla un costo mensual de $174.00 pesos más IVA por aula, lo que representa un gasto público que podría superar los 420 millones de pesos en su máximo estimado.
Sin embargo, diversas voces técnicas y especializadas han cuestionado duramente la racionalidad de este gasto pues en base en información pública que se desprende de la propia documentación puesta a disposición de la ciudadanía de la propia Dirección General, entre agosto de 2021 y enero de 2022 se realizó un diagnóstico que identificó que el 99% de los teleplanteles no contaban con recepción de la señal de la Red Edusat, ya sea por equipos dañados o inexistentes.
Este hallazgo justificó la reactivación del servicio mediante tecnología satelital, incluyendo antena parabólica, LNB y dispositivos de almacenamiento Set Top Box. No obstante, el contrato recién adjudicado (a Grupo W o StarGo) no incluye instalación de equipos ni visitas de campo a las aulas. La prestación actual del servicio se limita al envío de la señal desde las oficinas de Edusat, validado centralmente, sin mecanismos para verificar su recepción ni aprovechamiento en las aulas.
Esto, implica que el costo actual de 174 pesos por aula corresponde únicamente a la emisión de la señal, sin incluir soporte, instalación ni monitoreo en sitio. Al analizar las condiciones del servicio, se advierte que este esquema representa un sobreprecio, pues el proveedor actual es el mismo que instaló los equipos anteriormente, lo que debería implicar una reducción sustancial en el costo.
Durante la Junta de Aclaraciones celebrada el 16 de mayo, EDUSAT reconoció abiertamente no tener visibilidad sobre cuántas aulas están en operación ni, si los equipos están siendo utilizados, lo que implica que el pago del servicio no está vinculado al uso efectivo en planteles específicos.
A ello, se suma que el anexo técnico establece que cualquier nuevo proveedor debería visitar los más de 21,000 planteles en un plazo de 30 días para reprogramar los equipos. Este requisito logístico resulta virtualmente imposible para un nuevo oferente, otorgando una ventaja operativa al proveedor adjudicado.
Por lo tanto, la tecnología utilizada resulta obsoleta pues no se puede programar remotamente ni existe un sistema para verificar que los contenidos transmitidos estén llegando a las aulas.
En una época de transformación digital, resulta inadmisible que un contrato de esta magnitud no contemple herramientas interactivas ni de monitoreo pedagógico; además, ejercicios de verificación en campo han revelado que en múltiples escuelas no se detecta operación efectiva del sistema Edusat. Esto, revela y confirma que se está pagando por un servicio sin evidencia de uso real en los planteles.
Para cualquier especialista en tecnologías aplicadas a la educación, resulta evidente que con una inversión equivalente podrían ofrecerse soluciones modernas, capaces de evaluar en tiempo real el uso de los contenidos, su alcance y la interacción con los estudiantes. Actualmente, se transmiten 14 canales de televisión educativa sin que existan indicadores de visualización, aprovechamiento o interacción. No hay una metodología para evaluar el impacto ni la calidad de los contenidos difundidos.
Por lo tanto, cualquier especialista en contrataciones públicas advertiría que el Estado no está ejerciendo de forma eficiente ni eficaz el gasto público, como lo mandata el artículo 134 constitucional. De hecho, se afirma que se está financiando un servicio sin resultados comprobables ni impacto medible.
No hay duda de que, en lugar de asegurar el acceso a contenidos educativos, se corre el riesgo de estar simulando una cobertura inexistente, agravando las condiciones de rezago educativo en las comunidades más vulnerables.
En base a estos racionamientos, especialistas, técnicos e investigadores, consideran que el Estado debería reflexionar seriamente cancelar un contrato que no aporta valor educativo real, y reencauzar los recursos hacia soluciones que verdaderamente fortalezcan el sistema de educación pública.
Aunado a esto, Altán Redes y CFE Telecom no han priorizado la conectividad social en comunidades rurales, marginadas y desconectadas, pues han desplegado sus servicios y su infraestructura en mercados rentables, compitiendo con operadores privados y desvirtuando su función social, o sea que no se han centrado en su misión principal: “conectar a los desconectados”, según lo informa la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).
En este contexto, especialistas consideran que el Estado debería reflexionar seriamente cancelar, al menos, un contrato (Grupo W o StarGo) que no aporta valor educativo real, y reencauzar los recursos hacia soluciones que verdaderamente fortalezcan el sistema de educación pública.
Aunque el fallo ya fue emitido y el contrato se encuentra en miras de formalización, la situación exige una revisión institucional de fondo, orientada a proteger el interés público y garantizar que los recursos beneficien efectivamente a las niñas, niños y adolescentes de México.
No obstante, es de resaltar que la falta de monitoreo y estándares verificables crea un escenario donde los recursos son desviados y la educación de miles de niñas y niños queda relegada.
Resulta más que preocupante que la ausencia de mecanismos que aseguren el impacto real del programa, eterniza las fallas estructurales, consolidando un modelo que, lejos de ser funcional, alimenta la corrupción y el rezago educativo.
Ante este panorama, a decir de los especialistas del tema, se subraya la urgencia de reformar de raíz los procesos de licitación, incorporando parámetros claros y verificables que prioricen el bienestar de los estudiantes y el uso transparente de los recursos públicos.
No cabe duda que las consecuencias de estas prácticas van más allá de la esfera administrativa que pone a miles de niñas, niños y adolescentes en México a continuar sin acceso a educación de calidad, mientras que los maestros enfrentan condiciones precarias y se ven obligados a protestar para exigir justicia.
Tanto así que, cuesta trabajo creer que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) haya dado su autorización para este proyecto, que claramente privilegia intereses privados sobre el bienestar colectivo en lugar de tomar la iniciativa de atraer el proyecto para detener el proceso actual y fortalecerlo a través de un sistema que permita el monitoreo del estado operativo de los servicios y la calidad de los contenidos.
Por ello, es imperativo que se investiguen estas irregularidades y que se tomen medidas para garantizar un sistema de licitación justo, transparente y orientado hacia el beneficio de la educación pública.
México necesita un compromiso real con la educación, libre de prácticas corruptas que perpetúan la injusticia y el rezago. Las niñas y los niños de nuestro país merecen algo mejor. No es solo cuestión de infraestructura; es una cuestión de ética, justicia y futuro.
Es una obligación de la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como de los órganos internos de control y fiscalización, valorar los riesgos de este esquema y proponer medidas correctivas que privilegien el interés superior de la niñez, la eficacia del gasto y la dignidad del sistema educativo nacional, opinan estudiosos en herramientas tecnológicas.
No se puede seguir permitiendo que la corrupción en el sistema de licitación persista pues no solo afecta los recursos públicos, sino que perpetúa la desigualdad y obstaculiza el desarrollo educativo de generaciones enteras.
