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Pulpo Político

Como en PRI y PRD, AMLO dejaría Morena

4T-ribus, el dolor de cabeza del Presidente por la serie de escándalos y disputas al interior del partido del sol azteca por la dirigencia provocarían su renuncia

 

POR MARCO ANTONIO FLORES**

 

Ahora que se habla de que el Presidente Andres Manuel López Obrador podría renunciar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido que lo llevó a la Presidencia de la República, debido a la “falta de democracia interna” y a la corrupción que ha aflorado, habrá que tomarlo muy en serio.

No es descabellada la idea… y más porque no sería la primera vez que renuncie a un partido.

Si algo hay que reconocerle es su congruencia en decisiones clave que ha tomado en su vida política y a su “vocación democrática” que siempre ha antepuesto a lo largo de su trayectoria pública.

 

TUVO SU ORIGEN EN EL PRI

Su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) se da en dos momentos.

En 1983, siendo presidente del Comité Estatal del PRI con Enrique González Pedrero como gobernador, se enfrentó con muchos presidentes municipales que no aceptaban sus propuestas de “democratizar” al partidazo desde los comités seccionales, ya que AMLO proponía que fueran electos por el “pueblo” y no que los impusieran los propios presidentes municipales… desde ahí ya tenía el concepto de que el pueblo manda, quita y pone.

El gobernador intentó sacarlo del conflicto que se había creado y le propuso ser oficial mayor de su gobierno, cargo que no aceptó.

El rebelde e inquieto joven político tabasqueño se mudó a la Ciudad de México para aceptar trabajar en el Instituto Nacional del Consumidor trabajando en un gobierno federal priísta -Miguel de la Madrid-.

Al respecto el ex gobernador Graco Ramírez declaró que él invitó a López Obrador a sumarse al Frente Democrático Nacional.

Afirmó: “Yo invité a López Obrador a romper con el PRI después de la elección presidencial de 1988. Un mes después de la elección nos vimos en un restaurante que se llamaba Bentley, que estaba en la calle Barranca del Muerto. Después tuvo una reunión con Cuauhtémoc Cárdenas. Ellos no se conocían. Ese fue su primer encuentro. Un mes después fue postulado por el Frente Cardenista y empezó su militancia en lo que después sería el PRD”.

En eso coincide Cuauhtémoc Cárdenas, quien en su libro “Sobre mis pasos” escribe lo siguiente: “Hacia finales de julio, no tengo clara la fecha, me reuní con Graco Ramírez, que me había anunciado iría acompañado de Andrés Manuel López Obrador, joven dirigente del PRI en su estado”.

Más adelante añade: “La impresión que tuve de aquellos dos primeros y breves encuentros fue la de un joven despierto, conocedor de su estado, que a pesar de que aún militaba en el partido oficial, reflejaba una visión progresista y coincidente con nuestra lucha”.

Por otro lado, el libro del periodista Jaime Avilés “AMLO: Vida privada de un hombre público” señala: “El 6 de julio él (López Obrador) y Rocío (su primera esposa) votan por el Frente Democrático Nacional (FDN)… Una semana después, Cuauhtémoc Cárdenas habla con Andrés Manuel y lo invita a ser candidato del FDN al gobierno de Tabasco”.

Avilés relata que López Obrador “se fue de espaldas” con la propuesta, pues implicaba “otra ruptura, una nueva decisión”.

En septiembre de 2012, dos meses después de haber perdido la elección presidencial por el PRD, AMLO explicó que se separó del partido del sol azteca porque la dirigencia de ese partido “se fue del lado del priísta Enrique Peña Nieto y aprobaron que el gobierno federal siga aplicando la política antipopular en México”.

Indicó que los líderes perredistas se pusieron de acuerdo con Peña Nieto.

“Se ladearon por completo por el famoso Pacto por México que no es más que Pacto contra México, y por eso ya no tengo nada por el PRD”, aclaró.

 

DE LA DIRIGENCIA DE MORENA DEPENDE SU RENUNCIA

La renuncia del Presidente López Obrador a Morena dependería si los métodos para elegir la nueva dirigencia nacional se hacen de manera “democrática” y logra imponer por esos procedimientos “democráticos” a Mario Delgado o a Bertha Luján.

Y su separación se daría en el momento que pierda el control y las disputas por el poder interno de dirigencias nacional, estatales y candidaturas a puestos de elección popular sea manipulada por las nuevas “tribus” que se han formado en el seno de Morena a todos los niveles de gobierno.

Algunos afirman que López Obrador ya no podrá controlar a Morena, ya que los compromisos que hizo con algunos “innombrables” y a los que exoneró con tal de que lo ayudaran a ganar las elecciones hoy están empoderados y a sus anchas en sus territorios, sin dar cuentas a nadie. Se le salieron del huacal… y aguas cuando el Ejecutivo federal pierde el control.

En 2019, López Obrador “sugirió” que la dirigencia nacional de su partido se definiera por encuesta, pero no fue escuchado y se buscaron otras vías, lo cual ha llevado a los dirigentes a litigar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el relevo.

Al Presidente le molesta que una situación que se puede resolver con la cabeza se decida en la ‘mesa’… dicho de otra manera: mejor la negociación que la imposición del tribunal.

Los magistrados ordenaron que el cambio de dirigencia se hiciera a través de una encuesta abierta, pero Alfonso Ramírez Cuéllar y lo que algunos llaman la nomenclatura del partido quieren una encuesta cerrada a la militancia del partido, cuyo padrón es irregular.

Estas propuestas más el escándalo de la corrupción de Yeidckol Polevnsky, tienen a Morena en un verdadero predicamento y el Presidente lo sabe muy bien.

El Primer Mandatario sabe que Morena sin él se desbarranca y que en todo caso, con su solo nombre por delante, podría retomar otra marca partidista.

Podría ser desde un nuevo partido o una coalición -el PT, el PVEM y Redes Sociales-, por ejemplo. De esa manera mantener la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021 y preparar el camino para su sucesión.

 

LA DECISIÓN POR LA PRESIÓN DE LA SUCESIÓN

La decisión está en la cancha de López Obrador, pues se puede alejar de Morena antes o después de 2021. Podría resultar un estorbo para las elecciones de 2021, para el proceso de revocación de mandato en 2022 y en todo caso para la sucesión presidencial de 2024.

Será interesante observar si el Presidente Andrés Manuel acierta y toma una decisión “afortunada” y con visión política a largo plazo, como lo hizo en otros tiempos cuando renunció al PRI y al PRD.

Hay que recordar que al PRI lo dejó por la corrupción e impunidad que imperaba y al PRD por los conflictos internos… y a Morena bien lo podría también abandonar por el conjunto de los dos partidos mencionados: corrupción, impunidad y conflictos internos.

A diferencia de sus renuncias anteriores, hoy tendría mayor peso político y sería realmente histórico por su investidura presidencial.

López Obrador es enemigo de que manchen su plumaje y cuando algo ya lo afecta, se desmarca por el bien de su imagen y prestigio, pues su bandera política siempre ha sido combatir la corrupción, un cáncer que ya permea en Morena… por algo muchos dicen que no existe Morena, pues todos tienen un partido en el pasado, empezando por el mismo Presidente de la República.

Bajo advertencia no hay engaño: de los mismos morenistas en su lucha ‘intestina’ por la dirigencia depende la renuncia de AMLO.

 

** Maestro y académico

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La sociedad, lastimada por la ausencia de un Sistema de Justicia Penal

El senador morenista Ricardo Monreal puntualiza que el sistema de justicia es condición del Estado de Derecho

 

POR MARCO ANTONIO FLORES *

Estado de Derecho, Justicia Penal e Impunidad son, sin duda, los temas en los que le urge avanzar a México. Esto conlleva rediseñar el andamiaje juridico con que cuenta el país.


Por ello debe destacarse el papel que jugarán los abogados políticos y académicos que participan en este gobierno y que tienen poder de transformar, por las responsabilidades que desempeñan, dentro de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y que pertenecen al proyecto político denominado Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Los más notables por su formación jurídica, política y académica son Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Ricardo Monreal Ávila, líder del Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta.
Por ello adquiere especial relevancia que el senador morenista se haya abocado a elaborar el libro “Justicia Penal Adversarial”, ya que -afirma- “el sistema de justicia penal diseñado en 2008 resultó insuficiente y no pudo terminar con la violencia ni con la impunidad”.

 

REVISAR LA UTILIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
De manera paralela al presentar en redes esa obra, ha manifestado la necesidad de revisar la utilidad social de las instituciones públicas.


Destaca el doctor en Derecho y ex gobernador de Zacatecas que si se pretende una auténtica y profunda transformación se debe hacer “un análisis sustantivo y profundo del sistema de justicia como condición del Estado de Derecho”, para lo cual será indispensable una renovación auténtica -aparte del Sistema de Justicia Penal- de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación de la mano con la consolidación de la recién creada Guardia Nacional.
Tiene razón el senador Monreal en que la sociedad se encuentra muy lastimada por la ausencia de un Sistema de Justicia Penal. Sin embargo, es oportuno señalar que el Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA), elaborado en 2008 y que debería entrar en plena vigencia y operatividad en 2016, no ha logrado implementarse por falta de planeación, falta de recursos y, sobre todo, falta de voluntad política en todos los niveles de nuestra estructura política.

 

INADMISIBLE DESTRUIR LO EDIFICADO
El NSPA tiene avances que no se deben eliminar a priori. No nos podemos dar el lujo de “destruir” lo edificado. Es indispensable saber que requiere el NSPA para funcionar, corrregirlo y hacer las reformas pertinentes.


El NSPA, en su momento, incorporó una corriente mundial, que se practica desde hace años en los países democráticos, el “garantismo constitucional” -Luigi Ferrajoli-, que significa fortalecer la presunción de inocencia y el estricto respeto al debido proceso. Incorporó garantías fundamentales, como la “Garantía procesal”, que significa asegurarse mediante las pruebas necesarias que un sujeto ha cometido un delito.
Se busca la “plena seguridad” mediante la “Garantía de tipificación absoluta”.
Uno de los vicios del viejo sistema penal era la tortura y la fabricación de culpables que hacía el Ministerio Público apoyado en una inexistente policía de investigación.
Y esto queda demostrado con el reciente video difundido sobre Tomás Zerón, en un interrogatorio realizado al ‘Cepillo’, involucrado en el caso Ayotzinapa.

Es precisamente esto lo que nunca ha dejado de ocurrir.

 

LA IMPUNIDAD SIGUE “IN CRESCENDO”
Se gastó en nuevas salas para los juicios orales, pero no se invirtió en la renovación del Ministerio Público y en la profesionalización de una auténtica “policía de investigación”, por lo que los vicios intitucionalizados no se movieron, por eso la impunidad sigue “in crescendo”, la “puerta giratoria” se explica por esta gran distancia entre las normas y las realidades institucionales.

Independientemente de todas las reformas que se propongan, hay dos que son muy importantes, pues son la “clave” para un cambio profundo:
Primero, la renovación del Ministerio Público, apoyado de la policía investigadora, ya que por su naturaleza y función es el que da solidez a un procedimiento penal justo y garantista; y segundo, la creación de un nuevo y único Código Penal Nacional, que debe homologar todos los delitos, su tipicidad y agravantes.
Este nuevo Código debe establecer con toda precisión la competencia local y la federal para dejar atrás el recurrido recurso de que los delitos locales los atraiga la Federación.
Con ello se podría rediseñar y organizar tanto el Ministerio Público en todo el país como una sola Policía Federal Ministerial, incorporando y capacitando a las multiples y dispersas policías locales que se tienen en todo el país y que suman más de 400 mil elementos.

 

LA OPORTUNIDAD ÚNICA DE MONREAL
El lider del Senado tendría la oportunidad “única” de analizar con objetividad las iniciativas “definitivas” que presente la FGR y el gobierno federal. Por ejemplo, se ha mencionado que se buscaría ampliar el arraigo a todos los delitos. Al respecto habrá que definir con los expertos cuáles delitos sí y cuáles no.


Se pretende la eliminación de la figura de los jueces de control, que actualmente se encargan exclusivamente de valorar la legalidad de una detención en las audiencias iniciales, así como de estudiar la legalidad o no de las pruebas en una audiencia intermedia, todo ello previo al juicio.
También se plantea la eliminación de la figura de vinculación a proceso que actualmente dictan los jueces de control. Esto habría que valorarlo porque podría ser conveniente para agilizar y determinar un solo “responsable” del proceso desde la detención hasta el juicio oral y la sentencia.
Esta necesaria responsabilidad podría quedar a cargo del Ministerio Público, dotándolo de más facultades y menos trámites burocráticos con protocolos transparentes, no discrecionales, con plena autoridad para decidir en todas las etapas del juicio.
Se trata de una reforma ambiciosa y de fondo. Se plantean cambios a la Constitución Política, a la Ley de Amparo, a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La derogación del actual Código Nacional de Procedimientos Penales y la formulación de uno nuevo, la formulación del primer Código Penal Nacional del país, y la expedición de la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica y de una nueva Ley Orgánica de la FGR.

 

FORTALECER AL MINISTERIO PÚBLICO
Se debe fortalecer y reorganizar todo al Ministerio Público para que sea el eje responsable de todas las etapas del procedimiento penal.
Relevar gradualmente toda la estructura de Ministerios Públicos mediante nuevos métodos de nombramientos a partir de méritos académicos, capacidad, vocación y honestidad para el desempeño de estas dos especialidades en materia penal.


Capacitación integral para una “Coordinación” efectiva entre agentes del Ministerio Público y policías profesionales, desde la detención, la agilización y homologación de protocolos de investigación y de recepción “inmediata” del imputado, medidas cautelares, plazo de cierre de investigación, vinculación a proceso y todas las etapas del procedimiento, incluido el juicio oral y la sentencia.
La FGR debería crear un Centro o Instituto Nacional de Capacitación, tanto para agentes del Ministerio Público como para policías de investigación o policía procesal, en el que los programas se impartieran en forma simultánea y homologada para el fuero federal y común, en concordancia con un nuevo Código Penal Nacional. Podría crearse un centro de capacitación en cada entidad -sustituir a los equivalentes que tienen-, pero con una línea normativa que homologue programas y protocolos.
Considerar un intenso programa de renovación de cuadros de ambas instituciones a partir del reclutamiento de las mejores universidades públicas y privadas con becas y ofrecimiento de carreras bien remuneradas para pasantes, principalmente de las carreras de derecho y de investigación criminal, para profesionalizar e instaurar un “Servicio civil de carrera” sólido en el Sistema Penal a largo plazo.
Enhorabuena que quien encabeza el Senado de la República sea un experimentado político, con amplia preparación técnica jurídica en el ambito académico y legislativo, tenga las herramientas y la voluntad política para impulsar las bases de un auténtica transformación.
Desde 1988, México no tiene un Presidente de la República abogado que, por formación, conozca la organización jurídica del Estado Mexicano y por convicción tenga la voluntad de transformar el andamiaje jurídico que nos permita avanzar de manera definitiva hacia el anhelado Estado de Derecho.

 

[email protected]

* Maestro C. P. y abogado

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Dar de forma directa la adjudicación… también es corrupción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lo sabe y fue su promesa de campaña: El Sistema Nacional Anticorrupción es la única vía para acabar con el “peor cáncer de México”

 

POR MARCO ANTONIO FLORES***

 

En medio de la crisis de salud provocada por el Covid-19 y de la grave crisis económica, ya en gestación desde el inicio del actual gobierno, pero que se acrecentará en forma exponencial durante los próximos meses, hay temas que vale la pena recordar, como lo es el combate a la “corrupción”.
No está claro, porque el gobierno de la 4T no ha cumplido de manera puntual con los procedimientos que ordena la Constitución en su artículo 134 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Desde el inicio de su gestión, este gobierno ha realizado más del 70 por ciento de sus adquisiciones por medio de adjudicaciones directas, esto sin contar la emergencia de salud.

 

BARTLETT, EMBLEMÁTICO


El caso “Bartlett” se volvió emblemático de este gobierno y de la forma en que “se barren las escaleras de la corrupción -de arriba hacia abajo”. Este caso exhibió de manera burda el actuar dócil de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien, al exonerarlo como lo hizo, dejó chico el desempeño de su antecesor en el sexenio pasado, Virgilio Andrade, cuando dio carpetazo al caso “Casa Blanca”.
Del mismo modo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, acudió al célebre desayuno de la barbacoa en Querétaro con el Presidente, para dejar en claro que Bartlett (el otro comensal) es intocable.

 

ROCÍO NAHLE Y OCTAVIO ROMERO, OTROS CASOS DIVULGADOS
Otros casos divulgados en algunos medios y las redes sociales son el de la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, y del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza.


Se han publicado referencias de la forma en que ha otorgado contratos a parientes y amigos. No han merecido aclaración, ni algún conato de investigación… como quien dice el sabio refrán: Lo que para los amigos es gracia, para los enemigos es desgracia.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido con insistencia que en su gobierno ya no existe la corrupción, ya que acabar con ella y la impunidad es el propósito central de su gobierno. Esta fue la bandera de su campaña para llegar a la Presidencia.
Supo leer, con acierto, que la corrupción se había convertido, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el más importante asunto que molestaba a la sociedad mexicana.
El escándalo de la Casa Blanca y la corrupción oprobiosa de ex gobernadores: de Tabasco, Michoacán, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas, fueron la plataforma para capitalizar el enojo popular en votos a favor de un candidato que prometía acabar con el principal cáncer de México.

 

OJALÁ LOS DICHOS DE AMLO FUERAN CIERTOS
Nadie espera que el Presidente resuelva la principal promesa de su campaña en veinte meses. Sin embargo, todo México quiere ver señales de compromiso y un plan serio, así como casos soportados en la ley. Sería un gran logro y abonaría a su alto capital político que los dichos de AMLO fueran ciertos, pero es evidente que no es así.
Dijo López Obrador en su Informe: “Todos los recursos que entrega el gobierno (…) llegan directamente a los beneficiarios, así se evita la intermediación, el clientelismo, el famoso moche y la corrupción”.
También ha reiterado una y otra vez que en los meses de su gobierno se han ahorrado ya 500 mil millones de pesos debido a que ya no se permite la corrupción, se gobierna sin lujos y se ha aplicado la Austeridad Republicana.
No sólo preocupa, es alarmante que a estas alturas el Presidente afirme que en México ya hay un pleno Estado de Derecho y se ha terminado con la corrupción y la impunidad. No hay nada nuevo bajo el sol.

 

CADA SEXENIO TIENE SUS ‘CHIVOS EXPIATORIOS’
Cada sexenio ha creado sus propias herramientas y ha inventado sus “chivos expiatorios”.


López Portillo tuvo como lema “La solución somos todos” que el pueblo bueno convirtió en “La corrupción somos todos”.
JLP tuvo su “chivo expiatorio”, metió a la cárcel al ingeniero Eugenio Méndez Docurro, quien había sido el artífice del Sistema Nacional de Telecomunicaciones.


Miguel de la Madrid inventó la “Renovación Moral” de la sociedad, creó la Secogef, Secretaría de la Contraloría y llevó a la cárcel a Jorge Díaz Serrano, quien logró poner a México entre los cinco primeros productores de petróleo del mundo y construyó la Torre de Pemex.


Carlos Salinas de Gortari dio dos golpes magistrales a la corrupción sindical: Metió a la carcel a Joaquín Hernández “La Quina”, dirigente de los petroleros, y a Carlos Jongitud, del SNTE, quien sólo fue denunciado y tuvo que dejar a su tesorera (Elba Esther Gordillo) de dirigente nacional.
Ernesto Zedillo se le fue a la yugular a su antecesor y metió a la cárcel a Raúl Salinas, el escándalo duró seis años y todo México tuvo que asimilar que su ex presidente y su hermano eran corruptos y “asesino” el segundo. Con ese escándalo se sepultó al PRI-Sistema.
Vicente Fox y Felipe Calderón metieron a prisión a algunos militares y a ex funcionarios menores.


Enrique Peña metió a la cárcel a Elba Esther Gordillo. Al final de su sexenio llevó a prisión a cinco ex gobernadores, pero ya su credibilidad estaba por los suelos y no logró capitalizar políticamente esas buenas acciones.


A Rosario Robles se le ha considerado “chivo expiatorio” del actual gobierno. No porque sea o no culpable de los delitos que se le atribuyen, sino porque en su proceso no se respetaron las mínimas formas legales. Se puso en medio a un juez, a quien se le acusó de nepotismo, por sus vínculos familiares con Dolores Padierna, enemiga acérrima de Rosario Robles y operadora política cercana al Presidente de la República.
Habrá que observar cómo evoluciona el caso Lozoya, que ya lleva tiempo congelado. Hay quienes quieren ver al Presidente como verdugo de Peña Nieto, pero todo indica que se quedarán esperando.

 

EL PRESIDENTE NO PUEDE ENJUICIAR A SUS ANTECESORES
Todavía no tenemos un andamiaje legal que actúe en forma eficaz, institucional e independientemente y que no esté sujeto a decisiones políticas personales. Es claro que el Presidente de la República no puede enjuiciar a Salinas, Zedillo, Calderón o Fox porque en sus declaraciones no se configura un delito claro sino solamente acusaciones políticas… y, si los hubiese, ya habrían prescrito los presuntos delitos.
Para que este engaño no siga creciendo, se debe exigir al Presidente que en vez de hablar mejor proceda legalmente si conoce de actos de corrupción, pero no mantener la expectativa que dará lugar solamente a un juicio mediático que por su naturaleza fracasaría en el plano jurídico.
El mayor riesgo es la expectativa de los “peces gordos”. El “pueblo” querrá sangre en el río y pruebas de que existe un Sistema Anticorrupción y funciona. Para muchos la única muestra irrefutable es que caigan altos funcionarios, ex gobernadores e incluso ex presidentes o sus familiares.
La presión mediática será mayúscula y muy pronto -de no haber varios “peces gordos” tras las rejas- se empezará a hablar de que fue una simulación. La meta debe ser contar con un sistema integral que prevenga la corrupción y, cuando ocurra, se fundamente legalmente y se castigue ejemplarmente.

 

SNA, PENDIENTE SU IMPLEMENTACIÓN
La reforma de 2015 dio paso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que representa un buen intento para contar con un andamiaje jurídico fuerte, sin embargo, se ha quedado pendiente su implementación y consolidación.
La prioridad debiera ser fortalecer y consolidar el SNA al tiempo que se vayan haciendo los ajustes que se requieran. En el Artículo 113 Constitucional se estableció que el SNA es una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales, encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y delitos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos.


Se modificaron y crearon siete leyes federales aplicables al SNA. El Comité Coordinador del SNA, de conformidad con el Artículo 113 de la Constitución, se integra con los titulares de: La Auditoría Superior de la Federación; Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; Secretaría de la Función Pública; Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Representantes de: Consejo de la Judicatura Federal y del Comité de Participación Ciudadana (presidente).
Además establece que el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización se integra por: Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, entidades de fiscalización superior locales y secretarías locales encargadas del control interno. Los sistemas locales concurrirán a través de sus representantes.
Es un esquema ambicioso y complejo. Es la propuesta más completa que tenemos los mexicanos desde hace décadas y si bien es perfectible, debe echarse a andar en serio para probar su eficacia.

 

APORTACIONES DEL SNA
Algunos aspectos novedosos que aportará el SNA son el fortalecimiento de las facultades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -atracción para investigar finanzas estatales y municipales, eliminación del principio de anualidad para revisar años previos-; aumento a siete años de la prescripción de actos y omisiones de responsabilidad administrativa (eran tres); que sea un tribunal especializado (el de Justicia Administrativa) que sancione tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves.
Se trata de un paso en la ruta correcta que requiere ahora de una política nacional que detone los incentivos para que el sistema funcione y se incrementen los recursos humanos y administrativos que estimulen la eficacia de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción.

 

CONSOLIDAR MEDIDAS OPERATIVAS FUNDAMENTALES
Nuevas leyes sin más recursos y mejor tecnología son letra muerta. Se deben consolidar medidas operativas fundamentales.
Algunas a considerarse, por importantes y necesarias, serían al menos las siguientes:
Primero, Asegurar la correcta aplicación del Sistema Anticorrupción en todo el país; Incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el Sistema Nacional Anticorrupción, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”; Focalizar y priorizar la Tecnología a través de la plataforma Nacional Digital, que cuente con una base de datos confiable completa y eficiente que permita avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos, incluido el financiamiento a partidos políticos y sus proveedores; modernizar las contralorías municipales y estatales -responsables de sancionar faltas administrativas- y que comúnmente no tienen los recursos ni los conocimientos ni el interés en hacerlo.
Se requiere una reingeniería de esas dependencias e inyectar más recursos humanos de calidad para que el sistema anticorrupción funcione.
Segundo, Fortalecer la nueva Fiscalía Anticorrupción -actualmente- perteneciente a la FGR. Esta Fiscalía es la responsable de investigar y sancionar los delitos penales relacionados con hechos de corrupción. Se esperaba fuera autónoma e independiente. Lo primero sería quitarla de la linea de mando de la FGR, para alinearla en el Poder Judicial y el Comité Coordinador del SNA, en forma colegiada, debiera nombrar su titular de forma pública, transparente y con la participación preponderante del Poder Judicial en convocatoria abierta a la sociedad, para que en vez de tener un fiscal “a modo” y gris, se tenga un verdadero ombusdman al tiempo de dotarlo de mayor autonomía y facultades, así como de recursos humanos capacitados, apoyo y atención especial, ya que su misión será el eje de todo el Sistema.


Nombrar también de manera transparente y pública a los magistrados de las salas Anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas, que sancionarán el caso de faltas administrativas graves y actos de particulares vinculados/as con faltas administrativas graves.
Tercero, Reestructurar los órganos internos de Control para que dejen de ser elefantes blancos y costosos. Que dejen de depender de la SFP y vuelvan a depender de los titulares y directores de dependencias y entidades de la administración pública, como originalmente lo fueron, antes de que Arsenio Farell, con un criterio autoritario, centralizador y de control político, decidiera que deberían depender de la entonces Secogef y de él como su titular. Que sean más un area de evaluación, prevención y apoyo para mejorar la planeación, organización y dirección de la Administración Pública Federal, como lo dictan los cánones universales del ‘Proceso administrativo’ en cualquier entidad pública o privada. Que dejen de ser parcelas de poder y órganos de intimidación, presión y en ocasiones focos de corrupción. Al mismo tiempo fortalecer las áreas de auditoría y de responsabilidades administrativas, pero a partir de hallazgos soportados, expedientes completos y elementos probatorios que permitan sancionar con más eficacia y justicia. Quizá menos casos, pero más sólidamente armados y plenamente justificados.
Cuarto, Apoyar y fortalecer la reestructuración de los programas sociales. Revisar las reglas de operación y, en general, el funcionamiento y desempeño de los programas públicos -muchos de los cuales contienen amplios márgenes para la discrecionalidad y corrupción-. En este renglón debería tener mucho peso la evaluación y opinión del Coneval, con todos los instrumentos técnicos y de medición que tuvo en los últimos años.
Quinto, Ampliar atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para que los resultados de sus revisiones sean un insumo para actuar. Que a partir de los informes de la cuenta pública se proceda con procedimientos concretos y soportados para que se procese a funcionarios que cometieron infracciones y corruptelas. Que se dejen de publicitar cifras de miles de millones de pesos de recursos públicos aparentemente faltantes, pero que nunca se investigan a fondo y sólo quedan en escandalosas declaraciones que el público en general no comprende y confunde.
Decir que en la cuenta pública de “X” año hay diez mil millones de pesos no aclarados y no proceder en consecuencia es irresponsable y aventurado. Mejor anunciar que de esos diez mil, 3 mil millones,son causa de procesos soportados contra funcionarios públicos corruptos para garantizar que se castigue a los infractores.
Ya se ha visto la intromisión del Ejecutivo en los Organismos Constitucionales Autónomos. En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción no podemos darnos el lujo de hacer borrón y cuenta nueva. La apuesta está hecha y México debe seguir adelante con el andamiaje que tiene, puede mejorarlo, sí, pero no tirarlo a la basura.
No se vale que se creen instituciones y después las saboteen. El SNA sigue vivo y habrá que insistir en que se complete y consolide su integración y funcionamiento.

 

RIESGOS QUE ENFRENTARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UN EFICAZ AMBIENTE ANTICORRUPCIÓN
1.- Desechar el Sistema Nacional Anticorrupción.- Sería un retroceso optar por revertir la reforma anticorrupción y eliminar el SNA en favor de una nueva agencia anticorrupción conlleva un alto riesgo de que ésta sea capturada con fines de control político.
México requiere de un entramado de instituciones bien coordinadas para potenciar la acción institucional y atacar desde sus causas la corrupción, así como prevenir, detectar, investigar y sancionar estas prácticas.
2.- Subordinar las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción a intereses políticos.- Los nombramientos de los funcionarios y magistrados que integrarán el SNA son el eslabón más frágil en su implementación. La designación a modo de estos puestos debilitará la efectividad futura del propio Sistema.
3.- Minimizar, aislar y debilitar la operación del Sistema Nacional Anticorrupción.- La implementación de las funciones y responsabilidades del SNA entraña la asignación de recursos humanos, materiales y financieros para su correcta operación, los cuales tienen como fuente de financiamiento el presupuesto público.
4.- Debilitar la implementación del andamiaje anticorrupción en los estados.- Las resistencias para la implementación del andamiaje anticorrupción siguen siendo fuertes en las entidades federativas. Destacan dos problemas: Retrasos de los Congresos locales para hacer los ajustes legislativos que permitan la instalación de los Sistemas, así como múltiples intentos para capturar políticamente los titulares de algunas de las instituciones integrantes del Sistema, lo que merma su autonomía política en menoscabo de su futuro desempeño.
Paises como Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Colombia y Argentina nos llevan ventaja en esta materia. Algunos han llevado a prisión a ex presidentes, como Perú, Brasil Guatemala y Argentina.


Veamos a manera de ejemplo a Brasil. Michel Temer, quien gobernó Brasil de 2016 a 2018, llegó al poder después de que el Congreso destituyera a Dilma Rousseff por maquillar las cuentas públicas, es el último pez gordo que cae dentro de la red de la operación “Lava Jato”, el escándalo que destapó una red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos de casi todos los partidos para obtener contratos con Petrobras, la petrolera estatal.
La operación “Lava Jato” ya antes llevó al encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien fue sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, por recibir un apartamento frente al mar de una constructora a cambio de favores. Lula y Temer sólo son los casos más visibles de una operación que ha provocado la caída de ministros, congresistas y empresarios como Marcelo Odebrecht, CEO de la constructora Odebrecht, una compañía que tejió una red de sobornos en varios países de América Latina, entre ellos México.
La lucha anticorrupción en Brasil ha sido tan efectiva que ha llegado a los niveles más altos del poder político y económico.
Los pilares de su sistema, que México puede tomar como ejemplo son: una larga historia de construcción legal y organizacional para combatir la corrupción que han permitido que las diferentes partes de este entramado de instituciones haga, cada cual su parte, gracias a que tienen certeza jurídica y, sobre todo, han invertido en fortalecer sus capacidades técnicas y organizacionales, todo bajo un respeto básico del Estado de Derecho. Destacan la independencia del Poder Judicial brasileño, especialmente del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Superior de Justicia.

 

LA POLÍTICA SIEMPRE SERÁ PARTE DE PROCESOS DE ALTO IMPACTO


Los seguidores de Lula y Roussef, del Partido de los Trabajadores, y de Temer, del Movimiento Democrático Brasileño, han criticado los casos afirmando que la justicia se ha empleado con fines políticos. Sin embargo, hay una diferencia con el uso político de la justicia que se ha hecho en México, donde se persigue a los corruptos de manera selectiva, señala un estudio publicado por el CIDE.
Agrega que “La política siempre será parte de estos procesos de alto impacto, y por ello es preferible tener un marco legal y de instancias con una fuerte capacidad técnica, para que toda acusación e investigación anticorrupción esté sustentada fuertemente en razones legales y normas explícitas.
De otra manera, se convierte la lucha anticorrupción en una cacería política sesgada y parcial.
Si no se da prioridad a la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, en algunos años nos lamentaremos y quizá digamos: “Lo que no fue no será”, en materia de combate a la corrupción.
Si el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere atacar en serio lo que él llama “el peor cáncer de México” y su meta -de verdad- es ir por los corruptos, debe, en primer término, evitar opinar sobre los casos, pues cae en la violación de la presunción de inocencia.
Debe cumplir con una de sus principales promesas de campaña y comprometerse, con hechos, a fortalecer nuestro incipiente Sistema Nacional Anticorrupción y permitir que actúen con plena autonomía e independencia, y con absoluto apego a la legalidad, las instituciones que lo conforman.

***Maestro, Abogado y CP.
Correo: [email protected]

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