15 ingenieros. “Chivos expiatorios”, de la tragedia de la línea 12 del Metro.

Gabriel Castillo García.

Las investigaciones y análisis del acero, lo hace la empresa DNV-México y no la Fiscalía de Justicia local, como debe ser por Ley.

La corrupción dentro de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que encabeza Cristina Godoy Ramos, pone en riesgo la anulación de las investigaciones para esclarecer la tragedia del 3 de mayo del año en curso, fecha en que se desplomó un convoy del Metro, en la alcaldía de Tláhuac.

Así lo hizo saber el licenciado Gabriel Alejandro Regino García, defensor de 15 ingenieros que laboraron en la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, en el gobierno de la CDMX, a quienes las autoridades locales acusan como responsables de la tragedia donde perdieron la vida 26 personas que viajaban en el transporte colectivo, Metro,  en dirección a Tláhuac.

En conferencia de prensa, realizada en un salón de lujoso hotel capitalino, el litigante explicó que la falta de imparcialidad del gobierno de la local que dirige Claudia Sheinbaum Pardo, “nos lleva a pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Y, además, ante la evidente manipulación de la investigación de la tragedia para deslindar responsabilidades y las mentiras que se han generado, determinamos también presentar una denuncia en la Fiscalía General de la República, porque no permitiremos la impunidad, ni la arbitrariedad”.

El abogado defensor de los 15 ingenieros que laboraron en la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, advirtió que también denunciaran a la empresa marítima DNV-México. A esta la acusarán en la FGR, por alteración de indicios, ya que además es la que ha estado dirigiendo tanto la investigación del caso como los peritajes. Lo cual es constitutivo de un delito.

Insistió, el litigante en que la intromisión de la empresa privada DNV-México, ha puesto en riesgo la validez de lo investigado y todo este caso podría ser anulado en un juzgado penal, ya que dichas investigaciones van en perjuicio de las víctimas y su derecho a la verdad.

Dentro de la denuncia se aclara que fue la titular de la Secretaria de Protección Civil de la administración de Claudia Sheinbaum quién contrató los servicios de la compañía para la realización de un dictamen externo sobre las causas de la tragedia.

Agregó que el gobierno siempre sostuvo que dicho dictamen sería independiente al que realizaría la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, más sin embargo, no fue así sino la empresa privada está realizando todo el trabajo.

Gabriel Alejandro Regino García ,  aclaró que el 17 de agosto del año en curso presentaron una denuncia ante las autoridades locales por la ilegal contratación de la compañía DNV-México, misma que quedó asentada con el número CI-FIDCSP/B/UI/B-2 CD/2889/08-2021.

Aclaró que dicha indagatoria por el momento “duerme el sueño de los justos” en un archivo de la agencia del Ministerio Público. Dijo omitir los nombres de los acusados por razones obvias pero que la mayoría pertenecieron a la Secretaria de Protección Civil de la administración pasada.

ENTREGA INDICIOS LA MP

El día 6 de agosto del año en curso, la Fiscal encargada de la investigación, licenciada María de la Luz Alcántar Alcántar, entregó a ilegalmente a la empresa DNV-México, los indicios de acero supuestamente recolectados en la zona del incidente para que realizaran los análisis en sus laboratorios de Ohio, Estados Unidos.

Sin embargo, la empresa DNV-México, perdió la custodia del material que le habían entregado y por tal razón denunció los hechos en la misma Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Dentro de la denuncia, aceptaron que tanto la investigación de la tragedia como el análisis de los aceros que hacían, era un trabajo para la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que dirige Cristina Godoy Ramos y no para la Secretaria de Protección Civil local que fue la que los contrato.

Reitero el abogado que de esta forma queda demostrada la manipulación que desde el gobierno del Poder Ejecutivo se está haciendo de la investigación de las causas de la tragedia que debió ser evitada. Inclusive, la propia compañía DNV-México, reveló que el Gobierno de la CDMX, con anterioridad ya había solicitado un video con drones de la misma zona colapsada y esto lo hizo en diciembre del 2019.

Concluyó afirmando que hasta el momento ningún funcionario o servidor público de la Fiscalía de Justicia local, les ha permitido ver el expediente y menos hablar con ellos como apoderados legales y defensores de los ingenieros que acusan y los toman “como chivos expiatorios”.